Empresas del sector renovable de todas las autonomías piden a PP y Vox que convaliden en el Congreso el decreto-antiapagones

El Congreso de los Diputados decide mañana si convalida o no el RDL 7/2025 "por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico", un decreto ómnibus (incluye muchas medidas de diversa índole) sobre el que pesa la sombra de otro real decreto ómnibus: el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre. Este otro RDL fue aprobado también en Consejo de Ministros (en diciembre del 24), pero luego tumbado en el Congreso de los Diputados por PP, Vox y Junts. Aquel "no" general a todo el RDL supuso un varapalo en toda regla a la transición energética, pues implicaba un no a la prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025 de la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas; no a la extensión hasta el 31 de diciembre de 2025 de la deducción por la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible; no a la prórroga a 2025 de la libertad de amortización (en el Impuesto sobre Sociedades) para aquellas inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables (autoconsumo); no a la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025 del mecanismo de apoyo para garantizar la competitividad de la industria electrointensiva; y no al gravamen (del 1,2%) a las grandes compañías energéticas. Con posterioridad, el Gobierno ha ido rescatando algunas de esas medidas a través de otros decretos singulares, pero la incertidumbre durante meses prácticamente paralizó la actividad en algunos de los sectores afectados (como el del vehículo eléctrico).

Ahora, la situación se repite. El Gobierno ha incluido en el RDL 7/2025, "por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico", una amplia panoplia de medidas para reforzar el sistema eléctrico nacional y cabría la posibilidad de que la oposición, si se encastilla en el no, tumbe el real decreto en cuestión, el decreto antiapagones, lo que volvería a ralentizar la transición energética toda. Frente a ello, en esta ocasión, la movilización de todo el sector energético nacional ha sido frenética.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE), la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE), la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc), la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) anunciaron el viernes que han enviado una carta conjunta a todos los grupos parlamentarios solicitando su apoyo a la convalidación de una norma (el Real Decreto-ley 7, o "antiapagones") que consideran que persigue "objetivos técnicos y estratégicos esenciales para la seguridad energética y la competitividad empresarial española”.

Y ahora la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), la Asociación de Empresas de Energías Renovables y otras tecnologías limpias de la Comunitat Valenciana (Avaesen), la Asociación de Energías Renovables de Andalucía (Claner), el Clúster de Energía de Aragón (Cluner), el Clúster de Energía de Extremadura, el Clúster de Energías renovables y soluciones energéticas de Castilla y León (Cysolar) y el Clúster de energías renovables de Navarra (Enercluster) han difundido un comunicado conjunto en el que explicitan su petición del sí "a todos los grupos parlamentarios".

ACER, Avaesen, Claner, Clenar, el Clúster de Energía de Extremadura, Cysolar y Enercluster solicitan el apoyo de los grupos a la convalidación de una norma “que persigue objetivos técnicos y estratégicos esenciales para la seguridad energética y la competitividad empresarial española”, y subrayan además su relevancia para una “transición ecológica justa, democratizando el acceso a la energía renovable con medidas que priorizan el desarrollo distribuido y el autoconsumo”. El RDL 9 -dicen- “acelera la transición ecológica de forma justa, democratizando el acceso a la energía renovable con medidas que priorizan el desarrollo distribuido y el autoconsumo”.

Las asociaciones autonómicas consideran que el decreto que mañana se vota en el Congreso constituye “un paso decisivo para reforzar la seguridad del suministro eléctrico y consolidar la posición de nuestras empresas en un momento clave para la transición energética”. Destacan que las medidas que incorpora “aportan robustez al sistema, certidumbre a los inversores y competitividad al tejido empresarial, al tiempo que favorecen un entorno financiero más favorable para los proyectos”.

Destacan también en su escrito el impulso que supone para facilitar la conexión de actores estratégicos como la industria y el almacenamiento, “elementos imprescindibles para acelerar la electrificación de nuestra economía y avanzar hacia un modelo energético más sostenible, competitivo y alineado con la oportunidad histórica que tiene España para liderar la transformación energética en Europa”.

Por todo ello, los firmantes advierten de las “graves consecuencias” que la no ratificación del RDL 7/2025 tendría, entre las que destacan la “exposición a futuras crisis como el apagón del 28 de abril, pérdida de competitividad internacional, paralización de inversiones que reducen la dependencia energética y la vulnerabilidad ante la incertidumbre geopolítica”.

Por todo ello, solicitan la consideración positiva de todos los grupos parlamentarios hacia la convalidación del Real Decreto-ley 7/2025: “En estos momentos, más que nunca, necesitamos su visión de futuro y colaboración para una España más competitiva, segura, sostenible y moderna”, concluyen.