Greenpeace ha lanzado un comunicado de denuncia al rechazo de PP, VOX y Junts para prorrogar el denominado 'escudo social' o decreto 'ómnibus' que se votó ayer en el Congreso de los Diputados. "Para la gente de a pie, especialmente las familias que están en una situación de mayor exposición a la especulación del mercado o de pobreza energética, no hay nada que justifique la falta de sensibilidad de los grupos que han votado en contra. Instamos a estas formaciones a reconsiderar su postura y exigimos al Gobierno que refuerce el 'escudo social' con medidas estructurales que garanticen el acceso a viviendas dignas, acaben con la pobreza energética y avancen en la renovación de los edificios, clave para ganar en soberanía energética y en bienestar", señala María Prado, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace.
El denominado escudo social pretendía, además de actualizar las pensiones, renovar medidas de protección de las personas más vulnerables, como la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional y de los cortes de suministro de energía y agua, la prórroga del bono eléctrico y las ayudas a los damnificados por la DANA. Termina así también la posibilidad de deducir el 15 por ciento del valor de adquisición de un vehículo eléctrico nuevo (la base máxima de deducción era 20.000 euros). Y ya no se amplían los incentivos fiscales referidos a las "inversiones efectuadas en instalaciones destinadas al autoconsumo de energía eléctrica, así como a aquellas instalaciones para uso térmico de consumo propio, siempre que utilizasen energía procedente de fuentes renovables y sustituyesen instalaciones que consumiesen energía procedente de fuentes no renovables fósiles".
Además, la medida buscaba extender la renovación de las bonificaciones por inversiones en obras de eficiencia energética en viviendas y edificios, crucial para reducir las emisiones, abaratar la factura energética y para disminuir los riesgos de dependencia energética de poderes fósiles agresivos. Greenpeace señala que la vivienda, además de ser un derecho constitucional en jaque frente a un mercado especulativo, consume el 30% de la energía final y es responsable del 17% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto ocurre debido al deficiente comportamiento energético de un parque inmobiliario envejecido y el consumo cautivo del gas fósil. En este sentido, desde Greenpeace señalan que las compañías energéticas reciben al año, directa o indirectamente, unos 6.000 millones de euros en subvenciones públicas para el fomento del gas fósil, una cantidad 20 veces más alta que los recursos derogados por el bono eléctrico, a los que tenían acceso casi dos millones de personas.
Medidas que salen adelante
Por otro lado, Greenpeace da la bienvenida a la aprobación de las bonificaciones al transporte público, tal y como estaba previsto, y de la implantación del abono único, una forma de incrementar el uso del transporte público gracias a la tarifa plana. La organización insta a las diferentes Administraciones y autoridades de transporte a colaborar entre sí y unirse a la propuesta para avanzar hacia la ampliación de servicios incluidos en este abono, que ayudaría considerablemente a reducir la congestión del tráfico, disminuir las emisiones de CO2 y mejorar la movilidad sostenible, como demanda un 75% de la población, según una reciente encuesta elaborada por Greenpeace.
