La voluntad de transformación desde lo cotidiano y lo posible y el espíritu solidario que mueve a muchas personas a participar en una comunidad energética no ha de hacernos perder la perspectiva de que la responsabilidad de la pobreza energética la tienen las empresas que se lucran sin límite con este bien básico que es la energía y de que es el Estado el responsable de garantizar el derecho a la energía a toda la población.
La transición energética avanza a gran velocidad, sobre todo en el sector eléctrico. Lo hace en un ambiente de crispación creciente, donde se ponen en cuestión los principios de convivencia más básicos. Donde el negacionismo climático rechaza la propia necesidad de una transición energética y critica cualquier cambio.
La transición energética está canalizando ingentes cantidades de recursos económicos sin que los mecanismos de redistribución de la riqueza pongan freno al aumento de las desigualdades económicas y sociales. Por lo que, de momento, no está logrando ser justa ni inclusiva, como tampoco está logrando reducir la pobreza energética.
No avanzar en derechos para la población alimenta la animadversión que está generando la descarbonización de la economía, a base de subvenciones a las que solo acceden las capas sociales mejor posicionadas, como sucede con las ayudas públicas a la rehabilitación o al autoconsumo, de las que se benefician principalmente personas con vivienda en propiedad, o al vehículo eléctrico, a las que acceden personas de una capacidad adquisitiva media alta.
Potencialidades y límites
Las comunidades energéticas (CEs) pueden sumar a una parte de la ciudadanía a generar parte de la energía que usa, a compartir servicios y recursos, a aprender colectivamente y codecidir en qué proyectos se implica, pero las soluciones a la pobreza energética requieren mecanismos y actuaciones que sobrepasan a las comunidades energéticas. Es decir, que no es algo que puedan conseguir por sí mismas, ni solas, aunque, como veremos, sí hay cosas que pueden hacer.
Pero es urgente poner límites a las prácticas abusivas de las grandes empresas energéticas, a la especulación con la vivienda, que está directamente relacionada con la precarización de la vida de las clases populares y también, como veremos, con la pobreza energética. Y, en este sentido, la administración juega un papel central.
Necesitamos un cambio de 180 grados en lo que se refiere al uso de los fondos públicos relativos a la transición energética (rehabilitación de viviendas, movilidad, renovables y eficiencia energética) para que estos sirvan para mejorar las condiciones de vida de quienes menos recursos y posibilidades tienen.
Que las comunidades energéticas (CEs) contribuyan con sus ideas, tiempo y recursos a la construcción de la energía como derecho es más urgente que la materialización de proyectos piloto innovadores. Y para avanzar en que la energía sea un derecho que esté por encima del lucro de unas pocas empresas hacen falta reformas como la prohibición permanente de los cortes de suministro a los hogares vulnerables independientemente de la empresa comercializadora que tengan contratada.
Pobreza y bono social
La principal ayuda relacionada con la pobreza energética en el Estado español se crea hace 14 años y es el bono social eléctrico. Este se ha ido reformando y ampliando, pero lo que no ha variado es que solo pueden ofrecerlo las comercializadoras del oligopolio en su versión regulada, es decir las COR (Comercializadoras de Referencias).
En España hay más de 300 comercializadoras en el mercado libre y sólo 5 en el mercado regulado. Y lo que no es menos relevante, las empresas del oligopolio eléctrico tienen su empresa en el mercado libre y la del mercado regulado.
Desde la empresa del mercado libre realizan todo tipo de campañas de seducción a través de diferentes estrategias comerciales para contratar éstas y no las del mercado regulado, por lo que hay un traspaso permanente de clientes de las unas a las otras. Y con el cambio de compañía los clientes en situación de vulnerabilidad pierden la ayuda y la protección.
