Los tres grupos parlamentarios más a la derecha de la Cámara (Junts per Catalunya, Partido Popular y Vox) han vuelto a reeditar el frente que ya tumbó (el pasado mes de enero) el coloquialmente conocido como decreto del escudo social. Lo tumbaron entonces, el Gobierno lo reelaboró (con algún matiz), volvió a aprobar el susodicho Escudo Social en formato RDL (Real Decreto-ley), ayer llegó al Congreso y el frente PP-Vox-Junts ayer volvió a tumbarlo. Volvió a decir que no (hasta 177 veces). El resultado directo de esa negativa es que ya no se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2026 los descuentos del bono social aplicables a los consumidores domésticos de energía eléctrica (el descuento correspondiente al consumidor vulnerable era del 42,5%, y, en el caso del consumidor vulnerable severo, el descuento era del 57,5%). Ya no se garantiza el suministro de agua y energía a consumidores vulnerables (las compañías podrán pues cortar ese suministro). Ya no se podrá deducir el 15% del valor de adquisición de un vehículo eléctrico nuevo (la base máxima de deducción era 20.000 euros). Y ya no se amplían los incentivos fiscales referidos a las "inversiones efectuadas en instalaciones destinadas al autoconsumo de energía eléctrica, así como a aquellas instalaciones para uso térmico de consumo propio, siempre que utilizasen energía procedente de fuentes renovables y sustituyesen instalaciones que consumiesen energía procedente de fuentes no renovables fósiles".
Además, y, en otro orden de cosas, tampoco se amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los procedimientos de desahucio, lo que podría propiciar, según diversas fuentes, la ejecución inminente de hasta 70.000 desahucios. La explicación que la derecha parlamentaria ha dado a su no al Real Decreto-ley 2/2026 ha girado en torno a ese asunto: el de los desahucios/okupación. PP, Vox y Junts aseguran grosso modo que el decreto presentado por el Gobierno favorecía o beneficiaba la ocupación. En realidad, el RDL 2/2026, o del Escudo Social, lo que planteaba es una prórroga de la moratoria de desahucios para familias vulnerables (así como la extensión de los descuentos del bono social eléctrico y la garantía de suministros básicos -agua, luz y gas- en casos de vulnerabilidad).
El pretexto de la okupación en todo caso no parece tener mucho fondo. Los datos que maneja el propio Consejo General del Poder Judicial muestran una realidad muy distinta: los delitos por usurpación o allanamiento de morada no solo resulta que han caído, más de ocho puntos, en los últimos siete años (-8,6%), sino que, además, afectan a un porcentaje ínfimo del parque residencial nacional. Según el Consejo General del Poder Judicial, en los 19,3 millones de viviendas habituales de España han tenido lugar en 2024 (último ejercicio con datos consolidados) 1.600 delitos de usurpación o allanamiento de morada, o sea, que el fenómeno afectaría al 0,008% de las viviendas habituales (0,05% si se tienen en cuenta las segundas y demás residencias. En España el parque de viviendas mide 26,8 millones).
El motivo que han argüido las tres fuerzas políticas de la derecha de la Cámara ha girado en torno a la ocupación; y, ahora, ese no podría derivar -ha denunciado Comisiones Obreras- en el desahucio de hasta 70.000 familias, que estaban acogidas a esa moratoria (moratoria de desahucios que ahora el Gobierno quería prorrogar). A esas 70.000 familias habría que sumar -añaden desde Comisiones- los aproximadamente 27.500 lanzamientos que se producen cada año, es decir, que España podría cerrar el curso 26 con casi cien mil familias en la calle. El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha cargado en los pasillos del Congreso contra PP y Vox, que no contra Junts, por votar "contra los intereses de la ciudadanía española (...) y para echar a las familias más vulnerables a la calle sin que tengan una alternativa habitacional llamándoles okupas".
La votación de ayer no es en todo caso la primera en la que convergen los partidos de Feijóo, Abascal y Puigdemont.
