Greenpeace celebra las medidas del decreto que ayudan a acelerar la transición limitando el poder del oligopolio eléctrico y el rol de las centrales de gas. En este sentido, valora positivamente que la norma proponga limitar el poder de los agentes del sistema eléctrico con mayores controles por parte de la CNMC e imponiendo a las distribuidoras tiempos máximos de tramitación para los refuerzos de las líneas e infraestructuras necesarios para cargadores de vehículos eléctricos o electrificación de la demanda.
Sin embargo, en sus alegaciones al decreto presentadas ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la organización ecologista recuerda que "no basta con limitar el poder del oligopolio", sino que habría que "acabar con ese poder como única vía para, entre otras barreras, evitar su boicot actual al autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas", señalan.
Autoconsumo
Greenpeace también lamenta que el Real Decreto propuesto deje fuera medidas largamente esperadas de aceleración de la transición energética y de impulso del autoconsumo -medidas incluidas en el decreto antiapagones rechazado por el Congreso el pasado mes de julio- y pide que se presenten urgentemente normas que regulen cuestiones como la ampliación del radio para el autoconsumo de proximidad de los 2 a los 5 km, la creación de la figura del gestor del autoconsumo, o medidas encaminadas a liberar a los hogares de la dependencia del gas, como las desgravaciones fiscales por instalar bombas de calor.
Por ello, Greenpeace demanda medidas adicionales para separar de manera efectiva y no solo contable a las empresas y grupos que realicen actividades energéticas reguladas y liberalizadas. Además, reclama regular el abuso del uso especulativo de las hidroeléctricas por parte de las compañías concesionarias.
José Luis García Ortega, responsable del Área de Clima, Energía y Movilidad de Greenpeace: "El Gobierno tiene que proteger a la ciudadanía, no al oligopolio, y por eso exigimos que publique los nombres de las centrales que no estuvieron disponibles el día del apagón, por transparencia y para acabar con la protección de los responsables del apagón".
Contra el oligopolio eléctrico
Desde Greenpeace aseguran que este decreto es "un paso necesario, pero insisten en que "hace falta más contundencia para que el sistema eléctrico no siga controlado por un oligopolio", puesto que consideran que la investigación sobre las causas del apagón dejó claro que el debate nuclear y el ataque a las renovables tras el 28 de abril eran "una cortina de humo" para esconder los fallos de las centrales de gas, y del oligopolio que las controla, que -a su parecer- "no estuvieron disponibles cuando tendrían que haberlo estado".
La organización ecologista ha pedido que se inicien los trámites para "legislar el fin del oligopolio", de forma que se separen las empresas y grupos que realicen actividades energéticas reguladas y liberalizadas, de manera que ninguna empresa que posea más de un 15 % del mercado de generación, distribución o comercialización pueda estar verticalmente integrada.
Además, los conservacionistas también demandan al Gobierno que mantenga firme el calendario acordado de cierre de las centrales nucleares, ya que consideran que estas instalaciones "son incompatibles con un sistema eléctrico basado en renovables flexibles".
Almacenamiento
Desde Greenpeace también urgen a poner en marcha una Comisión Nacional de Energía para ordenar y regular el sistema energético con el horizonte de alcanzar un suministro energético 100% renovable para 2040, así como estandarizar la carga bidireccional para vehículos eléctricos con la idea de minimizar la necesidad de baterías fijas, y normalizar la tecnología del "grid forming" para que las renovables aporten inercia sintética al sistema.
Greenpeace valora positivamente que uno de los ejes prioritarios del Gobierno sea activar las inversiones en almacenamiento, y en especial en hibridación con las plantas renovables ya existentes. Consideran positiva la agilización de sus trámites recortando a la mitad los plazos para los hitos administrativos de las baterías hibridadas con plantas renovables pre-existentes.
Sin embargo, considera peligrosa y totalmente innecesaria la eliminación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para estas instalaciones que ya disfrutan de EIA simplificada con plazos máximos de resolución de tres meses. Además, al eliminarla se cierra la única puerta de participación pública durante toda la tramitación, algo fundamental para la organización ecologista.
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