Y sucede que cuanta menos información se tiene y más vulnerable se es más probabilidad se tiene de caer en una compañía del mercado libre en la que además de no acceder al bono social, se está más expuesto o expuesta a sobrecargos en la factura (seguros, alquiler de equipos extra, permanencias, entre otros). Además, las COR están cerrando sus oficinas, con lo que se le dificulta el acceso a la contratación y la solicitud del bono social a personas mayores o con capacidades digitales limitadas.
La pobreza energética está relacionada con el estado de las viviendas, los precios de la energía y los ingresos (y gastos) familiares. No solo es una cuestión de suministros energéticos. Sin embargo, asegurar los suministros y evitar el corte es una medida prioritaria por la que entendemos que hay que empezar para garantizar el derecho a la energía.
Al tiempo que se desarrollan políticas de mejora de acceso a la vivienda, a su rehabilitación y a la producción de energía in situ o de proximidad, con instalaciones de autoconsumo y aquellas que permitan hacer un aprovechamiento sostenible de los recursos energéticos cercanos (biomasa, hidroeléctrica, entre otras).
Así que proponemos completar la pregunta de
¿qué pueden hacer las comunidades energéticas para resolver la pobreza energética?
y ampliarla a
¿cómo pueden las CEs contribuir a erradicar la pobreza energética y avanzar en que la energía sea un derecho?
La pobreza energética no es un fenómeno natural aislado, que se puede resolver con un cambio tecnológico. Es consecuencia de un modelo energético concreto y de unas relaciones sociales, económicas y políticas que están en constante cambio. Y es en estos cambios en los que las comunidades energéticas pueden participar ampliando su mirada más allá de los proyectos de autoconsumo.
Hogar beneficiario del bono social no es igual a hogar en situación de vulnerabilidad
Muchas comunidades energéticas (CEs), por iniciativa propia, o como condición de acceso a recursos públicos como cubiertas municipales o subvenciones (como, por ejemplo, el programa CE-Implementa*), tienen previsto ceder una cantidad de energía producida en un autoconsumo compartido con “hogares vulnerables”.
Sin embargo, el criterio de selección de hogares es exclusivamente que estos sean beneficiarios del bono social eléctrico. Y nos encontramos en una situación un tanto peculiar, porque no todos los hogares con bono social son vulnerables, ni todos los hogares vulnerables disfrutan del bono social. Es más, la mayoría de los hogares en situación de vulnerabilidad no lo hacen.
Hay tres categorías de vulnerabilidad en relación con el bono social: vulnerable, vulnerable severo y vulnerable severo en riesgo de exclusión. Para ser beneficiario del bono social bajo la condición de vulnerable los requisitos son los siguientes:
1. Tener contratada una comercializadora de referencia (COR) y disfrutar del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).
2. Cumplir alguno de los siguientes requisitos
• Que su renta o la renta conjunta anual de la unidad de convivencia a que pertenezca sea ≤ 1,5 x Iprem de 14 pagas (Iprem: indicador público de renta de efectos múltiples);
• o bien, que se esté en posesión del título de familia numerosa;
• o bien que el consumidor o todos los miembros que tienen ingresos en la unidad de convivencia sean pensionistas del Sistema de la Seguridad Social (jubilación o incapacidad permanente), percibiendo por ello la cuantía mínima vigente en cada momento, para dichas clases de pensión, y no percibir otros ingresos cuya cuantía agregada anual supere los 500 euros;
• o bien que el consumidor o algún miembro de su unidad de convivencia sea beneficiario del Ingreso Mínimo Vital.
Es decir, que las familias numerosas tienen acceso al bono social independientemente de su renta. Por tanto, mientras las familias numerosas de rentas medias y altas sean beneficiarias de esta ayuda es evidente que el bono social no puede ser el único criterio de vulnerabilidad. Diferentes estudios muestran que solo 2 de cada 10 hogares potencialmente beneficiarios del bono social acceden a él. Y de estos un tercio son familias numerosas.
