Ocho de cada diez consumidores le pagan la luz a una de estas cuatro empresas: Iberdrola, Endesa, Naturgy y Total. Porque Iberdrola, Endesa, Naturgy y Total se reparten el 77,7% del pastel de los "puntos de suministro del mercado libre eléctrico". El mercado del gas está más concentrado aún (y lo está en las mismas empresas): Naturgy, Endesa, Iberdrola y Total suministran al 90,6% del total de los puntos. Hasta ahí, los datos que hizo públicos el pasado mes de diciembre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. A partir de aquí, los datos de los propietarios de esas empresas. Los principales accionistas de Iberdrola son el fondo soberano de Catar (nación que pasa por ser una de las grandes vendedoras de gas a España), el banco público noruego Norges Bank (Noruega, Francia y Rusia son nuestros principales vendedores europeos de gas) y el fondo estadounidense BlackRock. Endesa es propiedad del Grupo Enel, consorcio italiano cuyo principal accionista es el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Italia. Naturgy (antes conocida como Gas Natural) es la gran compañía gasística del escenario energético nacional y cuenta entre sus accionistas a la empresa estatal argelina Sonatrach (4,1%). Y, por fin, el principal accionista de la multinacional francesa Total es BlackRock, que es así mismo uno de los principales accionistas de Iberdrola y, también, de EDP.
Hasta aquí, los protagonistas: los que venden la luz y el gas, y los que la compran
O sea, por una parte, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española: Anfac (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento) y Unesid (siderurgia). Y, por otra, las multinacionales (Total, Naturgy, Endesa, Iberdrola) que le están vendiendo el gas y la electricidad a la industria patria. Según la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, la escalada de los precios de la energía, que en cierta medida está siendo fruto de la coyuntura internacional, se está viendo agravada en España "por la ausencia de ofertas de suministro eléctrico a plazo, a precio fijo y razonable". El problema, además, no tiene visos de solución, pues las previsiones apuntan -explican desde la Alianza- a van a persistir "niveles muy elevados de precios en los mercados eléctrico, gasista y de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a lo largo del presente año".
Así las cosas, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha difundido hoy un comunicado en el que ofrece al Gobierno su colaboración "para implementar nuevas medidas a corto, medio y largo plazo, adicionales a las ya adoptadas por parte de la Administración española, ante la evolución de los mercados y dado que en el ámbito industrial no han producido el efecto deseado". El diferencial de precios medios de los grandes consumidores -señalan desde la Alianza- no deja de crecer "y pone en riesgo no solo la reindustrialización sino el mantenimiento de la actividad".
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha aprovechado el comunicado difundido hoy para manifestar por otro lado su oposición a la adopción del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico "en sus actuales términos, más gravoso si cabe en una situación como la actual".
El Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico
El Consejo de Ministros del 15 de diciembre de 2020 aprobó un anteproyecto de ley que prevé (todavía no ha sido aprobado) la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Lo que grosso modo plantea esa medida es sacar las ayudas a las energías renovables de la factura de la luz (las coloquialmente conocidas como primas son ahora costeadas, vía factura, por todos los consumidores) y que sean otros "sujetos obligados" quienes las costeen.
La propuesta que hace el Ejecutivo en su anteproyecto es que, a partir de ahora (cuando se apruebe definitivamente esa Ley del Fondo), las primas a las renovables (algo más de 5.500 millones de euros, M€) y a la cogeneración, o sea, al gas (algo menos de 1.500) sean costeadas por las comercializadoras de gas y de electricidad; los operadores de productos petrolíferos al por mayor; los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor; y los consumidores directos (al por mayor) de los productos anteriores.
Grosso modo, la idea es que "quien contamina, paga". O sea, que pagan los que venden esos productos y pagan los que los compran al por mayor esos productos. Y lo que pagan es lo que reciben las energías renovables, esos 5.500 millones de euros, porque son energías que no contaminan, no emiten gases contaminantes (desencadenantes de cambio climático) ni impactan en la salud de las personas, que sí que padecen o pueden padecer trastornos respiratorios como consecuencia de la contaminación atmosférica.
¿Resultado de sacar de la factura ese coste -hasta ahora pagado por todos los consumidores- e imputárselo a esos nuevos "sujetos obligados"? Pues una bajada del precio de la luz del 13%, según el Gobierno.
Pues bien, la Alianza (en la que se integran industrias grandes consumidoras que en el futuro, si se aprueba ese Fondo, serán "sujetos obligados") no quiere pagar ese coste que ahora pagamos todos los consumidores en la factura de la luz. "No es este el momento para su puesta en marcha", dice en su comunicado la Alianza.
A cambio, propone otras medidas. Las siguientes
• es urgente celebrar las subastas de tecnologías inframarginales previstas en el Real Decreto-ley 17/2021, siendo ésta una de las vías para la necesaria potenciación de la firma de contratos bilaterales a precios competitivos. Dichas subastas deben estar dirigidas a los consumidores industriales, con independencia de que sean consumidores directos.
• es necesario adoptar medidas que faciliten la máxima liquidez a los consumidores industriales, para los que la evolución de los precios está ocasionando muy serios problemas de circulante. Por ello, la Alianza solicita la "habilitación de mecanismos para la cobertura de riesgos y garantías de contratos de electricidad, en línea con lo ya contemplado en el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas".
