La Delegación del Gobierno en Cataluña, sita en el centro de Barcelona, ha sido el escenario elegido para la presentación en público, ayer, de la Red estatal por el Derecho a la Energía, una coalición integrada por hasta 16 entidades sociales y del ámbito energético que quiere instituirse en "la brújula que ha de guiar las políticas en esta materia durante los próximos años". Las 16 entidades (entre las que hay cooperativas, asociaciones de consumidores y organizaciones ecologistas) no son recién llegadas. De hecho, llevan planteando reclamaciones y vindicaciones en este ámbito -el de la pobreza energética- desde el año 2020. Entre ellas, las más emblemáticas quizá son la prohibición de los cortes de agua y energía en los hogares vulnerabilizados o la automatización del bono social, medidas cuya no inclusión en la Estrategia "resulta muy preocupante", según la ReDE.
Así suena el discurso de la recién nacida ReDE
«El Estado español tiene una de las mayores tasas de población de la Unión Europea (20,8%) que no puede mantener su casa lo suficientemente caliente en invierno, como reflejan los datos publicados por la agencia estadística Eurostat (referentes a 2023). Tras analizar el borrador de la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, la ReDE ha concluido que, tal como está redactada, no permitirá abordar la gravísima situación de pobreza energética que afecta a millones de personas en el Estado español»
Los "tejedores" de esta Red han denunciado este miércoles que la nueva estrategia "carece de objetivos ambiciosos, concretos y medibles", por lo que la Red estatal por el Derecho a la Energía presentará un "paquete de alegaciones conjuntas" para que se incluyan una serie de medidas clave que hagan de la Estrategia Nacional de Pobreza Energética "una herramienta realmente útil".
Las 5 medidas clave que reclaman desde ReDE que se incluyan son las siguientes
• Prohibición explícita de los cortes de suministro a hogares vulnerabilizados y condonación de la deuda acumulada, tanto para liberar a los hogares vulnerabilizados de una carga financiera inasumible, como para permitir su inclusión en itinerarios de acceso seguro y estable a la energía.
• Automatización total del Bono Social eléctrico, eliminando trámites complejos y mejorando la coordinación entre servicios sociales y empresas para asegurar que ningún hogar elegible quede fuera del beneficio, así como la ampliación de los descuentos actualmente disponibles.
• Redefinición de “cliente vulnerable” para que incluya a los hogares en situación de vulnerabilidad, estén o no en una comercializadora del mercado regulado y estén o no acogidos al Bono Social. Entre el 60 y el 80% de los potenciales beneficiarios del Bono Social -denuncian desde ReDE- no lo tienen aplicado, por lo que quedan injustamente excluidos.
• Destinar programas específicos y recursos propios a la rehabilitación energética de viviendas de hogares en situación de vulnerabilidad, en lugar de integrarlos únicamente en programas generales abiertos a toda la población, ya que estos últimos no han resultado eficaces para llegar a estos hogares.
• Participación efectiva y vinculante de la ciudadanía y de las entidades sociales en los espacios de toma de decisiones, acompañada de mayores niveles de transparencia y accesibilidad.
La ReDE se manifiesta "particularmente preocupada" por la omisión de la prohibición de cortes en el borrador de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. La prohibición temporal de cortes de suministro, que se ha ido prorrogando desde 2020, es "un dique de contención imprescindible -señalan desde la Red- para evitar una ola de cortes sin precedentes".
Actualmente, la vigencia de esta medida caduca el 31 de diciembre de 2025. Las 16 entidades han reclamado al Gobierno que sea claro respecto a su voluntad de mantener esta medida clave. La recién creada Red estatal por el Derecho a la Energía ha asegurado que realizará un seguimiento activo de todas las medidas y presionará "tanto como sea necesario para lograr que todo el mundo tenga garantizado su derecho a la energía".
Organizaciones que forman parte de la ReDE
Aeioluz, Alianza contra la Pobreza Energética, Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Coalición por la Energía Comunitaria, Ecodes (Fundación Ecología y Desarrollo), Ecologistas en Acción, Ecoserveis, Energía Bonita, Enginyeria Sense Fronteres, Intiam Ruai, La Palma Renovable, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Socaire, Torreblanca Ilumina, Unión Renovables, Xarxa per la sobirania energètica.
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