Los dos escenarios eléctricos con los que ha trabajado la Comisión de Expertos dibujan una España con 7.117 megavatios de potencia nuclear activa en el año 2030, como si fuese absolutamente impensable plantear una España desnuclearizada en esa fecha (en ese año, casi la mitad de los reactores españoles rondará por cierto los 50 años de operación). Elegir un escenario 2030 con 7.117 megavatios de potencia nuclear (para analizar a partir de ahí cuánto CO2 emitiría nuestro sistema eléctrico o cuál sería el precio de la electricidad en esa fecha) no quiere decir que la Comisión esté proponiendo una España nuclearizada en 2030. Quiere decir simplemente lo susodicho: que la Comisión ha decidido trabajar con esos escenarios concretos, escenarios que se denominan concretamente de Generación Distribuida (GD) y de Transición Sostenible (TS) y que no ha diseñado la Comisión de Expertos, pues son ambos obra de Entsoe y Entsog, las entidades que agrupan a los operadores de los sistemas eléctricos y de gas, respectivamente, de Europa.
La legislación de la Unión Europea (UE) establece que cada dos años la European Network of Transmission System Operators for Electricity (Entsoe) elabore "un plan decenal de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica, incluyendo una perspectiva europea sobre el escenario futuro de generación". En esta ocasión, por primera vez, Entsoe ha elaborado esos escenarios en colaboración con la European Network of Transmission System Operators for Gas (Entsog). Ambas, que han contado además con las aportaciones de otros actores del sector, han definido un conjunto de escenarios que señalan "posibles hojas de ruta del sistema eléctrico europeo en su conjunto hacia una descarbonización en línea con los objetivos de la UE".
Pues bien, la Comisión de Expertos ha partido de dos de los escenarios (GD y TS) definidos por Entsoe y Entsog. Estos escenarios plantean -porque así lo han decidido los operadores- una evolución del sistema eléctrico europeo -de hoy a 2030- "sin cambios estructurales relevantes", es decir, una evolución que podría ser calificada de conservadora. O muy conservadora, pues (1) congela la potencia nuclear española -7.000 MW- durante más de diez años (España tiene hoy 7 gigas de potencia nuclear y Entsoe/Entsog plantea 7 GW también en 2030), cuando Alemania, por ejemplo, va a desconectar todas sus centrales, todas -casi 10.000 megas- en solo cuatro años; y (2) congela también la potencia termosolar (España tiene hoy 2,3 gigas de potencia termosolar y Entsoe/Entsog plantea 2,3 también en 2030), cuando esta tecnología está triunfando en medio mundo con costes de generación cada vez más competitivos.
Sea como fuere, la Comisión de Expertos presidida por Jorge Sanz (y de la que también forma parte el director de operaciones de Red Eléctrica de España, Miguel Duvison) ha decidido trabajar con dos escenarios que considera "relevantes para el caso que nos ocupa": Generación Distribuida (Distributed Generation, DG) y Transición Sostenible (Sustainable Transition, ST). Se trata en fin de "cuadros", pintados por los operadores, Entsoe-Entsog, y a partir de los cuales se realizan simulaciones -modificando variables- para vislumbrar cuáles serían las emisiones de CO2, cuáles serían los precios de la electricidad, etcétera, en 2030. Es decir, que los 7.117 MW no son la propuesta de la Comisión. Son el cuadro que han pintado los operadores.
Lo que sí dice la Comisión (o al menos los firmantes del informe: 11 autores sobre un total de 14; pues ha habido tres abstenciones) es que "el cierre anticipado de las centrales nucleares supondría un incremento del coste de generación de entre 2.000 y 3.200 millones de euros cada año según el escenario".
Más aún: "las emisiones de CO2 -aseguran los 11 firmantes- se incrementarían en unas quince millones de toneladas de CO2 frente a los escenarios de referencia con hidraulicidad media". En cuanto al intercambio de energía -continúa el informe de las 11 firmas-, el saldo exportador se reduce "llegando a ser importador el intercambio con Francia en el caso de hidraulicidad seca".
Además, respecto a la necesidad de potencia adicional firme para garantizar el índice de cobertura en situación extrema, "esta alcanzaría un valor de 11.700 MW, lo que supone un incremento de 7.100 MW respecto al escenario base en el caso del cierre total del parque" (el parque nuclear con el que trabajan los autores mide precisamente eso: 7.117 MW). [Abajo, DG es Generación Distribuida y ST, Transición Sostenible].
Los 11 firmantes del documento presentado por la Comisión parecen pues muy partidarios de la nuclear hasta 2030
El informe subraya "la gran relevancia de la contribución de la energía nuclear al funcionamiento seguro del sistema eléctrico". Además, "destaca la competitividad de la industria nuclear y capacidad exportadora, así como su impacto socioeconómico". Más aún: la Comisión alude al "elevado nivel tecnológico" del sector nuclear español y a su "experiencia y conocimientos adquiridos durante más de cincuenta años".
