Entre las actuaciones previstas destacan la garantía de suministro para consumidores vulnerables y electrodependientes, la mejora del acceso al bono social, la prohibición de determinadas prácticas empresariales y el impulso de la rehabilitación energética en viviendas de familias con bajos ingresos.
La nueva propuesta es fruto de un proceso de diálogo que ha contado con la implicación de agentes sociales, el sector académico, administraciones públicas, entidades del tercer sector y, de manera inédita, con la escucha directa de hogares en situación de vulnerabilidad. Ahora, el ministerio abre un plazo de consulta pública hasta el 10 de octubre, durante el cual ciudadanos e instituciones podrán enviar aportaciones a través de la web del ministerio.
El nuevo plan surge tras un periodo marcado por la pandemia de la Covid-19 y la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, que obligaron al Gobierno a adoptar medidas de urgencia como el mecanismo ibérico, la rebaja fiscal a la energía o el refuerzo del bono social eléctrico, que llegó a cubrir hasta el 80% de la factura.
Joan Groizard, secretario de Estado de Energía: "Hoy los consumidores vulnerables están mejor que hace cinco años, pero sigue habiendo mucho trabajo por delante. Por eso hemos lanzado a participación pública una nueva estrategia de pobreza energética con horizonte temporal a 2030 que tiene un objetivo muy claro: garantizar un derecho básico el acceso a la energía".
Reducción de la carga energética
Gracias a estas medidas, el precio de la electricidad en España ha pasado de situarse por encima de la media europea a estar por debajo. Según los datos del MITECO, la carga energética por hogar medio –el porcentaje de ingresos destinado a energía– se ha reducido un 3,5% desde 2018, pasando de 1.111 a 1.072 euros anuales. En los hogares con menores ingresos, la rebaja alcanza el 24,7%.
Cuatro ejes de actuación
La ENPE 2025-2030 se articula en torno a cuatro ejes principales:
Caracterización de la pobreza energética: creación de un Observatorio que centralice información y facilite la toma de decisiones.
Protección de los consumidores: incluye cinco medidas, como garantizar el suministro, mejorar la cobertura del bono social y prohibir penalizaciones abusivas.
Mejora de las condiciones estructurales: contempla la rehabilitación energética de viviendas vulnerables, la integración de estos consumidores en comunidades energéticas y la creación de refugios climáticos para mitigar los efectos de las olas de calor.
Comunicación y sensibilización: prevé la coordinación interadministrativa, la creación de puntos de asesoramiento energético y la detección de casos desde la atención primaria en salud.
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