En resumen
Gran parte de los hogares vulnerables no solo no tiene acceso al bono social, sino que muchos de ellos no tienen el contrato de suministro a su nombre y, en consecuencia, no van a ser susceptibles de recibir el bono social en ningún momento. Entonces, es pertinente preguntarse qué hacer: ¿dejar fuera de los proyectos de las comunidades energéticas que pretenden reducir la pobreza energética a los hogares que ni siquiera acceden a esta protección y que, por tanto, están en una mayor situación de indefensión o buscar otros criterios?
Y, por otro lado, es oportuno preguntarse si esta es una medida que conviene a los hogares en situación de vulnerabilidad o hay otras más urgentes y necesarias. Pues no tienen por qué coincidir las necesidades de las comunidades energéticas con las de las personas en situación de vulnerabilidad.
La pregunta es
¿Cómo pueden ser las comunidades energéticas un instrumento eficaz contra la pobreza energética? Las CEs han tenido un desarrollo desigual en el territorio español. Navarra es la comunidad en la que se han creado más CEs hasta la fecha por habitante, gracias en gran medida al sistema de apoyo que ha creado el Gobierno foral, a través de la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) de Navarra, y del sistema de subvenciones, que incluyen no solo los proyectos de generación, sino la dinamización de procesos participativos para dar a conocer la figura de las CEs y acompañar en los procesos a escala municipal.
Así mismo, Navarra ha desarrollado un marco normativo específico y avanzado tanto en relación con la pobreza energética, como con las comunidades energéticas a través, principalmente, de la Orden Foral para el Fomento de las Comunidades Energéticas y la Ley Navarra de Cambio Climático y Transición Energética.
Precisamente, desde la OTC de Navarra se han encargado varios estudios para dotar de herramientas a las comunidades energéticas con las que puedan promover una sociedad más justa e inclusiva. En estos estudios, disponibles en otcnavarra.es, se recopilan numerosas reflexiones y aprendizajes en torno a estos temas que pueden ser de utilidad tanto para otras CEs, como para las administraciones públicas que quieran promover un ecosistema de comunidades energéticas que vayan más allá de compartir placas (siendo este objetivo tan oportuno, como relevante).
Para la elaboración de los estudios se ha entrevistado a miembros de CEs de dentro y fuera de Navarra que han materializado medidas contra la pobreza energética (CE Torreblanca Ilumina, CE Gares Bide, CE La Bordeta, CE Recicleta, y CE La Tonenca). Así mismo, a entidades sociales que luchan por la igualdad real y de derechos de diferentes grupos sociales (mujeres, personas con discapacidad, migrantes), a profesores de la Universidad Pública de Navarra, y a responsables de la administración pública regional, trabajadoras de los Servicios Sociales de Navarra y a los responsables del Punto Infoenergía de Teder (Grupo de Acción Local de Tierra Estella).
También se ha realizado un cuestionario a todas las CEs de Navarra y un taller participativo sobre pobreza energética. De todo ello, se han extraído unas conclusiones, recomendaciones a las administraciones públicas y 7 líneas de acción estratégica en cada estudio.
Una de las principales conclusiones del estudio es que las acciones de las CEs en materia de pobreza energética tendrán sentido y serán eficaces si responden a las necesidades reales de las personas y familias en situación de vulnerabilidad y si sirven de apoyo para que estas personas ejerzan sus derechos y accedan a las ayudas existentes.
Es conveniente, en consecuencia, que partan del conocimiento de lo que hay ya, de la situación, las herramientas y las entidades del entorno. Se propone en este sentido, que las CEs apuesten por la colaboración con las administraciones locales (no sólo con los Servicios Sociales de Base) y con las entidades sociales existentes.
En los estudios se incluye un capítulo con las ayudas existentes en materia de pobreza energética, así como la visión del fenómeno desde los Servicios Sociales de Base y desde las comunidades energéticas navarras.
