Hacer virtud de la necesidad. España se fue a cero el día 28 de abril y, dos meses después, el 24 de junio, el Gobierno pisa a fondo el acelerador de la transición energética para evitar sucesos similares en lo por venir. Pisa a fondo para prevenir futuribles ceros (cero energético)... pero no solo. Esa es la sensación que transmite el RDL que ha aprobado el Consejo de Ministros, la sensación de que el Gobierno ha hecho a golpe de apagón lo que debía haber hecho mucho antes. O lo que debía haber ido haciendo a lo largo de los dos últimos años. ¿Por ejemplo? Ampliar el radio del autoconsumo, algo en lo que todo el mundo lleva mucho tiempo de acuerdo. ¿Por ejemplo? Desarrollar la figura del agregador independiente, tanto tiempo demandada así mismo por la inmensa mayoría de los agentes del sector. ¿Por ejemplo? Regular la figura del gestor del autoconsumo... y etcétera, etcétera, etc.
La historia es la siguiente: el operador del sistema (REE) ha señalado a las compañías eléctricas como responsables del apagón por dejación de funciones: no controlaron la tensión cuando estaban obligadas a hacerlo y, además, con desconexiones no justificadas de varias de sus subestaciones, contribuyeron a agravar el problema de las oscilaciones de tensión. Y, ahora, el Gobierno –sin señalar explícitamente a las eléctricas (pero sí quizá implícitamente)– aprueba un RDL (coloquialmente conocido como “antiapagones”) que establece que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) “evaluará periódicamente las obligaciones de control de tensión de los sujetos obligados a prestar el servicio” (que hasta ahora eran la nuclear, el gas y la gran hidráulica).
Pues bien, ese objetivo (el de controlar a quienes debían y deben controlar la tensión) y todos los demás propósitos que incluye este RDL ómnibus (todas las otras medidas) son resultado del trabajo –explican desde el Ministerio– del “Comité para el análisis de las circunstancias que concurrieron en la crisis de electricidad del pasado 28 de abril”, comité organizado por el Gobierno y que ha analizado durante 49 días lo sucedido el 28A. “El sistema eléctrico español tenía todo lo necesario para funcionar correctamente el 28 de abril”, explicaba la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el pasado 24 de abril... Tenía todo lo necesario, según Aagesen, pero hubo cero.
“Hemos hecho un ejercicio de análisis –añadía a la sazón la ministra– que nos permite avanzar en medidas que nos protegerán de mejor manera”.
Y eso es el RDL 7. O eso pretende ser: el seguro llamado a evitar apagones como el acaecido el 28 de abril.
Para empezar plantea el...
Refuerzo de la supervisión: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que es el organismo público que vela “por el buen funcionamiento del mercado”, tendrá 6 meses –dice el RDL 7– para evaluar las obligaciones de control de tensión de los agentes del sistema eléctrico obligados a prestar el servicio (nucleares, gas y gran hidráulica), y elaborar el informe correspondiente, que actualizará cada tres meses.
La CNMC también completará un plan de inspección extraordinario de las capacidades de reposición (restablecimiento del suministro), con mayor atención a las instalaciones con arranque autónomo y las redes de distribución, que se repetirá cada tres años. En definitiva, que este nuevo RDL ómnibus potencia las “funciones de supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia”.
Red Eléctrica
El RDL antiapagones encarga por otro lado al Operador del Sistema (Red Eléctrica) que elabore propuestas de modificaciones normativas sobre las respuestas frente a las oscilaciones de potencia, sobre la velocidad de variación de tensiones, sobre la programación de las restricciones técnicas y sobre otros elementos técnicos que contribuyen a fortalecer la seguridad del sistema (REE ha señalado en su informe sobre el apagón que varias subestaciones –de las compañías eléctricas– no reaccionaron con la suficiente celeridad a las oscilaciones de tensión y que ello –y la desconexión de esas subestaciones– fueron el germen del apagón).
De igual modo, el RDL 7 encomienda el desarrollo de “un nuevo procedimiento de operación para coordinar los planes de desarrollo de la red de transporte y de la red de distribución y una propuesta de requisitos mínimos de monitorización para análisis de incidentes”. Estas propuestas técnicas deberán estar listas en plazos de 3 a 15 meses. Las reformas normativas subsiguientes –añade el texto– deben estar aprobadas en menos de seis meses.
Red Eléctrica así mismo incorporará a sus funciones actuales la de servir como punto de acceso único a los datos de los clientes finales –siempre respetando la confidencialidad de la información personal– para mejorar el funcionamiento de los mercados de electricidad. Hasta ahora, esta información, procedente de 30 millones de contadores inteligentes, se encuentra repartida por más de 300 compañías distribuidoras.
Fomento de la electrificación
“Para profundizar en el proceso de electrificación de la economía y agilizar la adaptación de la infraestructura eléctrica a las necesidades del tejido productivo”, el RDL antiapagones establece que cada tres años se revisará la planificación de la red de transporte en vigor, lo que iniciará un nuevo ciclo de planificación sexenal, y se aprobarán modificaciones de aspectos puntuales cada dos años.
