Conferencia Sectorial intensa en la que la titular de la cartera de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha compartido con los consejeros autonómicos "los principales avances de los últimos meses", ha tocado varios temas espinosos (el nuclear, entre ellos) y ha destacado, por encima de todas las cosas, "el gran cambio que se ha producido en España en los últimos años", un cambio que -aseguran desde el Ministerio- se refleja en las peticiones de acceso a la red. A saber: hasta hace muy poco tiempo, el operador del sistema eléctrico nacional, Red Eléctrica, recibía de los productores de electricidad muchísimas peticiones de acceso a la red: peticiones de promotores de parques eólicos y fotovoltaicos que querían conectarse para verter a la red y vender sus megavatios hora. Sigue habiendo muchas peticiones para vertido y venta (hasta el 40% de las solicitudes, según el Ministerio), pero ahora hay más solicitudes aún (41%) para conectarse a la red y beber de ella. Estamos hablando de peticiones de acceso de demandantes de electricidad: empresas, industrias o centros de datos que quieren conectarse porque necesitan energía eléctrica para comenzar a funcionar, "lo que constata -ha dicho la ministra- el gran atractivo del país".
La vicepresidenta ha señalado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya perfila la próxima Planificación de electricidad 2025-2030 y ha desglosado que las peticiones de acceso de la demanda representan el 41% de las solicitudes, seguidas por las de la generación (40%) y el almacenamiento (19%). Aagesen ha añadido que, en todo caso, se mantiene el interés por la generación. Según los datos facilitados por el Ministerio, las peticiones de acceso a la red de potencia fotovoltaica son cinco veces más de las necesarias para cumplir el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030; las de eólica, dos veces; y las de almacenamiento, nueve veces.
De vuelta a la demanda, la ministra en todo caso ha insistido en los dos extremos: el gran desarrollo de las energías renovables en el país, que están ofertando electricidad muy barata, y el interés de la inversión industrial por esa electricidad. "Ahora la principal demanda es de la industria, de los puertos, de los ferrocarriles, del tejido industrial y productivo”.
Según REE, que es el operador del sistema eléctrico nacional, ahora mismo hay demandantes de electricidad por valor de casi 50.000 megavatios que quieren conectarse a la red para beber de ella y comenzar a operar (estaríamos hablando de fábricas de baterías, centros de datos y/o industrias diversas que han solicitado el acceso de su demanda a la red, más de 660 solicitudes de 100, 200, 300, 500, 1.400 y hasta 1.800 megavatios).
La ministra ha subrayado que no es posible integrar todas las peticiones en los próximos cuatro años y ha agradecido a las comunidades autónomas el esfuerzo para priorizar proyectos, emplazándolas a mantener reuniones trilaterales con Red Eléctrica y el Ministerio para afinar el diseño de la Planificación, siempre con el foco puesto -ha insistido- en las demandas industriales, la descarbonización y la competitividad del país. Aagesen ha especificado que se revisarán los límites de inversión anual con relación al PIB en las redes eléctricas, pero manteniendo un enfoque equilibrado para contener los costes trasladados a los consumidores.
Los cinco mil millones de euros transferidos a las comunidades autónomas
Durante el encuentro, la ministra para la Transición Ecológica ha repasado la evolución de la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), especialmente en las siete líneas territorializadas, dotadas con más de 5.000 millones de euros. A saber: (1) autoconsumo, (2) almacenamiento y térmicas para el sector residencial; (3) renovables térmicas en diferentes sectores de la economía; (4) plan de Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves) II y III; (5) programa de Rehabilitación Energética de Eificios (PREE); (6) PREE 5000 (para municipios de menos de 5.000 habitantes); y (7) Plan Islas.
El Ministerio ha incidido aquí en la necesidad de aumentar la información disponible para evaluar adecuadamente los avances y las necesidades con vistas a las fechas límite de ejecución establecidas por la Comisión Europea.
