Las declaraciones del consejero delegado de la petrolera tuvieron lugar ayer, durante la presentación, ante un grupo de analistas, de los resultados Repsol correspondientes al tercer trimestre del año. A saber: la compañía anunció ayer un beneficio neto de 2.785 millones de euros en estos nueve primeros meses del año (Repsol ya adelantó este verano que repartirá este año entre sus accionistas dividendos por valor de 2.400 millones de euros). Pues bien, en ese marco, Josu Jon Imaz ha aprovechado para atajar el impuesto especial a las compañías eléctricas, que anunció el presidente Pedro Sánchez en julio de 2022 e instituyó el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos en noviembre de ese año. El impuesto en cuestion (a energéticas) grava el 1,2% de la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares.
Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y se modifican determinadas normas tributarias
«El importe de la prestación a satisfacer por cada obligado al pago será el resultado de aplicar el porcentaje del 1,2 por ciento a su importe neto de la cifra de negocios derivado de la actividad que desarrolle en España del año natural anterior al del nacimiento de la obligación de pago que figure en su cuenta de pérdidas y ganancias, determinado de acuerdo con lo dispuesto en la normativa contable que sea de aplicación. El importe de la prestación será minorado por la cuantía del pago anticipado que se hubiera ingresado»
«Se excluirán del importe neto de la cifra de negocios los ingresos correspondientes al Impuesto sobre Hidrocarburos, el Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles Derivados del Petróleo y los Gravámenes Complementarios a Carburantes y Combustibles Petrolíferos de Ceuta y Melilla, que se hayan pagado o soportado vía repercusión»
El acuerdo PSOE-Sumar menciona ese impuesto. Pero no dice explícitamente que será mantenido. Dice que será revisado con el objetivo de readaptarlo y mantenerlo, es decir, que si hoy el tipo aplicado es del 1,2, mañana podría ser del 0,7 y el futurible Gobierno de coalición no estaría traicionando la letra de su acuerdo.
«Revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual,.para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar». Página 38 del acuerdo PSOE-Sumar (el documento de acuerdo se titula España avanza. Una nueva coalición de gobierno progresista).
En todo caso, y pese a la ambigüedad en la redacción, Imaz no ha desaprovechado la ocasión para aludir al acuerdo en cuestión, del que dijo ha surgido de una negociación entre dos partidos políticos y no representa, a día de hoy, "ningún tipo de ley o proyecto a seguir". En esa línea, Imaz ha insistido en que Repsol es la compañía más impactada por el actual impuesto extraordinario, con unos 450 millones de euros este año, y ha espetado que el impuesto en cuestión "es ilegal, es inconstitucional, y es discriminatorio".
Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol: "el gravamen temporal energético está impactando y castigando en términos negativos a las empresas energéticas que invierten en activos industriales y que crean empleos industriales en el país. Una prórroga de este gravamen penalizará aún más a esta empresa, con una clara repercusión en sus inversores y en su capacidad de invertir en la transición energética"
El máximo representante de la petrolera ha puesto como ejemplo que la unidad de Química en España del grupo está pagando este impuesto sobre las ganancias extraordinarias en función de la cifra de facturación, "cuando a nivel neto está incurriendo en pérdidas y tiene dificultades para competir en el mercado internacional". Llegado aquí, Imaz ha indicado que Repsol prevé "grandes inversiones" en la transformación de sus complejos industriales en España, pero ha matizado: "la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal podría condicionar las futuras inversiones en los proyectos industriales en el país".
El consejero delegado de la petrolera ha asegurado a la audiencia que España es "la principal geografía" donde está invirtiendo el grupo y donde prevé seguir desarrollando "esta gran inversión" en sus activos industriales, pero ha añadido que, para que esto siga siendo así, es necesario "tener un marco regulatorio y fiscal claro, predecible y estable". Y acto seguido, ha dejado caer que la compañía tiene "otras alternativas", como Portugal, donde podría tener actividad internacional en su negocio industrial.
