La medida -asegura el Gobierno- es socialmente progresiva, pues "cuanto menor es la renta de las familias, mayor es el peso de la electricidad en su cesta energética, por lo que la bajada del precio de la luz beneficiará especialmente a los hogares con menores ingresos". La implantación será gradual a través de un calendario lineal de 5 años, "lo que permitirá la adecuación progresiva al mismo de todos los actores implicados, permitiendo un acompañamiento en los próximos años mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia". Pero no es ese el único objetivo que se plantea el Ejecutivo con su anteproyecto de ley (APL). Según el Gobierno, la nueva norma tiene un triple objetivo: (1) evitar subidas en el precio de la electricidad; (2) dar señales claras de electrificación de la economía (si baja el precio de la electricidad, será más fácil por ejemplo que el usuario doméstico deje el gas y opte por la calefacción eléctrica, lo que contribuye al cumplimiento de los compromisos climáticos de España y anima a la instalación de más potencia renovable); y (3) aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permita la movilización de las inversiones necesarias en los próximos años (si crece la demanda, porque electrificamos usos que antes eran satisfechos por otras fuentes de energía -léase el ejemplo del gas-, el capital se verá, presumiblemente, incentivado a invertir en nueva potencia renovable).
Con esta "reforma estructural" -así la han calificado fuentes del Ministerio-, el Gobierno quiere avanzar en la transición energética hacia tecnologías limpias "enviando señales de precios adecuadas a inversores y consumidores" mediante este nuevo sistema de financiación de los costes regulados "acorde a la evolución del mercado". Es en ese discurso en el que el Consejo de Ministros ha enmarcado el anteproyecto de Ley (APL) hoy presentado, anteproyecto que establece la creación del susodicho Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que asumirá los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore).
El Recore (lo que antes se conocía como primas) dejará de salir del recibo de la luz, ese que abonan directamente los consumidores, tanto hogares como empresas (este coste -las primas- supone aproximadamente el 16% del recibo eléctrico doméstico). Pues bien, según el Gobierno, la creación de este Fondo, que se financiará con las aportaciones de todas las empresas suministradoras de energía, podrá rebajar la factura eléctrica doméstica al menos un 13% gracias a la disminución de los cargos que entraña esta "reforma estructural".
Los sujetos obligados a la financiación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico serán los comercializadores de todos los sectores energéticos –al contrario que en el sistema actual, en el que la aportación recae directamente sobre los consumidores finales-, que contribuirán al fondo en función de sus ventas. Para garantizar la equidad y la redistribución, existirán exenciones y compensaciones para aquellos sectores con menor capacidad de adaptación y respuesta al nuevo sistema.
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha subrayado que este APL es “una propuesta fundamental para conseguir dar las señales adecuadas a consumidores e inversores, señales acordes con la descarbonización y la transición energética necesaria, dando cabida a la estabilidad y confiabilidad a los actores del sistema eléctrico”.
El Gobierno justifica así la oportunidad de la reforma
«El diseño actual del sistema energético se planteó en un contexto de precios de la electricidad altos, un mix de generación con fuerte presencia de tecnologías fósiles y emisoras y una demanda creciente. Sin embargo, los objetivos de descarbonización y la situación actual son precisamente los contrarios. El descenso de la demanda debido al papel central de la eficiencia energética, el escenario de precios cada vez más bajos por la mayor penetración de renovables (la forma más barata de producir energía) y la salida del carbón del mix generan una menor recaudación, poniendo en riesgo el equilibrio económico y financiero del sistema eléctrico. Es decir, las señales del sistema actual son incoherentes con los objetivos de transición energética y con lograr las mejores condiciones para los consumidores.
«Si no se modifica el sistema actual, la Ley en vigor obliga a ajustar al alza de manera automática la parte regulada del recibo de la luz. Con las previsiones actuales, esto supondría un incremento de entre un 10% y un 15% de la parte regulada de la factura. Además, la aparición de desequilibrios económicos en el sistema eléctrico genera incertidumbre y menor confianza de cara a la inversión en nuevos proyectos de energías renovables o eficiencia energética: inversiones que, siendo importantes para la transición energética, lo son especialmente en un contexto de necesaria reactivación económica.
«Por todo ello, es necesario un nuevo mecanismo de financiación de los costes regulados que dé las señales adecuadas y otorgue certidumbre al sistema eléctrico. La creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico equilibra el sistema sin aumentar los cargos fijos ni elevar su endeudamiento, al tiempo que anticipa respuestas para dar seguridad a las inversiones en el ámbito de las energías renovables, donde España es puntera en cadena de valor consolidada y tiene gran potencial de progreso gracias al desarrollo de nuevas tecnologías como el almacenamiento y el hidrógeno verde y a través de otros ámbitos como la movilidad sin emisiones o el sector residencial, con la penetración de las bombas de calor.