PP, Vox y Junts han unido fuerzas en varias otras ocasiones para tumbar decretos del Gobierno. Lo hicieron por primera vez en enero del año pasado con el que entonces se denominó (1) "decreto ómnibus", repitieron alianza en julio con el (2) "decreto antiapagones", volvieron a las andadas con el antecesor del RDL hoy tumbado, el (3) Real Decreto-ley 16/2025, RDL mediante el que el Ejecutivo prorrogaba "determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social" y adoptaba "medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social", como la actualización de las pensiones; y vuelven a hacerlo ahora (4) con el RDL 2/2026 o del Escudo Social.
Los 177 diputados y diputadas que han votado en contra de prorrogar el Escudo Social de protección a familias vulnerables, y de medidas de ayuda al autoconsumo y el vehículo eléctrico han sido los 137 del PP, los 33 de Vox y los 7 de Junts. Los 172 diputados que han dicho sí al real decreto-ley en cuestión han sido los del PSOE, Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya, Euskal Herria Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Podemos, Compromis, Coalición Canaria y Bloque Nacionalista Galego (véase aquí detalle de la votación).
De acuerdo con la exposición de motivos, la adopción de “ciertas medidas de carácter social” se justificaban en la situación económica y social, “junto con la persistencia de conflictos internacionales complejos”.
En concreto, en su capítulo primero, dedicado a la vivienda, extendía hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos, así como la posibilidad hasta el 31 de enero de 2027 de solicitar compensación por parte del arrendador o propietario.
El capítulo segundo incluía medidas en materia energética, como la extensión hasta el 31 de diciembre 2026, de los descuentos del bono social y la garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables.
También se recogía medidas en materia de empleo, en el capítulo tercero, que impedían a las empresas beneficiarias de ayudas realizar despidos justificados en los costes energéticos o en causas relacionadas con la invasión de Ucrania.
Ya en el capítulo cuarto se extendían determinados incentivos fiscales para pequeños autónomos o ligados a los vehículos eléctricos, en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades. También para instalaciones de generación de energías renovables (autoconsumo), y también se integraban medidas fiscales para los afectados por la DANA de 2024.
Lo que decía el RDL 2 con respecto al autoconsumo y las renovables
«Con la finalidad de incentivar la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible y puntos de recarga se amplía en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas [IRPF] el ámbito temporal de aplicación de la deducción prevista al efecto en la normativa del Impuesto, con lo que se dispone de un mayor plazo para poder adquirir tales vehículos, así como los correspondientes puntos de recarga; y, en el Impuesto sobre Sociedades, se mantiene el incentivo destinado a promover las inversiones en nuevos vehículos FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV o en nuevas instalaciones de recarga, tanto de uso privado como las accesibles al público, de vehículos eléctricos y, la posibilidad de amortizar libremente las inversiones efectuadas en instalaciones destinadas al autoconsumo de energía eléctrica, así como aquellas instalaciones para uso térmico de consumo propio, siempre que utilizasen energía procedente de fuentes renovables y sustituyesen instalaciones que consumiesen energía procedente de fuentes no renovables fósiles (...) La cuantía máxima de la inversión que podrá beneficiarse del régimen de libertad de amortización será de 500.000 euros»
Y en el capítulo quinto se incluían medidas en materia de financiación territorial.
Tramitación parlamentaria
El Real Decreto-ley 2/2026, publicado el 4 de febrero en el Boletín Oficial del Estado, entró en vigor al día siguiente de su publicación. De acuerdo con el artículo 86.2 de la Constitución, estas normas "de extraordinaria y urgente necesidad" deben ser convalidadas o derogadas por la Cámara Baja en los treinta días siguientes a su aprobación. Si se convalida, el texto sigue en vigor, y si se rechaza deja de tener efectos jurídicos. En este caso el Congreso (PP, Vox y Junts) lo ha rechazado.