La alternativa de emprender inversiones fuera de España vendría así de la mano, según el ejecutivo de Repsol, de un impuesto temporal extraordinario que "está favoreciendo a la gente que viene al mercado español sin crear ni un solo empleo industrial en España. Y está castigando a las empresas que estamos invirtiendo aquí y que estamos creando industria en España".
Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol: "vamos a analizar detenidamente cuál es el marco regulatorio y fiscal antes de tomar nuevas decisiones de inversión en la geografía española. Porque tenemos que proteger, ante todo, a nuestros accionistas, a nuestros empleados"
Los principales accionistas de Repsol son el fondo estadounidense Black Rock, el banco público noruego Norges y el banco Santander. Entre los accionistas institucionales, el 95% son extranjeros y solo el 5%, españoles. La petrolera emplea a unas 18.800 personas en toda Europa, pero no precisa el número de empleados en España.
Por lo demás, Imaz ha insistido en que Repsol dará la "batalla" a este gravamen tanto en la Justicia española como europea, ya que opina que existe una "diferencia bastante importante" entre lo que definió el Consejo Europeo como impuesto, temporal, para responder a las condiciones especiales del mercado y basado en los beneficios, y cómo está diseñado el impuesto en España. La compañía ya presentó un recurso contencioso-administrativo contra el impuesto en la Audiencia Nacional y también ha acudido a los tribunales europeos, porque considera "que es injusto también a nivel europeo", añadió.
Además, advirtió de que en el caso de que en la Audiencia Nacional se tumbe el recurso de la empresa, Repsol irá al Tribunal Constitucional, ya que cree que el gravamen "es inconstitucional y además está rompiendo la competencia europea".
"Estoy convencido que vamos a ganar al final del camino porque algo que es injusto, ilegal, discriminatorio y está impactando en términos negativos no puede ser en cualquier caso que se apruebe, y tenemos que intentar resolver el problema. Por supuesto en términos legales, y confiamos en nuestro sistema judicial y también en el marco constitucional", aseveró.
Las declaraciones de Imaz han oscurecido el motivo principal de la convocatoria de ayer: la presentación de los resultados registrados por la compañía en el tercer trimestre del curso. Repsol ha declarado un beneficio neto de 2.785 millones de euros en estos nueve primeros meses del año; ha incrementado sus inversiones entre enero y septiembre en más de ochenta puntos, hasta alcanzar los 4.362 millones de euros (+82%); y ha incrementado así mismo, en once puntos (doble dígito), el "dividendo en efectivo abonado" a sus accionistas en el año 2023 (+11% con respecto a lo abonado a sus accionistas en 2022).
Además, en estos nueve primeros meses de curso, la administración española ha ayudado a la petrolera en diferentes iniciativas. El Instituto de Crédito Oficial firmó el pasado mes de abril un préstamo de 300 millones de euros "para la evolución de las instalaciones industriales de Repsol en polos multienergéticos". Y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) asignó a Repsol 25 millones de euros "para la construcción de un electrolizador de 30 MW en Puertollano y otro en la antigua central térmica de Meirama (A Coruña)".
Repsol también ha recibido fondos públicos desde Bruselas. En julio, el Fondo de Innovación de la Unión Europea destinó 63 millones de euros de financiación al electrolizador de 150 MW de Repsol Tarragona, el mayor de España. Y ese mismo mes de julio, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) concedió a la petrolera en julio un préstamo de 575 millones de euros "para el desarrollo de proyectos renovables en España, con una capacidad total de 1.100 MW". Ello, a pesar de que solo el 35% de las inversiones que ha hecho la petrolera en estos nueve primeros meses del año han ido a proyectos "bajos en carbono". O han sido diseñadas "en consonancia con la intención" de destinarlas a esos proyectos.
La compañía dice en su balance de resultados exactamente lo siguiente: "las inversiones hasta septiembre fueron de 4.362 millones de euros (+82%), principalmente en España y Estados Unidos y en consonancia con la intención de destinar un 35% del total invertido en el año a proyectos bajos en carbono".
Repsol ha incrementado en este primer semestre del año su producción de crudo un 10%, hasta alcanzar los 602.000 barriles de petróleo equivalente al día y declaró el año pasado (último ejercicio completo) beneficios netos por valor de más de 4.250 millones de euros.
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