Así, "en relación con los distintos desmantelamientos de centrales nucleares que haya que acometer en su día -dicen los 11-, resulta necesaria una planificación adecuada, y con la suficiente antelación, para optimizar técnica y económicamente los recursos disponibles para llevar a cabo, tanto la gestión del combustible gastado, como la ejecución de dichos desmantelamientos".
El único borrón de la nuclear habría que buscarlo así en los residuos. Los autores consideran que "teniendo en cuenta que el valor de la tasa establecida para tal fin no se ha modificado desde su entrada en vigor en el año 2010, y que durante el periodo transcurrido desde entonces la Empresa Nacional de Residuos (Enresa), en los análisis efectuados, ha estimado un incremento de los costes futuros (...) resulta necesaria una revisión del valor de la misma para evitar la generación de déficits".
El documento ha sido aprobado por 11 votos a favor y 3 abstenciones (Jorge Aragón Medina, Cristóbal José Gallego Castillo y Josep Salas i Prat).
Aragón, además, ha emitido un voto particular en el que alude específicamente a lo nuclear. Dice así:
«la mayoría de las propuestas que se recogen en el informe han sido producto de un intenso trabajo de estudio y debate abierto entre los distintos miembros de esta Comisión de expertos, limitado principalmente por las restricciones del tiempo exigido para su realización y por los medios (escasos) de los que ha dispuesto.
Estas restricciones creo que explican, en parte, que el informe aprobado no haya podido, a mi entender, profundizar suficientemente en el desarrollo de otros escenarios alternativos de transición energética, que prestaran una adecuada atención a la reducción de energía nuclear siendo compensada o sustituida con una mayor incorporación de tecnologías renovables, fundamentalmente biomasa, biogás o solar termoeléctrica, que aunque tengan en la actualidad un menor potencial de crecimiento y requieran medidas de apoyo durante algún tiempo, pueden proporcionar energía de respaldo al sistema y contribuir al desarrollo rural y a la cohesión económica y social, cumpliendo con los objetivos europeos a 2030».
Informe «Análisis y propuestas para la descarbonización» de la Comisión de Expertos de Transición Energética
Quién es quién
La Comisión de Expertos está formada por catorce miembros: cuatro de ellos han sido designados por el Gobierno; uno, por cada grupo parlamentario (hay siete grupos parlamentarios); y tres, por ciertos agentes sociales, en concreto, los sindicatos mayoritarios -UGT y Comisiones Obreras- y la patronal, CEOE.
La composición del grupo fue en su momento objeto de numerosas críticas. El PSOE dijo de la Comisión que "no es un grupo de expertos independientes, sino un grupo de representantes de agentes sociales y políticos", mientras que ciertos agentes sociales -asociaciones de consumidores y organizaciones ecologistas- lamentaban su exclusión de la Comisión. También fueron, han sido y son muy sonoras las protestas que ha elevado el movimiento feminista, que ha afeado al Gobierno, a los grupos parlamentarios y a los agentes sociales seleccionados (la Confederación Española de Organizaciones Empresariales -CEOE- y los sindicatos) que no hayan elegido ni una sola mujer a la hora de formar esa Comisión.
La Comisión de Expertos, en todo caso, ha quedado integrada del siguiente modo: Luis Atienza (ex presidente de Red Eléctrica de España, seleccionado por el PSOE), Cristóbal Gallego (miembro del Observatorio Crítico de la Energía, elegido por Podemos), Pedro Linares (investigador de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad, a propuesta de Ciudadanos), Josep Sala y Prat (empresario del sector renovable, elegido por Esquerra Republicana de Catalunya); Txetxu Sáenz de Ormijana (director de Estudios y Planificación del Ente Vasco de la Energía, vinculado al Partido Nacionalista Vasco), el expresidente de Carbunión Óscar Lapastora (vinculado a Foro Asturias) y Diego Rodríguez (Partido Popular).
Los cuatro integrantes de la Comisión que ha elegido el Gobierno han sido Jorge Sanz, Francisco Javier Arana, que ha sido subdirector General de Energía Nuclear con Mariano Rajoy; Ignacio Grangel, exjefe de gabinete de Alberto Nadal cuando este era secretario de Estado de Energía; y el director de operaciones de Red Eléctrica de España, Miguel Duvison. Cierran el grupo el economista Jorge Aragón Medina, director de Investigaciones de la Fundación 1º de Mayo y miembro del Consejo Económico y Social (Comisiones Obreras); José Luis de la Fuente O'Connor, responsable de Vigilancia Estratégica e Inteligencia Tecnológica de Iberdrola (integrante de la Comisión a instancias de UGT); y Guillermo Ulacia (CEOE).
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