La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia acaba de aprobar la resolución que establece los precios de los peajes de transporte y distribución para 2022. Y las cantidades que la CNMC recoge en esa resolución (y que pagaremos todos los usuarios en nuestra factura) son muy similares a los de los años precedentes. 5.255 millones de euros irán a parar a las distribuidoras y prácticamente 1.500 a Red Eléctrica de España. De los cinco mil millones a repartir entre las más de 300 distribuidoras que operan en el país, 4.860 se los van a repartir entre END-D (que es la distribuidora de Endesa), IBE-D (que es la de Iberdrola), UFD (del grupo Naturgy) y EDP (que es la propietaria de Viesgo Distribución, Begasa y E-Redes). Es decir, que cinco compañías y solo cinco se van a repartir el año que viene más de 6.500 millones de euros, según la resolución de la CNMC.
Estos son los propietarios de las compañías referidas
• Endesa SA: propiedad de la compañía italiana Enel, cuyo principal accionista es el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia.
• Iberdrola: los principales accionistas de esta compañía son el fondo soberano de Catar (Qatar Investment Authority, con el 8,71%); el fondo estadounidense Black Rock Inc (con el 5,16%); y el banco público noruego Norges Bank (3,11%).
• EDP Energías de Portugal SA: sus principales accionistas son el estado chino (que controla el 20% de la compañía) y los accionistas principales de Iberdrola, o sea, Qatar Investment Authority, Black Rock Inc y Norges Bank, que suman casi el 13%.
• Naturgy Energy Group: sus principales accionistas son Criteria Caixa (26,7%), Rioja (20,7%), GIP (20,6%), Global InfraCo (la australiana IFM GIF: 12,0%) y la empresa estatal argelina Sonatrach (4,1%).
La alternativa al oligopolio
La Fundación Renovables publicó hace unos meses un informe en el que propone "un dominio público en las redes eléctricas para comenzar a democratizar la energía". Según la FR, (1) "es preciso recuperar la caracterización de utilidad pública de la electricidad al ser un bien de primera necesidad para la sociedad, permitiendo empoderar a la ciudadanía"; y (2) es preciso así mismo la presencia del Estado en la propiedad pública de las redes de distribución y la asunción de las funciones del Operador del Sistema (REE) porque ello "es fundamental para integrar con agilidad el autoconsumo y la generación distribuida". ¿Objetivo último? "Aprovechar la oportunidad de aumentar la independencia energética de la ciudadanía y aumentar su inclusión como eje vertebrador y activo del sistema eléctrico del futuro".
En ese informe (titulado Democratizar la energía como proyecto de país: los Fondos Next Generation EU y las infraestructuras del sistema eléctrico), la Fundación propone aprovechar la oportunidad que nos brindan los fondos Next Generation UE "para llevar a cabo dichos objetivos". Eso sí, aunque la propuesta no bebiera (económicamente) de esas fuentes (de esos fondos), la Fundación Renovables considera que el planteamiento que hace en su informe se podría materializar de la mano de otras vías de financiación, "considerando los numerosos beneficios de aplicarla y los riesgos del modelo continuista actual". Y es que, según la Fundación, a una infraestructura pública no se le exige la misma rentabilidad que a una infraestructura privada, por lo que el coste regulado (este año, más de 6.500 millones de euros) habría de ser necesariamente siempre menor.
Exposición de motivos, o causas que justifican la propuesta de la FR
Uno. Endesa, Iberdrola, Naturgy... entorpecen, en vez de agilizar. A saber: según la Fundación, los propietarios de las redes "son, en muchos casos, más una barrera a la inclusión de agentes distribuidos y diversificados que un medio facilitador". La FR denuncia en ese sentido los "inconvenientes que tienen un gran número de consumidores e, incluso, los nuevos actores, ante esa posición de poder dominante sobre los activos de redes", todo lo cual resultaría incongruente con la transición energética que el Gobierno está presuntamente impulsando a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la recientemente aprobada Ley de Cambio Climático, primera de su género en la historia de España.
Y dos. Otro de los motivos sería el coste, o sea, lo que a la ciudadanía le cuesta el transporte y la distribución: 6.891 millones de euros en 2019. Esa cantidad supone un 38% de los costes regulados, costes que establece el gobierno para pagar determinados productos o servicios, en este caso, el transporte y la distribución de electricidad (ó un 22% del total de la tarifa, o sea, de lo que pagamos en la factura de la luz). Esos casi siete mil millones de euros (7.000 M€) prácticamente se los reparten entre las empresas susodichas y Red Eléctrica de España.
Democratizar la energía como proyecto de país. Fundación Renovables
«Por todo ello, es fundamental que tengamos una política energética que apueste por la inclusión de la ciudadanía, por la electrificación de la demanda de energía de manera progresiva y sostenible, permitiendo garantizar el acceso universal a la energía, un coste de la electricidad más reducido y transparente, una fiscalidad activa y verde, la integración de las renovables en el territorio con criterios de inclusión y que la energía no esté conceptualizada como un negocio y sí como un servicio público, al ser un recurso básico»
«La transparencia y la consideración de la electricidad como servicio público democratiza la energía al permitir a la ciudadanía, como reconoce la Directiva de Renovables, comprar, vender, gestionar, generar y almacenar energía eléctrica, como un derecho inalienable para la sociedad. Para conseguirlo cuanto antes, una de las claves está en aprovechar la modernización y digitalización de la red eléctrica, ante la previsión de una mayor inclusión de fuentes de generación renovables, descentralizadas y distribuidas a lo largo de todo el territorio»
En ese marco discursivo, la Fundación Renovables propone "que el Estado adquiera el papel de inversor, gracias a los Fondos Next Generation EU, con el fin de modernizar nuestras infraestructuras eléctricas y empoderar a la ciudadanía" y, para ello, recoge en su informe las siguientes líneas de actuación:
1. Separar las funciones del Operador del Sistema de la de transportista, recobrando su carácter de servicio público. El Operador del Sistema, como ente público, debería incluir la propiedad de los elementos y las infraestructuras que sean necesarias para la gestionabilidad óptima del sistema.
