La decisión del Tribunal Constitucional de no mantener la suspensión cautelar de la Ley 05/24 de Galicia ha encendido las alarmas en el sector eólico. Según fuentes de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) consultadas por Energías Renovables, aunque el alto tribunal todavía no se ha pronunciado sobre el fondo del recurso, su resolución obliga, de facto, a las empresas propietarias de parques de más de 25 años a iniciar los trámites de repotenciación en un plazo máximo de 18 meses. Y eso, advierten desde la AEE, abre un nuevo frente de incertidumbre jurídica en una comunidad donde el viento ya sopla con turbulencias regulatorias.
La clave está en el calendario. Las compañías afectadas disponen de año y medio para presentar la solicitud de repotenciación -plazo al que se añadirán los meses en que la norma estuvo suspendida-. Sin embargo, el reloj corre sin que exista todavía una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de la obligación. Traducido al lenguaje empresarial, significa que habrá que poner en marcha proyectos multimillonarios sin saber si, finalmente, esa exigencia legal seguirá en pie o será anulada.
En el mundo de la inversión energética, donde los proyectos se planifican a décadas vista y las decisiones financieras dependen de marcos regulatorios estables, la inseguridad jurídica constituye un obstáculo importante para el desarrollo del sector. Desde la AEE sostienen que esta situación, lejos de acelerar la modernización de los parques, puede paralizarla. Y es que ningún consejo de administración se siente cómodo aprobando inversiones de gran escala bajo la sombra de una posible rectificación judicial.
El sector subraya que respeta las decisiones judiciales, pero reclama un marco claro, robusto y con una interpretación única. La sensación, según trasladan, es la de navegar en aguas normativas cambiantes. Y Galicia no parte precisamente de un escenario tranquilo.
Judicialización de la eólica en Galicia
La AEE recuerda que la comunidad gallega arrastra ya más de 70 proyectos eólicos en tramitación paralizados cautelarmente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). A ese bloqueo de lo nuevo se suma ahora la incógnita sobre si los parques que superen los 25 años deberán repotenciarse obligatoriamente o podrán seguir operando bajo el marco previo. El resultado, según la patronal eólica, es un "escenario de bloqueo completo".
La repotenciación -sustituir aerogeneradores antiguos por otros más modernos, eficientes y potentes- es, en términos técnicos, una herramienta clave para aumentar la producción renovable con menor impacto territorial. La AEE insiste en que el camino adecuado pasa por incentivar este proceso, no por imponerlo bajo amenaza de cese de actividad en plazos definidos políticamente. Forzar la modernización, argumentan, puede tener el efecto contrario si genera litigios y retrae capital.
Más allá de la discusión jurídica, el debate tiene implicaciones económicas y sociales, ya que la paralización de proyectos eólicos no solo afecta a promotores y fabricantes de turbinas. También condiciona la instalación o ampliación de industrias electrointensivas, que dependen de contratos bilaterales de compraventa de energía -los conocidos PPA- para asegurar precios competitivos y estabilidad a largo plazo. Sin nuevos parques, o con los existentes en el limbo, esos acuerdos se reducen y la competitividad regional se resiente.
En un contexto europeo marcado por la urgencia de acelerar la transición energética, Galicia -una de las comunidades con mayor recurso eólico- se enfrenta a una paradoja: tener viento abundante pero proyectos detenidos. El desenlace dependerá, en buena medida, de la futura sentencia del Tribunal Constitucional sobre el fondo del recurso. Hasta entonces, el sector camina en una cuerda floja jurídica donde cada paso implica millones de euros y decisiones estratégicas que no admiten improvisación.
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