«El Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico forma parte de las respuestas asociadas a la transición energética para reactivar la economía en el corto plazo, alineando la recuperación con un modelo energético y económico sostenible que fomente la creación de empleo de calidad y duradero y contribuya a la descarbonización y electrificación de la economía española, cumpliendo con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030»
Para agilizar la adopción de este Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico, el Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación de este anteproyecto de Ley.
El Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico es un instrumento que se nutrirá de
(1) las aportaciones de los operadores de los sectores energéticos definidos como sujetos obligados, que son
• las empresas comercializadoras de gas natural y electricidad;
• los operadores de productos petrolíferos al por mayor;
• los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor;
• y los consumidores directos de los productos anteriores;
(2) de la recaudación de tributos regulados en la Ley 15/2012; y
(3) de los ingresos procedentes de subastas de CO2.
Además, podrá complementarse con recursos provenientes de fondos comunitarios y otras partidas consignadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
La nueva normativa no modifica ni la cantidad total destinada a pagos ni la rentabilidad reconocida
Se trata de una regulación que no modifica ni las cantidades totales destinadas al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore) ni la rentabilidad reconocida a los titulares de las instalaciones. El fondo estará gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) y será un nuevo ingreso del sistema eléctrico que sustituirá gradualmente, en un periodo de cinco años, los cargos fijos del sistema eléctrico del Recore incluidos actualmente en los peajes de acceso de la factura eléctrica.
El texto prevé un calendario de 5 años hasta la implantación total del FNSSE, lo que permitirá que la aplicación del nuevo marco se haga de manera gradual y lineal para facilitar la adaptación de todos los actores implicados.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pondrá a disposición de los agentes instrumentos públicos de apoyo en los próximos tres años para acompañarlos en esta transición.
Asimismo, la implantación gradual permitirá a los consumidores adecuar sus pautas de consumo a la nueva situación. En este sentido, el Plan de Recuperación prevé inversiones en transición energética e integración de renovables en hogares y empresas para facilitar esta transformación en todo el territorio.
De manera especial, se activarán con carácter prioritario, desde inicios de 2021, líneas específicas destinadas a municipios de menos de 5.000 habitantes, facilitando el despliegue de la eficiencia energética, la movilidad sostenible y las energías renovables en estos territorios, impulsando la transición energética como una de las palancas para dar respuesta al reto demográfico.
En cuanto a las aportaciones de los sectores energéticos, éstas se realizarán mediante pagos trimestrales proporcionales a sus ventas de energía. El objetivo total de recaudación y el reparto entre los distintos sujetos obligados se calculará cada año a partir de las estimaciones de ventas comunicadas por los agentes, una vez descontados los ingresos provenientes de otras fuentes de financiación anteriormente citadas como tributos o ingresos de las subastas de CO2.
Equidad
El diseño del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico) contempla -explican desde el Ministerio- mecanismos para garantizar la equidad y la redistribución justa de rentas en su implementación, con exenciones y compensaciones para aquellos sectores con menor capacidad de adaptación y para evitar el doble cómputo en usos intermedios de la energía.
• Exenciones: consumo eléctrico para almacenamiento, gasóleo agrícola, gas natural para cogeneración y generación eléctrica, queroseno para aviación, gasóleo para navegación y pesca (excepto embarcaciones de recreo), así como el porcentaje de mezclas de bios en combustibles y de gases renovables en el gas natural.
• Bonificaciones por los posibles costes indirectos que pudieran derivarse sobre los consumidores por el fondo SSE: gasóleo de usos profesionales y para la industria electrointensiva y consumidora de gas natural pertenecientes a sectores en riesgo de “fuga de carbono”.
Consumidores vulnerables
Según el Ministerio, la creación del fondo tiene un efecto directo sobre el recibo eléctrico, "que podrá reducirse, para los consumidores domésticos, al menos un 13% en cinco años gracias a la bajada de los costes fijos". Transición Ecológica asegura que, "de no crearse este fondo, los costes fijos del recibo de la luz para los consumidores domésticos podrían incrementarse alrededor del 10%, lo que supondría una subida media de la factura de entorno al 6,5% en un sólo año".
El impacto del nuevo sistema propuesto será socialmente progresivo, según el Ministerio: "beneficiará especialmente a los hogares más vulnerables y expuestos a la pobreza energética, que son los que habitualmente tienen un consumo más elevado de electricidad en proporción a su renta y sus consumos energéticos, por lo que la bajada del precio de la luz les beneficiará en mayor proporción.
Transición Ecológica ha anunciado por otro lado que la reducción de los costes fijos en el recibo eléctrico se verá complementada con "otras medidas para combatir la pobreza energética, como el bono energético que ultima el Gobierno en aplicación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, que busca dar cobertura a los distintos consumos energéticos a los que se enfrentan las familias vulnerables".
Debate
La creación del fondo que ahora inicia su tramitación se plantea a través de un anteproyecto de Ley porque es el instrumento que aporta más flexibilidad y margen para la participación de todos los actores implicados. El anteproyecto de ley -asegura el Ministerio- plantea un sistema que elimina distorsiones "y que está abierto a discusión del resto de fuerzas parlamentarias, actores públicos y privados y la sociedad en general".