2. Recuperar la propiedad pública de los activos y de las funciones de la distribución, sobre todo la ligada a los municipios. Entre sus muchos beneficios, esta actuación implicaría evitar los efectos de la concentración de la propiedad de la red, romper la integración vertical del sistema eléctrico y favorecer el autoconsumo y la gestión de la demanda, democratizando la gestión del sistema eléctrico al incluir a la ciudadanía.
3. El perímetro de actuación debería definirse de forma progresiva, es decir, comenzando con las redes de distribución de cercanía, aquellas que son urbanas y municipales y modificando los criterios retributivos del transporte y de las redes de distribución.
4. La garantía de que la modernización y la digitalización de las redes sea un objetivo de servicio público y que el Estado tenga voluntad para llevarla a cabo.
5. Una apertura a diferentes modelos de coparticipación público privada. Se trata de infraestructuras vertebradoras de una realidad local y es importante que las Comunidades Autónomas participen en esta estructura empresarial.
En definitiva, la propuesta de la Fundación Renovables es la de "recuperar la titularidad pública, tanto del Operador del Sistema como de la propiedad, de forma paulatina, de las redes de distribución con el compromiso de modernización y digitalización de estas como base para la activación del consumidor y con el objetivo de conseguir democratizar y diversificar la oferta en autoconsumo, vehículo eléctrico, almacenamiento energético, generación distribuida y comunidades energéticas". Ello supondría -concluyen desde la Fundación- comenzar a poner la energía en manos de toda la ciudadanía.
También Greenpeace
Hace exactamente un año, también Greenpeace se pronunciaba sobre las redes de distribución en su informe Los ciudadanos cuentan. Hacia la electrificación sostenible universal. En él, la oenegé ecologista plantea que la gestión de las redes de distribución, "y respetando el principio de red única", sea asignada periódicamente por concurso y sobre unas bases que no discriminen a ningún postor, sea una empresa municipal, sea una comunidad energética local, sea una cooperativa eléctrica.
Además, Greenpeace propone "regular" la obligación de los operadores de las redes de distribución (con índices objetivos tal y como se hace con la calidad de suministro) "para que actúen en favor del interés general fomentando el acceso en paridad de condiciones a las redes para el desarrollo del autoconsumo, de energías renovables distribuidas, de comunidades energéticas locales, actuaciones de ahorro y eficiencia energética, electrificación inteligente y gestión de la demanda tanto de forma individual como colectiva".
Porque las sospechas (y denuncias) de que esto no está siendo así son innumerables
¿Un ejemplo? Las asociaciones de instaladores y la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Canarias denunciaban hace solo unos meses a Endesa, la propietaria de la red en las islas, por ralentizar “gravemente” sus operaciones: “Endesa –denunciaban los instaladores– incumple los plazos que establece la ley para dar respuesta técnica de solicitudes, puntos de enganche, etcétera”.
A la denuncia se sumaban inmediatamente los colegios oficiales de ingenieros industriales de Canarias, territorio que está viviendo una auténtica revolución energética (de desarrollo de proyectos solares y eólicos) pero en el que Endesa lo controla casi todo: la red y las grandes centrales (térmicas) de generación, esas a las que las nuevas instalaciones renovables están comiéndole allí parte del pastel.
Las denuncias han sido tantas a lo largo de los últimos años que, en el recién aprobado Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, para el fomento del autoconsumo, el Ejecutivo ha introducido varias cláusulas de protección a los usuarios frente a los abusos de las distribuidoras, habida cuenta -apunta explícitamente el legislador- de que "en la práctica, se ha constatado que pueden darse ciertas irregularidades en el cumplimiento de los plazos por parte de las empresas distribuidoras".
Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre
«Con el fin de aumentar la protección de los consumidores y seguir avanzando en la implantación de instalaciones y en la penetración del autoconsumo en los distintos ámbitos -dice literalmente el RDL-, resulta necesario actualizar el actual régimen sancionador aplicable al autoconsumo creando tipos específicos para atajar los problemas existentes, entre los que cabe destacar el alargamiento artificial del proceso de tramitación y alta de las instalaciones de autoconsumo, así como la posible existencia de problemas en la gestión y comunicación de excedentes.
Se trata de incorporar -continúa el legislador- tipos específicos relacionados con el autoconsumo completando de esta manera el régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las empresas comercializadoras y distribuidoras»
El RDL introduce además una cautela más de protección a los autoconsumidores: "una nueva obligación de dichos gestores [las distribuidoras] consistente en disponer de canales de información abiertos para presentar quejas, atender consultas y obtener información relativa a los expedientes de acceso a la red de instalaciones de autoconsumo".
En juego está la transición energética toda. "Una gestión verdaderamente neutra de las redes de distribución -explican desde Greenpeace- es esencial para que la transición energética ocurra a la velocidad adecuada y de forma democrática".
Se da la circunstancia, por otro lado, de que el Consejo de Ministros ha aprobado también en este mes de diciembre otra norma (Real Decreto -RD- 1125/2021, de 21 de diciembre) por la que se destinan hasta 525 millones de euros (subvenciones directas) a las distribuidoras para el periodo 2021-2023 " para la realización de inversiones de digitalización de redes de distribución de energía eléctrica y en infraestructuras para la recarga del vehículo eléctrico con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia".
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