La Fundación Renovables (FR) difundió el pasado viernes un comunicado -a modo de balance sobre la Cumbre de Bonn- en el que lamenta que España sea "el único país de Europa occidental que no se ha planteado el abandono del carbón". La Fundación, que es una organización no gubernamental integrada por expertos del sector energético, considera además "inadmisible" que la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, haya asegurado en Bonn que España está en la senda de cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones a 2020. La FR califica esa afirmación de "inadmisible" habida cuenta del modus operandi de su compañero en el Gobierno, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, que continúa empeñado -apuntan desde la FR- en "mantener activas las centrales más contaminantes" (efectivamente, el Ministerio que dirige el economista Nadal acaba de presentar un proyecto de Real Decreto con el que quiere controlar cuándo y cómo se cierran qué instalaciones; eso sí, el Real Decreto propuesto tranquiliza a las compañías propietarias de esas instalaciones asegurándoles que, si una compañía solicita autorización de cierre de una central y el Gobierno deniega esa autorización habrá "compensaciones").
Pues bien, en su comunicado, la Fundación Renovables manifiesta "un total rechazo al borrador de Real Decreto lanzado por el Ministerio", un borrador que, además, podría acabar convertido en una ley (otra) con efectos retroactivos, porque ese borrador ya anuncia que sus disposiciones no solo afectarían a las futuras peticiones de autorización de cierre, sino que también afectarán a las autorizaciones solicitadas desde julio pasado. La nota de prensa publicada por el Ministerio de Energía el pasado 13 de noviembre deja muy claro ese extremo. Dice así:
«Aplicación del Real Decreto
El Real Decreto será de aplicación a todos los cierres que hayan sido solicitados desde la consulta pública en esta materia lanzada por el Ministerio de Energía en julio de este año y sobre los que aún no haya recaído resolución administrativa. En línea con esto, el Ministerio ha solicitado, en aplicación del artículo 20.4 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, al titular de las centrales de Lada y la Velilla la remisión de la información contable de dichas centrales correspondiente a los últimos tres años».
Se da la circunstancia de que Iberdrola anunció, tres días antes de que el Ministerio difundiese esa nota de prensa, un plan de cierre para todas sus centrales de carbón del mundo. La compañía que preside José Ignacio Sánchez Galán aprovechaba ese anuncio -10 de noviembre- para recordar que en España ya ha solicitado la autorización de cierre de dos centrales térmicas españolas: precisamente las de Lada y Velilla, 874 megavatios en total.
La Fundación Renovables critica pues el aire retroactivo que anuncia la nueva norma ideada por el Ministerio y denuncia, contundente, que, "con esta postura, el Gobierno, en vez de planificar un futuro sin emisiones, eficiente y renovable, se reafirma en su fósil postura y decide intervenir contra natura para mantener un parque de generación que ni los propietarios de las centrales quieren".
La Fundación también alude en su comunicado a los mecanismos de subasta que ha ideado el Gobierno para resolver las denegaciones de autorización. Lo que dice el Ministerio es que si el titular de una instalación solicita autorización para cerrar y la Administración se la deniega, el titular estará obligado a "continuar con la actividad por sí mismo o transmitir la instalación a un tercero".
El Real Decreto señala que la transmisión a un tercero podrá hacerse mediante una subasta. El Ministerio asegura que esta subasta permitirá establecer "si la instalación tiene valor económico para un operador distinto y, siendo este el caso, facilitar su transmisión para que continúe operando la central".
Sin embargo (ojo al dato), "si el mecanismo de subasta no permite la transmisión a un tercero, podría aprobarse un esquema de compensación por la continuidad de la actividad" (atención: esquema de "compensación"). Dicho esquema -sostiene el Ministerio- se diseñará "para asegurar que se otorga al menor coste posible, y en todo caso, con un coste inferior al beneficio económico que los consumidores derivarían de la continuidad de la actividad".
Es decir, que el Ministerio está dejando abierta de par en par la puerta a "compensaciones" -probablemente millonarias- para las centrales térmicas de carbón de las compañías del oligopolio, que son las propietarias de las instalaciones de más de cincuenta megavatios (50 MW) a las que se refiere este Real Decreto y/o "reglamento".
Hipótesis de trabajo
La sucesión de los acontecimientos podría ser así: titular de instalación de 500 MW que quema carbón por ejemplo solicita autorización administrativa de cierre; Ministerio deniega cierre porque considera que ese cierre puede poner en peligro el suministro, o porque considera que atenta contra el interés general, o porque considera que puede traducirse en una subida del precio de la electricidad, o porque considera que va contra la planificación del sector, o porque considera que...; titular decide entonces transmitir la instalación a un tercero mediante una subasta; nadie quiere la instalación en cuestión por el motivo que sea (es obsoleta; no es lo suficientemente rentable; es contaminante); Ministerio entonces aprueba un " un esquema de compensación por la continuidad de la actividad". O sea, que el Ministerio de Nadal estaría preparándole al carbón otros CTCs (compensaciones multimillonarias) como los que el Gobierno de Aznar y Rato le preparó a la nuclear y a la gran hidráulica cuando modificó el marco regulatorio en 1997 (lo que se constituyó en una de las primigenias fuentes de déficit de tarifa). ¿Potenciales beneficiarias? Endesa, Gas Natural Fenosa e Iberdrola, las tres grandes propietarias de térmicas de carbón y nucleares.
