El Partido Popular lleva al Congreso el debate nuclear

La iniciativa fue registrada el pasado mes de octubre en la Cámara Baja y su debate llega en pleno choque entre el Gobierno y el Ejecutivo extremeño por el cierre de la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres). De esta manera, los grupos parlamentarios que componen el hemiciclo, tendrán que explicitar su posición respecto a este asunto en la votación que tendrá lugar, previsiblemente, el miércoles. El partido de Alberto Núñez Feijóo -informa Europa Press- defiende que mantener operativas las centrales nucleares "contribuye a la autonomía energética de España, reduce la dependencia de fuentes de energía externas y, por tanto, la vulnerabilidad a las fluctuaciones del mercado internacional".

La apelación a la "soberanía energética" contrasta sin embargo con la realidad nuclear nacional. El uranio que gastan las centrales nucleares españolas no procede de minas españolas (en España no hay minas de uranio). El uranio que importan Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP para alimentar sus centrales nucleares llega desde Uzbekistán, Kazajistán, Namibia o Rusia, según la propia patronal del sector nuclear nacional.

De cualquier manera, en otro de los puntos de la iniciativa, el PP urge al Gobierno que facilite la "sostenibilidad económica" de las instalaciones nucleares de modo que se refleje el papel que desempeña esta tecnología en la transición energética, en materia de garantía de suministro eléctrico seguro y estable y en lo que se refiere su contribución a la reducción de los precios del mercado eléctrico y de las emisiones de gases de efecto invernadero.

También abogan por promover un diálogo comprometido con los municipios, diputaciones y comunidades autónomas que se verían afectadas por el cierre de las centrales nucleares, así como con los diversos sectores económicos que también sufrirían su impacto.

Al hilo de esta cuestión, el PP en su iniciativa insta al Gobierno a solicitar los informes pertinentes a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) y al operador del sistema eléctrico (REE) para evaluar el impacto económico del cierre nuclear programado, así como las implicaciones para la garantía del suministro, atendiendo a las nuevas previsiones contenidas en la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030.

Otro de los puntos que el Grupo Popular quiere someter a votación urge al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que el sector industrial nuclear español pueda contribuir a los retos y aprovechar las oportunidades que brinda el Reglamento UE de Ley sobre Industria Cero Emisiones Netas, que incluye tecnologías de energía nuclear.

Y también que se promuevan las iniciativas legislativas necesarias para la derogación del artículo 10 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, según el cual no se admiten nuevas solicitudes para el otorgamiento de permisos de exploración, de investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas, ni tampoco se admiten nuevas solicitudes de autorización de instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para el procesamiento de minerales radiactivos.

Por último, el PP pide que se revise el 7º Plan General de Residuos Radiactivos, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 y el Protocolo de cierre de las centrales nucleares aprobado en marzo de 2019 y también que se traslade todo lo anterior al Comité Especializado para la Seguridad Energética Nacional y le requiera para la presentación de su propuesta de revisión de la Estrategia de Seguridad Energética nacional atendiendo a dichas consideraciones.

La decisión de cierre de Almaraz, como la de las otras cinco centrales nucleares que aún operan en España, no la ha tomado el Gobierno. Han sido las compañías propietarias las que firmaron en marzo de 2019 un "protocolo de cese ordenado de explotación" con la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos SA (Enresa), con un calendario de cierre para todo el parque nuclear nacional (Almaraz 1 debe cerrar en 2027, Almaraz 2, en 2028).

Desde entonces, además, "ninguna de las empresas titulares de las centrales -explicaban recientemente fuentes del Ministerio- ha solicitado al Gobierno la modificación de este calendario de cierre y lo pueden hacer cuando quieran porque la actividad de generación está liberalizada en España" (el apunte ministerial no ha sido desmentido). Más aún -añadía el Ministerio-, ninguno de los planes de negocio de ninguna de las compañías aludidas prevé la modificación del calendario de cierre.

Hace 20 años, en 1995, la energía nuclear supuso el 36,5% de toda la producción eléctrica nacional, y en 1998 esa cuota se elevó hasta el 37,2%, mientras que el año pasado, 2024, los siete reactores nucleares que aún operan en España (todos juntos) produjeron el 19,6%.

Las empresas propietarias de Almaraz, que es la primera nuclear que habrá de echar el cierre conforme al protocopo firmado en 2019, son Iberdrola, que controla casi el 53% de esa propiedad; Endesa, con el 36%; y Naturgy, con el 11,3%. Iberdrola ha declarado un beneficio neto de 5.471 millones de euros en los nueve primeros meses de 2024 (último dato consolidado); Endesa ha declarado un beneficio neto de 1.404 millones de euros en el mismo lapso, un 33% más que en el mismo periodo del 2023; y Naturgy ha declarado un beneficio neto de más de 1.800 millones de euros en esos primeros nueve meses del año, último dato también publicado (a finales de febrero todas las compañías presentarán su Balance 2024).