Vías de colaboración
Por tanto, una primera línea de trabajo es la de la creación de vías y canales de colaboración a través de los cuales se puedan desarrollar los mecanismos y procedimientos de atención y participación. Respecto a la participación de las personas vulnerables en las CEs, en estos estudios se ha visto que la situación vital de estas personas es muy variada. Es pertinente que las personas en situación de vulnerabilidad tengan la opción de vincularse o no a las comunidades energéticas y que ello no suponga un perjuicio, o la exclusión de un derecho.
Gran parte de las personas en situación de vulnerabilidad están ocupadas en resolver sus necesidades básicas, como el acceso a una vivienda o lograr empleo digno, regularizar su situación o cuidar a personas a su cargo. En estos casos, la participación en las CEs, como miembros activos y de pleno derecho, es muy complicada, incluso cuando se ponen en marcha medidas como la bonificación de las cuotas de participación.
Otra de las conclusiones es que las comunidades energéticas, en lugar de pretender un modelo de implicación de las personas vulnerables ajeno a su realidad, pueden ofrecerles servicios o apoyo en sus necesidades, sean las personas en situación de vulnerabilidad miembros de las comunidades energéticas o no. Es decir, que las CEs pueden proveer de servicios a la comunidad en su conjunto de los que se beneficien las personas en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, esta medida no ha de sustituir a servicios profesionalizados de atención a la ciudadanía, que entendemos han de ser provistos por la administración pública, lo cual supone generar un derecho. En este sentido, son un ejemplo de buena práctica institucional los 13 puntos de Asesoramiento Energético del Ayuntamiento de Barcelona, las Oficinas de la Energía del Ayuntamiento de Valencia y el Punto de Infoenergía de Teder, en Tierra Estella Navarra.
En dichos puntos se tramitan bonos sociales, se colabora con los Servicios Sociales de Base y se atiende tanto a la ciudadanía en situación de vulnerabilidad como a la que no lo está. Son este tipo de puntos los que se entiende pueden promover las comunidades energéticas que los ayuntamientos y diputaciones desarrollen por el territorio, para asegurar la atención profesionalizada de las personas en situación de vulnerabilidad y mejorar el acceso al bono social de la población que hoy por hoy está excluida.
En el estudio publicado, además, se recogen 7 líneas estratégicas de trabajo y las propuestas de acción que han sido identificadas como prioritarias por los diferentes agentes que participaron. Estas líneas son: formación, coordinación y colaboración con otras entidades, información y acompañamiento, compartir energía eléctrica, facilitar el acceso a la energía para usos térmicos, desarrollar servicios compartidos de movilidad**.
Estas líneas de acción y las medidas que las acompañan son propuestas acordes con el estado actual en el que están las CEs, sin pretender establecer una hoja de ruta cerrada ni un abanico con todas las posibilidades existentes. Las comunidades energéticas como entes autónomos y libres, dentro del marco de políticas públicas existentes, han empezado por materializar autoconsumos compartidos, pero su desarrollo está por articular en base a las inquietudes y posibilidades de sus miembros.
*En el Programa CE Implementa, en varias de sus convocatorias, se asignan hasta 2 puntos en función de la participación como socios o miembros de la comunidad, así como del impacto sobre, consumidores vulnerables, consumidores vulnerables severos o consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social, definidos como beneficiarios del bono social eléctrico.
** Estudio estratégico sobre participación diversa en las CEs de Navarra; Estudio estratégico sobre pobreza energética en las CEs de Navarra
Bibliografía
Dossier Economistas Sin Fronteras sobre Transición Ecosocial Justa (nº 52. Invierno 2024). ¿De qué hablamos cuando hablamos de una transición ecosocial justa? Por Yayo Herrero. Energías renovables, conflictos y transición ecosocial: aportaciones para un cambio de rumbo. Por Alba del Campo
• Este trabajo periodístico, que firma Alba del Campo, periodista y consultora en transición y pobreza energética en el ámbito local, ha sido originalmente publicado en la versión de papel (octubre de 2025) de la revista Energías Renovables (ER245), cuya versión PDF puedes descargar gratuitamente aquí
