Trump reaviva su cruzada personal contra la eólica marina, aunque no es la primera vez que algunos de los proyectos afectados enfrentan interrupciones. En 2025, Empire Wind (810 MW) y Revolution Wind (704 MW) ya habían sido pausados temporalmente por razones similares y, en el caso de Revolution Wind, un juez federal permitió la reanudación de las obras al considerar que existía daño irreparable para los desarrolladores y una alta probabilidad de éxito legal.
No obstante, lo cierto es que mientras los tribunales federales analizan las solicitudes de medidas cautelares, los proyectos permanecen detenidos. El resultado de estos litigios podría definir no solo el futuro inmediato de la energía eólica marina en la Costa Este, sino también el alcance del poder del gobierno federal para suspender proyectos energéticos ya aprobados y en construcción avanzada.
Cerrojazo eólico
El pasado 22 de diciembre de 2025, el Departamento del Interior de Estados Unidos, a través del Bureau of Ocean Energy Management (BOEM), ordenó la suspensión por, al menos, 90 días de los arrendamientos federales que permiten la construcción de los proyectos Empire Wind (810 MW), Sunrise Wind (924 MW), Revolution Wind (704 MW), Vineyard Wind (800 MW) y Coastal Virginia Offshore Wind (2,6 GW). El Gobierno justificó la medida por "preocupaciones de seguridad nacional", aunque no presentó información específica que respaldara tales pretextos.
Los proyectos afectados se encuentran en distintas fases de construcción avanzada y, en conjunto, representan decenas de miles de millones de dólares en inversión, miles de empleos y una parte relevante del suministro eléctrico proyectado para el noreste del país. La orden del gobierno ha desencadenado una avalancha de litigios iniciada por Dominion Energy Virginia -desarrolladora de Coastal Virginia Offshore Wind, el proyecto más grande-, que fue la primera empresa en demandar, calificando la orden federal de "arbitraria y caprichosa" e inconstitucional.
Ola de demandas
Detrás de la demanda de Dominion Energy Virginia vinieron las demás. Recién estrenado el año, el 1 de enero de 2026, Revolution Wind LLC -una empresa conjunta entre Ørsted y Skyborn Renewables- presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia y anunció que solicitaría una orden judicial preliminar para continuar los trabajos. Cabe destacar que Revolution Wind es el proyecto más avanzado de los afectados, con aproximadamente 87 % de ejecución, todas las cimentaciones marinas instaladas y la mayoría de las turbinas ya montadas.
De no haberse emitido la suspensión, el parque habría comenzado a generar electricidad en enero de 2026. Está destinado a suministrar energía a más de 350.000 hogares en los estados de Connecticut y Rhode Island bajo contratos de 20 años. Además, los estados de Connecticut y Rhode Island también han solicitado una orden judicial para permitir que Revolution Wind continúe. El fiscal general de Connecticut ha argumentado que cada día de retraso incrementa significativamente los costos de energía para los consumidores y que el proyecto ya había sido evaluado y aprobado mediante procesos regulatorios exhaustivos.
Al día siguiente, el 2 de enero de 2026, Empire Offshore Wind LLC -filial de la empresa noruega Equinor-, también recurrió la orden federal ante el mismo tribunal y anunció que solicitará una orden judicial preliminar para reanudar las obras mientras se resuelve el litigio. La compañía sostiene que la orden de suspensión es "ilegal" y amenaza la viabilidad del proyecto Empire Wind, cuyo despliegue se encuentra al 60 % completo y cuya construcción ha implicado una inversión superior a los 4.000 millones de dólares. Según Equinor, el proyecto podría cancelarse si no se reanuda antes de mediados de enero, debido a retrasos logísticos y riesgos financieros.
Empire Wind cuenta con un arrendamiento federal firmado en 2017 y recibió su aprobación federal final en febrero de 2024, por lo que la empresa afirma haber cumplido con todas las revisiones de seguridad nacional, incluyendo coordinaciones regulares con la Guardia Costera y otras agencias federales. Una vez en operación, el parque eólico está previsto para suministrar electricidad a aproximadamente 500.000 hogares en el estado de Nueva York.
Ayer mismo, Sunrise Wind LLC, filial de la empresa danesa Ørsted, anunció que presentará una demanda similar y una solicitud de medida cautelar contra la orden del BOEM. Sunrise Wind se encuentra cerca del 45 % de avance, con infraestructura marina y terrestre ya instalada, y estaba previsto que comenzara a generar electricidad en octubre de 2026. El proyecto cuenta con todos los permisos locales, estatales y federales, obtenidos tras procesos de revisión que incluyeron consultas prolongadas con el Departamento de Defensa y la Fuerza Aérea para mitigar posibles impactos en la seguridad nacional. Una vez finalizado, abastecería a cerca de 600.000 hogares bajo un contrato de 25 años con el estado de Nueva York.
Por su parte, Avangrid, que es copropietaria del proyecto Vineyard Wind, junto con Copenhagen Infrastructure Partners, no ha indicado públicamente si planean unirse al resto de los desarrolladores en la impugnación al gobierno.
Qué dice el Gobierno
Desde la administración Trump, el Departamento del Interior defiende la suspensión de los proyectos señalando que responde a una directiva presidencial para gestionar las tierras y aguas públicas priorizando la seguridad nacional, la preparación militar y la estabilidad económica. A pesar de estos pretextos, la medida se inscribe en una política energética que ha mostrado una postura hostil hacia las renovables en general -y a la eólica marina en particular- y un mayor respaldo a los combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbón.
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