En España ya hay más de cuarenta mil puntos de recarga
Uno de los puntos concretos de la ejecución del PRTR ha sido el de la movilidad eléctrica y los planes de fomento, como el Moves III, que han recibido más de 2.000 millones en los últimos años. Durante la reunión, el Ministerio ha puesto en valor que ya hay más de 40.000 puntos de recarga públicos y ha pedido un esfuerzo para supervisar la aplicación, en el ámbito de las competencias autonómicas, de medidas como la obligación de grandes gasolineras y aparcamientos de disponer de puntos de recarga públicos, así como facilitar la tramitación del despliegue de puntos de recarga.
Pobreza energética
Asimismo, durante la Conferencia se han conocido los trabajos en materia de lucha contra la pobreza energética y la vicepresidenta Aagesen ha solicitado máxima colaboración con relación a la elaboración la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, actualmente en fase consulta pública previa.
Según el Ministerio, aunque el número de beneficiarios del bono social se ha venido incrementando, pasando de un millón de hogares en 2018 a 1,6 millones en la actualidad, uno de los principales objetivos de esta nueva Estrategia es “que nadie con derecho al bono social -ha dicho Aagesen- se quede sin él”.
En este sentido, Transición Ecológica ha destacado la gran disparidad de consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social identificados en los distintos territorios y la necesidad de que aflore el colectivo más necesitado de atención por parte de las distintas administraciones y los servicios sociales para reducir la pobreza energética.
También se ha resaltado la importancia de implicar a las administraciones autonómicas y locales para que se aplique el marco de protección establecido por la normativa energética a todos sus beneficiarios potenciales.
Veinte mil millones de euros en residuos radioactivos
A petición de cinco comunidades autónomas, en la Conferencia Sectorial se ha debatido sobre la posibilidad de modificar el calendario de cierre de las centrales nucleares (véase a la derecha). La vicepresidenta Aagesen ha insistido en que el calendario fue acordado por las empresas y plasmado en un Protocolo firmado en 2019 y sobre el que ninguna de las empresas titulares de las centrales ha solicitado su modificación.
También ha recordado que dicho calendario prolonga la vida útil de diseño de las centrales, fijado en 40 años, hasta una media 45,8 años, y que el cierre ordenado y progresivo es la base del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, "base del desarrollo renovable -recalcan desde el Ministerio- que está propiciando la afluencia de inversión industrial".
Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: “el Gobierno trabaja en una doble vertiente con la energía nuclear: garantizar la seguridad de suministro, que avalan los estudios que recoge el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y promover una transición justa en los territorios donde cierren las centrales”
Impuestos
Con relación a la fiscalidad de las centrales, la vicepresidenta ha recordado que el Gobierno no ha modificado la imposición a las centrales. Respecto al coste de gestión de los residuos radiactivos, un coste operativo de las centrales, Aagesen ha explicado que, “cuando llegamos al Gobierno estaba en vigor un Plan de gestión de los residuos de 2006, totalmente desfasado, y ha habido que elaborar un nuevo plan, el séptimo, aprobado a finales de 2023".
Pues bien, según la ministra, este plan calcula los costes de gestión de los residuos en 20.000 millones, que deben sufragar las empresas titulares de las centrales, de acuerdo con el principio de "quien contamina, paga”. En ese sentido, la ministra ha lanzado una pregunta: “¿los que piden reducir la fiscalidad nuclear quieren que esos 20.000 millones los paguen los españoles en lugar de las empresas?”.
Finalmente, la vicepresidenta ha ofrecido la máxima colaboración del Ministerio, ha emplazado a las comunidades autónomas a aportar más contenidos a las próximas conferencias sectoriales y ha confiado en poder reunirse con cada uno de sus representantes para tratar asuntos concretos de cada territorio.
Artículos relacionados
• 200.000 megavatios de potencia renovable quieren conectarse a la red eléctrica de España