La Fundación Renovables denuncia en su comunicado que esos mecanismos de subasta -que el Gobierno anuncia en su RD- carecen "de cualquier tipo de planificación" y alerta sobre el eufemístico “esquema de compensación”.
La propuesta de la Fundación
La Fundación pide al Gobierno que, en lugar de todo ello, lleve a cabo una "verdadera reforma" en la que (1) se establezcan "los precios reales para cada tecnología en base a los criterios de no dependencia, sostenibilidad y eficiencia", (2) abandone el papel de "intervencionismo inverso y contra natura" que viene adoptando; y (3) "siga el ejemplo, en un ejercicio de responsabilidad, de los países vecinos, e inicie una lucha decidida contra el cambio climático y cumpla con el ineludible objetivo de descarbonización, cuya expresión más clara es el cierre de las centrales de carbón y el abandono de la minería".
Y es que la Fundación sostiene que, "con las nuevas condiciones de cierre para instalaciones eléctricas, el Gobierno vuelve a dar la espalda a cualquier planificación de un futuro sin emisiones". Antes, la condición para autorizar el cierre era que ese cierre no atentase contra la seguridad (de suministro de energía eléctrica). Ahora, el Ejecutivo Rajoy añade a esa exigencia otras difícilmente objetivables, o sea, que pueden derivar fácilmente en la arbitrariedad administrativa. A saber: el Ministerio ha redactado el Real Decreto (RD) en estos términos:
se denegará el cierre de una instalación en los siguientes casos:
a) Concurrencia de circunstancias singulares que amenacen o puedan amenazar a la seguridad del suministro eléctrico, así como a la seguridad del abastecimiento de materias primas.
b) Si, como consecuencia del cierre pudieran producirse efectos desfavorables en los precios de la electricidad o en la competencia en el mercado eléctrico [lo cual no es sino una enorme puerta abierta a la arbitrariedad].
c) Si como consecuencia del cierre pudieran producirse efectos negativos por incumplimiento de los objetivos en la planificación de energía y clima vigente.
En las antípodas de lo que anuncia el RD de Nadal, la Fundación Renovables "aplaude el anuncio de Iberdrola de solicitar el cierre de sus dos últimas centrales térmicas de carbón, ubicadas en Asturias y Palencia, responsables de la emisión de 2 millones de toneladas de CO2 al año". Según la Fundación, esta decisión está en realidad motivada no tanto por el impacto ambiental de esas instalaciones cuanto "por la inviabilidad económica de las propias centrales al no poder cumplir con las nuevas exigencias fijadas por la Comisión Europea que limitan las emisiones de gases contaminantes para las centrales térmicas a 550 gramos CO2 emitido por kilovatio hora generado".
La Fundación Renovables (FR) considera este "un paso decisivo, pero remarcamos la necesidad de que se haga extensible, necesariamente, a todo el parque [de generación termoeléctrica con carbón], ya que su rentabilidad está basada en la no valoración de los elementos perversos que su funcionamiento tiene sobre la salud y el medio ambiente".
Según la FR, "España es el único país de Europa occidental que no se ha planteado el abandono del carbón, por lo que pedimos un plan de cierre progresivo de las centrales térmicas de carbón en España, que se produzca antes de 2025 e incluya el compromiso de inversión necesario para garantizar el cumplimiento de los límites de emisiones aplicables en cada momento; la eliminación de todas las subvenciones al carbón, como al resto de las energías sucias e ineficientes, incluyendo los incentivos procedentes de fondos públicos a la inversión medioambiental por ser un mecanismo supeditado a la continuidad de uso de combustible fósil y un calendario de abandono progresivo de las mismas". Y, todo ello -concluye la Fundación-, "acompañado de planes de transición justa y validados por la Organización Internacional del Trabajo".
Sobre el impacto en la salud de las emisiones de las centrales térmicas de carbón (CO2, dióxidos de nitrógeno, dióxido de azufre)
El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente presentó en Madrid hace unos meses un informe -«Un oscuro panorama»- que le pone números a los malos humos del carbón de España. El estudio ha evaluado "los efectos en la salud de las centrales térmicas de carbón en España durante 2014" (las emisiones de 2014 eran, en el momento de la elaboración del estudio, las últimas disponibles) y da dos datos espeluznantes: (1) el carbón causó ese año más de 700 muertes prematuras en España; y (2) los niños son "uno de los colectivos más vulnerables", con 10.521 nuevos episodios de asma detectados y 1.233 casos de bronquitis.