• esta urgencia es también extensible a la convocatoria para 2022 de ayudas a consumidores electrointensivos. A este respecto, la Alianza considera necesario subrayar también la urgente evolución del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, incorporando políticas de compensaciones y peajes equivalentes a las aplicadas en Alemania y Francia y a las que están en vías de adopción en otros países europeos. La primera medida a incorporar sería la compensación del 80% de los peajes de transporte del sistema eléctrico, que se aplica ya en ambos países y cuenta hace años con el plácet comunitario.
• es imprescindible acelerar la publicación de la convocatoria de 2022 de ayudas para la compensación de costes indirectos de CO2, garantizando que se aporte el volumen máximo de compensación permitido por las autoridades comunitarias, como ocurre en los principales Estados miembros industrializados de la UE con los que competimos.
• la Alianza por la Competitividad de la Industria Española solicita también la reducción urgente de los tipos aplicados en España al impuesto especial de hidrocarburos al mínimo habilitado por la normativa europea.
• por lo que respecta a los costes regulados de gas, la Alianza considera urgente emplear el superávit registrado de su recaudación en 2021 en la reducción de los peajes y cánones de gas para 2022.
• en el ámbito europeo, urge incrementar el volumen de derechos de emisión en el mercado para favorecer la bajada de precios del derecho, en máximos históricos en los últimos meses y sin perspectiva de retornar a niveles previos. Además, ha de limitarse la participación de operadores no naturales en este mercado. La Comisión Europea y los Estados miembros deben actuar a la mayor brevedad, evitando que la competitividad de las industrias quede en manos de la especulación.
Medidas en el corto plazo: para empezar, transparencia
Entre las medidas adoptadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en septiembre pasado, la Alianza recuerda que se incluye la "recopilación de información adicional para lograr un conocimiento más profundo del funcionamiento del mercado energético". Pues bien, en línea con ese objetivo -destaca la industria española-, "resultaría de gran interés la publicación de las ofertas por tecnologías, sin desvelar las ofertas individuales de los productores, adicionalmente al ya conocido precio de casación".
En el corto plazo, la Alianza propone el desarrollo de un Estatuto del Consumidor Gasintensivo, con medidas de apoyo a las industrias intensivas en consumo de gas. "Ha de facilitarse también la participación de los consumidores industriales en los distintos mercados eléctricos y mecanismos de capacidad previstos por la Administración".
También en el corto plazo y en el marco de los apoyos en curso a la transición energética, la Alianza considera que se debe incorporar una línea de incentivos permanente -sin repercusión en costes regulados- para promover la inversión en instalaciones de generación y almacenamiento en autoconsumo, específicamente orientada a las empresas industriales.
Resulta también urgente posibilitar y facilitar el acceso a los nudos de la red de transporte y distribución eléctrica de los proyectos industriales de generación eléctrica en la modalidad de autoconsumo con venta de excedentes, ya que dichos proyectos, algunos en ejecución, se encuentran bloqueados y paralizados en la actualidad.
En el ámbito de la fiscalidad energética, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española estima necesario suprimir definitivamente el Impuesto sobre el Valor de Producción de la Energía Eléctrica, que incrementa un 7% el precio mayorista y que no está implantado en ningún otro Estado Miembro de la Unión Europea. Y prorrogar al menos al conjunto de 2022 la reducción del Impuesto Especial de Electricidad hasta el 0,5%.
Medidas a medio y largo plazo
A medio y largo plazo, en el ámbito internacional, el vigente modelo de mercado mayorista eléctrico europeo -apuntan desde la Alianza- debe optimizar su funcionamiento, planteando los mecanismos necesarios para que no ponga en riesgo tanto el futuro de la industria y de la economía en su conjunto como la propia viabilidad de las políticas en la lucha contra el cambio climático.
Alianza por la Competitividad de la Industria Española
«Algo no funciona bien cuando, pese a que hemos alcanzado niveles históricos en la generación con tecnologías no emisoras -con renovables que deberían abaratar los costes energéticos-, tenemos los precios mayoristas más altos de la historia. Los trabajos en curso por parte de ACER (Agencia para la cooperación de los reguladores energéticos) al respecto son una oportunidad para identificar y debatir los necesarios cambios»
La Alianza también es partidaria, "igualmente en el largo plazo", del incremento de las interconexiones eléctricas, que debe ser -considera- un objetivo ineludible del Gobierno de España y de la propia Unión Europea, "potenciando nuevos proyectos, realizados con la debida eficiencia y a coste competitivo, ya que dicho coste se incorpora a los peajes eléctricos".
La industria española considera por fin que "es preciso reabrir el debate en torno al futuro de la generación eléctrica a partir de energía nuclear". La experiencia de los últimos meses -concluye el comunicado- ha demostrado la relevancia de su aportación al mix en cuanto a energía de base, fiable, descarbonizada e independiente de las fluctuaciones en los mercados energéticos internacionales.
Datos Clave de la Alianza
Según la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, sus empresas generan el 50% del Producto Industrial Bruto y 2,9 millones de empleos directos, indirectos e inducidos y realizan el 55% de las exportaciones industriales y el 60% de las inversiones en I+D+i.
Artículos relacionados
• La concentración en el mercado eléctrico nacional (transporte y distribución): estas son las cinco eléctricas que se han embolsado más de 30.000 millones de euros en los últimos cinco años
• Estos son los operadores principales y los operadores dominantes del sector energético español
Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, la fiesta de las renovables, o el festín de las fósiles, por José María González Vélez
• El nuevo Fondo, "una reforma estructural"
José Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola: “Nuestro compromiso es seguir apoyando a la industria española"
• Aquí están los principales accionistas de las compañías energéticas que controlan el mercado español
