“Tal retroactividad aparenta ser de grado máximo (retroactividad propia), por lo que su licitud constitucional se ha de juzgar con arreglo a los criterios desarrollados en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional en interpretación del principio de seguridad jurídica”.
De esta manera se expresa el informe de la CNMC ante la intención del proyecto de real decreto de que entre en vigor en una fecha anterior a la de su aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Estado, “pese a tratarse de una norma limitativa de la libertad de empresa, una libertad constitucionalmente garantizada”. La conclusión del informe es contundente: “debe eliminarse la disposición transitoria del proyecto”, la que otorga esa retroactividad.
El cuestionamiento legal de la retroactividad es uno de los muchos reveses que recibe un proyecto de real decreto surgido de la obsesión del Minetad y de su máximo representante, el ministro Álvaro Nadal, contra el cambio de modelo energético hacia otro más limpio y renovable e impedir el cierre de centrales de carbón, aunque lo hayan planteado directamente desde algunas empresas, como Iberdrola o Endesa.
Se puede prescindir de 3.000 MW de carbón
El informe publicado ayer por la CNMC recuerda, de partida, que “el sistema español tiene un exceso de capacidad y podría prescindir de una parte importante de sus centrales de carbón”. Y concreta: “en el escenario más desfavorable considerado para la punta invernal (demanda de 46.000 MW y escenario bajo de generación), el sistema eléctrico español podría prescindir sin riesgo de cobertura de casi 3.000 MW hasta 2020, es decir, cerca de un 30% del parque de carbón existente”.
De esta manera, tumba la principal condición que establece actualmente la Ley del Sector Eléctrico para que a una empresa eléctrica se le autorice cerrar una central: que no ponga en peligro la seguridad del suministro eléctrico en España. Pero el Minetad, a través del nuevo real decreto, quiere introducir nuevos criterios y un procedimiento de subasta, todos cuestionados por la CNMC.
Nuevos criterios que infringen el principio de legalidad
Esos nuevos criterios son que no afecte negativamente a los precios, a la competencia, al suministro de materias primas o a los objetivos de planificación. El informe es contundente: “exceden el alcance de la habilitación legal contenida en el artículo 53.5 de la Ley 24/2013 (sector eléctrico) y, por ende, carecen de cobertura legal, infringiendo por tanto el principio de legalidad en su doble vertiente de principio de primacía de la ley y de reserva de ley”.
Es más, la CNMC advierte al Gobierno que ni tan siquiera están recogidos en la normativa por venir: “desde el punto de vista de la normativa europea, la aplicación de estos criterios podría ser contraria al objetivo de la propuesta de reglamento relativo al mercado interior planteado en el Paquete de Invierno. Según este, las normas del mercado deben permitir la entrada y salida de empresas de generación”.
El vapuleo sigue: “con independencia de cuáles sean los criterios que justifiquen el cierre de las centrales, éstos se deberían definir de una forma clara y precisa con objeto de evitar discrecionalidad. Además, algunos de ellos, como el relativo a la afectación a la competencia, son contradictorios con la finalidad perseguida por el propio proyecto”.
Además, vuelven a sacarles los colores por la precipitación en mandar el proyecto de real decreto: “el procedimiento de autorización del cierre, en la redacción propuesta, no encaja en los aspectos mencionados en el presente informe con lo previsto en la ley”.
Esto tiene que pasar por la Comisión Europea
Y en cuanto a la subasta entre terceros de aquellas centrales cuyos propietarios quieran cerrarlas, nuevo revolcón: “el procedimiento de subasta parece en exceso complicado y podría ser mejorado según lo señalado en este informe”. Pero advierten: “la concesión de compensación por mantenimiento de la actividad plantea dudas por su encaje con la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado, por lo que, en todo caso, sería recomendable la notificación previa de todo el esquema a la Comisión Europea”.
El vapuleo es de tal magnitud que Greenpeace, una de las entidades que ha aportado alegaciones al proyecto, lo valora positivamente porque “recoge las tesis defendidas” en dichas alegaciones. “El informe del regulador deja en evidencia el aislamiento del ministro Nadal y no le queda más alternativa que retirar el borrador inmediatamente y retomar una planificación ordenada del cierre de todas las centrales innecesarias, costosas, contaminantes y peligrosas, y que además dificultan la transición hacia un sistema 100% renovable”, resume la organización ecologista.
