La Proposición ahora impulsada por el Grupo Parlamentario Popular sustituye un proyecto de Real Decreto que el Ministerio de Energía presentó hace cinco meses y cuyo objetivo era el mismo: intervenir el sector eléctrico. Aquella propuesta de Real Decreto recibió numerosas críticas por parte del movimiento ecologista, organizaciones de derecho ambiental como el propio IDMA, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o la opinión pública.
Pues bien, ahora, el Partido Popular vuelve a la carga con otra herramienta -la Proposición de Ley-, pero con el mismo objetivo: elevar poco menos que ad infinitum el número y la complejidad de las condiciones que habrán de concurrir para que el Gobierno le dé el visto bueno al cierre de una central nuclear o de una térmica de carbón. Elevamos las condiciones ad infinitum o... en realidad, hasta el límite mismo de la arbitrariedad.
En fin, que la vía primera de intervención, la de hace seis meses -el proyecto de Real Decreto-, recibió tantos varapalos que parece haber sido abandonada por el Gobierno, que ahora opta por una vía segunda: la de Proposición de Ley, "una artimaña -denuncia el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente- para evadir la participación pública". Según el Instituto IDMA, que es una entidad acreditada ante la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Proposición del PP no contempla criterios de salud o protección del medio ambiente y, además, "sume al sector eléctrico en una situación de inseguridad jurídica, mientras, la necesaria Ley de Cambio Climático y Transición Energética continúa sin tener borrador".
El Instituto recuerda que el proyecto de Real Decreto del pasado mes de noviembre fue valorado de forma negativa "por un contundente informe de la CNMC, que llamó la atención al Gobierno por tratar de modificar la Ley del Sector Eléctrico a través de un Reglamento". Para modificar la Ley con garantías democráticas -señala en ese sentido IDMA-, el Gobierno tendría que haber presentado un Proyecto de Ley; "sin embargo, ha optado por presentar una Proposición de Ley, que elude la obligación de llevar a cabo una consulta pública, dejando en manos de la Comisión parlamentaria la posibilidad de convocar a comparecer a especialistas en la materia, de acuerdo con el artículo 44 del Reglamento del Congreso de los Diputados".
El Instituto IDMA explica que, en todo caso, "esta Proposición de Ley necesitará del apoyo de al menos otro grupo parlamentario para su aprobación" (¿Ciudadanos, PNV?). En caso de salir adelante, se modificaría el artículo 53 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico ampliando los supuestos en que puede denegarse el cierre de una instalación de generación eléctrica. Según el Instituto, "esto supondría en la práctica poner más obstáculos a un plan de cierre progresivo y ordenado de las centrales térmicas de carbón, algo que no tiene sentido en el contexto actual, en el que un gran número de centrales tendrán que cerrar en julio de 2020 y, en todo caso, como máximo en 2030, ya que el estado de nuestro Planeta así lo exige".
Por todo ello -asegura el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente-, "esta propuesta de Ley resulta incoherente en relación con los objetivos climáticos de la UE y el Acuerdo de París"
Este es el análisis legal del texto que hace el Instituto
El nuevo texto crea una situación de "inseguridad jurídica en el sector eléctrico y no tiene en cuenta la salud de los españoles, pues el procedimiento de autorización de cierre contemplado en el mismo no prevé la necesidad de considerar los impactos sobre la salud de las emisiones generadas por las instalaciones que queman combustible fósil".
Además -vienen a apuntar desde IDMA-, en su Proposición de Ley el Gobierno ningunea a todos los organismos que podrían hacerle sombra: la CNMC, cuyo objetivo es "defender el buen funcionamiento de todos los mercados"; la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), cuyo objetivo es "formular la política nacional de cambio climático, de conformidad con la normativa internacional y de la Unión Europea"; y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía, cuyo fin es "contribuir a la consecución de los objetivos que tiene adquiridos nuestro país en materia de mejora de la eficiencia energética, energías renovables y otras tecnologías bajas en carbono".
El Instituto continúa con la lista de agraviados: si Red Eléctrica de España, que es el operador del sistema eléctrico nacional, considera que el cierre de una térmica de carbón o de una nuclear determinada no va a poner en riesgo el suministro, "el Ministerio de Energía -alertan desde IDMA- podrá establecer reglamentariamente las medidas necesarias para hacer posible que la central continúe funcionando, incluyendo un procedimiento de concurrencia competitiva en el que se transmita la titularidad de la instalación".
En España no hay problema de suministro. Todo lo contrario: hay muchas más instalaciones de generación de electricidad que demanda de energía eléctrica. De hecho, por ejemplo, las centrales térmicas que queman gas natural para producir electricidad llevan muchos años funcionando solo en torno al 15% de su potencia. "Hay que recordar -insiste IDMA- que España tiene un índice de cobertura del 1,3, por encima del mínimo de 1,1 establecido por el Ministerio de Energía, por lo que no existe una amenaza real en la seguridad del suministro eléctrico".
Efectivamente, el sistema eléctrico nacional cuenta con una formidable capacidad de generación: más de 100.000 megavatios de potencia instalada, cuando la potencia máxima instantánea peninsular demandada no ha alcanzado nunca siquiera los 46.000 megavatios (el Top Histórico de Demanda en España fue registrado antes de la crisis, el 17 de diciembre de 2007, a las 18.53 horas: 45.450 megavatios. Ese fue el momento -el instante preciso de toda la historia de este país- en el que más electricidad hemos demandado a la vez los españoles, el instante en el que más aparatos enchufamos simultáneamente. El año pasado, por ejemplo, ese Top se quedó en los 40.489 megavatios, marca que fue registrada el 6 de septiembre a las 13.32 horas (véase página 25). En fin, muy lejos siempre de los más de 100.000 megas instalados.
O sea, que el Gobierno difícilmente podría negarle el cierre a una central térmica de carbón arguyendo riesgo respecto de la seguridad de suministro.
¿Conclusión? El Gobierno busca evitar la participación pública, algo que es intolerable en un sistema democrático
Según la directora del Instituto, Ana Barreira, "esta Propuesta muestra la intención de nuestro Gobierno de seguir postergando la acción para hacer frente al cambio climático. Se ha trabajado en la preparación de un Real Decreto y ahora en una Propuesta de Ley, mientras que la necesaria Ley de Cambio Climático y Transición Energética sigue paralizada. Esto denota -denuncia Barreira- una falta alarmante de ambición y visión estratégica por parte del Gobierno, además de un alejamiento de las demandas sociales y las necesidades actuales para proteger nuestro Planeta. Además, el procedimiento elegido busca evitar la participación pública, algo que es intolerable en un sistema democrático".
Sobre el impacto en la salud de las emisiones de las centrales térmicas de carbón (CO2, dióxidos de nitrógeno, dióxido de azufre)
El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente presentó en Madrid hace unos meses un informe -«Un oscuro panorama»- que le pone números a los malos humos del carbón de España. El estudio ha evaluado "los efectos en la salud de las centrales térmicas de carbón en España durante 2014" (las emisiones de 2014 eran, en el momento de la elaboración del estudio, las últimas disponibles) y da dos datos espeluznantes: (1) el carbón causó ese año más de 700 muertes prematuras en España; y (2) los niños son "uno de los colectivos más vulnerables", con 10.521 nuevos episodios de asma detectados y 1.233 casos de bronquitis.
El estudio «Un oscuro panorama» es obra del ingeniero ambiental Massimiliano Patierno y de las abogadas ambientales Olaya Carlota Ruiz-Bautista y Ana Barreira López, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente.
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