De manera excepcional, para anticipar futuras necesidades de regulación de tensión y amortiguamiento de oscilaciones, entre otras variables eléctricas, se modificará con tramitación acelerada la vigente Planificación con horizonte 2026 para incluir “compensadores síncronos, reactancias y otros elementos que presten servicios adicionales, lo que, a la par, reducirá el coste de las restricciones técnicas”.
Nuevas actividades económicas
“Para facilitar la conexión a las redes eléctricas de nuevas actividades económicas, industriales principalmente”, el Ministerio plantea en este RDL la revisión de la normativa de acceso y conexión de la demanda, fijando en 5 años el plazo de caducidad de los derechos de acceso, “lo que posibilitará un mayor aprovechamiento de redes existentes y, actualmente, en desuso”. Igualmente, el RDL acorta los plazos para que las empresas eléctricas atiendan nuevos suministros y adopta disposiciones para agilizar la conexión de nuevos accesos para demanda, principalmente industrial.
“Incluimos en este RDL –decía la ministra el día de su aprobación– medidas como acotar los permisos de conexión de la demanda a 5 años, es decir, se incorpora una caducidad, en este caso a toda la Alta Tensión. Y por otro lado, acotamos también la finalidad del acceso que ya ha sido concedido, la acotamos para que se corresponda con un uso concreto, evitando así la especulación y el acaparamiento”.
El vehículo eléctrico también está en el RDL antiapagones, que plantea facilidades de conexión para las acometidas de los puntos de recarga, que quedan exentas de autorización, siempre que no sea necesaria una evaluación de impacto ambiental ni una declaración de utilidad pública.
Autoconsumo
En la línea de medidas de electrificación, al objeto de fomentar el autoconsumo, la distancia máxima entre la generación y el consumo aumenta a 5 kilómetros para instalaciones menores de cinco megavatios, se flexibilizan las tipologías, y se introduce la figura del gestor de autoconsumo, “que podrá ejercer de representante de los partícipes, facilitando las gestiones necesarias para su buen funcionamiento”.
Se favorece la electrificación de la climatización en las comunidades de vecinos y se habilita a los ayuntamientos la aplicación de deducciones del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles y del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), tal como ya sucede con el autoconsumo.
Para seguir potenciando la demanda y la electrificación industrial, el decreto incorpora la exención del 80% de los peajes eléctricos a la industria electrointensiva con carácter retroactivo desde el pasado 23 de enero, habida cuenta de la eficacia que ha demostrado desde su establecimiento, hace dos años y medio, con motivo de la guerra de Ucrania.
La tramitación de los proyectos de renovables también se modifica, “para facilitar su ejecución, evitar costes derivados de la fuerte competencia internacional y optimizar la calidad de las instalaciones”.
Y se fomenta la renovación de instalaciones de generación –su repotenciación–, reduciendo los plazos administrativos a la mitad, siempre que la potencia resultante sea inferior al 125% de la original.
Almacenamiento y flexibilidad
Como medida adicional para reforzar la resiliencia del sistema, el decreto da un impulso “muy relevante” al almacenamiento, tanto mediante la hibridación en instalaciones de generación como con su incorporación al sistema eléctrico en general. Así, el RDL 7 agiliza la tramitación administrativa de los expedientes, especialmente en el ámbito de proyectos que sean competencia de la Administración General de Estado, con una reducción de los plazos a la mitad.
Finalmente, se modifica la Ley 24/2013 del sector eléctrico para incorporar nuevas herramientas de flexibilidad, entre las que destaca la figura del agregador independiente, que combinará múltiples consumos y la electricidad generada por consumidores, productores o instalaciones de almacenamiento para su venta o compra en los mercados de electricidad y la prestación de servicios al sistema. “Con el desarrollo de estas disposiciones –explica el Ministerio–, los consumidores podrán contratar los servicios de un agregador para que gestione su demanda y obtener un ahorro en la factura o algún otro tipo de contraprestación”.
La ministra también destacaba el día 24 de junio, en la presentación del RDL 7 la importancia de la flexibilidad, “esa capacidad que va a tener y que tiene el sistema eléctrico para que determinados sujetos y tecnologías puedan adaptarse a los cambios de la oferta y la demanda de energía en distintos momentos, en segundos, en horas, en días o incluso a lo largo del año…”. Aagesen anunciaba ese día además que el Gobierno también fomentará medidas “para esta flexibilidad, incluyendo al ordenamiento jurídico español el procedimiento para establecer el Objetivo Nacional de Flexibilidad, facilitar su desarrollo y mandatar a todas y cada una de las instituciones su promoción”.
El Congreso de los Diputados convalida hoy (o no) el decreto antiapagones.
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Se echa de menos alguna clase de varapalo a los que se ahorraron costes y además cobraron por no hacer lo que tenían obligación de hacer y qué son las empresas del oligopolio. Asimismo se echa de menos que, en dichos controles y evaluaciones periódicas, la CNMC disponga de un régimen sancionador para aplicarselo a las centrales que no cumplen con sus obligaciones. Es decir, tiene razón Podemos al decir que el oligopolio, cuya responsabilidad es manifiesta, se va de rositas. Es un hecho que el ejecutivo ha tapado los nombres de los responsables igual que sigue sin publicar la lista de los que beneficiaron de la amnistía fiscal de Montoro. Le irá algo en ello?
