Objetivo poco ambicioso. Es la valoración más recurrente. Muchos actores del sector energético nacional consideran muy pobre ese -32%. Entre ellos, la Fundación Renovables, probablemente el colectivo de expertos en energía más prestigioso del país, que considera que la ambición del Gobierno en el Pniec, en lo que eso se refiere -en lo que respecta a la meta 2030 de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero- ha sido “muy escasa (...), esta es una cifra insuficiente y alejada de la realidad europea –dicen–, ya que Bruselas plantea alcanzar, para finales de década, un recorte del 55% de las emisiones, como también proponemos desde la Fundación Renovables” (-55% con respecto a lo emitido en 1990 y no -32%, como ha dejado escrito el Gobierno en su Plan). Alianza Verde, el partido ecologista que lidera Juantxo López de Uralde, autor principal de la primera Ley de Cambio Climático de España, que aprobara el anterior Gobierno de coalición (PSOE-Podemos), coincide: “un 32% es claramente escaso, quedándose muy lejos del 55% que pide la ciencia para evitar un aumento de temperatura media global mayor a 1,5 ºC, una cifra ya asumida por la propia Unión Europea”. Greenpeace abunda sobre el particular y plantea un 100% de renovables para el sistema eléctrico nacional 2030. El 81% que ha fijado el Gobierno en el Plan ahora aprobado “se queda muy lejos –sostienen los ecologistas– de la velocidad necesaria y de lo indicado por la ciencia”.
La oenegé del arco iris publicó por cierto en 2007 el informe Renovables 100%, en el que ya planteaba una España cien por cien renovable. La aportación de las fuentes limpias de energía era aquí entonces de apenas el 20%, mientras que este pasado mes de agosto la cuota REN en el mix ha rondado los sesenta puntos (58,1%), lo que supone que casi se ha triplicado la aportación de electricidad limpia al sistema eléctrico nacional. Desde aquel año 7 y hasta hoy, además, han madurado las tecnologías de generación de electricidad limpia hasta el punto de que ahora mismo la inmensa mayoría de las nuevas instalaciones de producción de electricidad que se ponen en marcha en todo el mundo son renovables (sobre todo eólicas y fotovoltaicas). En fin, que “se debería haber aspirado al 100%”, insisten desde Greenpeace.
Los ecologistas recuerdan además que el Ministerio para la Transición Ecológica abrió hace más de un año a consulta pública (y para la presentación de alegaciones) el borrador de Plan (un borrador que el propio Ministerio reconoce ha recibido más de 3.000 alegaciones). “El Gobierno ha tenido más de un año para mejorar el Plan, pero no ha aprovechado ese tiempo –denuncia Greenpeace– ni para desarrollar un proceso participativo en el que todas las partes interesadas pudieran intercambiar conocimientos, experiencias y expectativas, ni para introducir nuevas medidas y conseguir así aumentar la reducción de emisiones”.
La Fundación Renovables comparte criterio: el texto del Pniec finalmente aprobado “apenas atiende las demandas de la sociedad civil y de los sectores involucrados en la transición, a pesar de haber tardado más de un año en actualizar el borrador”, dicen.
La Fundación echa de menos por otro lado medidas de seguimiento: “es necesario que esta estrategia [en referencia al Pniec], clave para la transición energética española, aumente el grado de concreción de sus medidas y plasme compromisos numéricos en un calendario anualizado hasta 2030. Además, para conseguir que los objetivos se cumplan, es necesario –proponen– crear una oficina de seguimiento y control de carácter independiente y que implique a los actores sociales”.
La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) también echa en falta “medidas concretas”, que permitan por ejemplo “atraer el alto volumen de inversiones necesarias”. Y en ese sentido además lanza una doble advertencia: (1) “eólica, autoconsumo y biomasa se encuentran muy alejadas de la senda marcada por el Pniec”, a la par que destaca por otro lado su extrañeza ante (2) “el incremento de objetivos en hidrógeno renovable”, que contrasta con las “insuficientes metas en biometano”.
APPA coincide ahí con la Fundación Renovables, que directamente califica de “incomprensible” que el Pniec 2030 fije para ese año como objetivo los 12.000 megavatios de electrolizadores (para producir hidrógeno renovable), desoyendo las advertencias de los expertos. “El propio Tribunal de Cuentas de la Unión Europea comunicó en el mes de julio –recuerdan desde la FR– que las inversiones previstas para esta tecnología no se estaban basando en un análisis sólido ni realista”.
La Fundación lleva tiempo denunciando el riesgo que supone sobrefinanciar la producción de hidrógeno: “consideramos que esta fuente de energía debe utilizarse únicamente allí dónde la electrificación no puede llegar, es decir, producción industrial y transporte pesado; es incomprensible que el nuevo plan contemple grandes inversiones en esta fuente de energía”. El riesgo que vislumbra la Fundación, y muchos otros actores del sector, es el de varamiento de los activos.
APPA comparte mirada: “resulta sorprendente –añade explícita la asociación decana del sector– la ampliación de los objetivos referentes al hidrógeno, tecnología aún alejada de su competitividad, cuando el biometano no sólo da solución a problemas existentes de residuos, sino que, adicionalmente, puede integrarse directamente en las infraestructuras de transporte y los procesos industriales existentes”.
Otra crítica clave en el discurso de APPA se refiere a las “renovables térmicas”, es decir, a esas (biomasa, termosolar) que deben sustituir el gas que emplean las fábricas para producir el calor que necesitan sus procesos industriales, a esas (biomasa, bomba de calor) que deben sustituir el gas natural que emplean las familias en casa para proveerse de calefacción y agua caliente, esas (biocombustibles, coche eléctrico) que deben sustituir los combustibles fósiles que consume el vehículo con motor térmico de combustión.
La electricidad –concreta APPA– supone únicamente un 24,7% de la energía final (dato de 2023), por lo que, con ese 81% de objetivo que marca el Pniec para el sistema eléctrico nacional, las renovables eléctricas sólo representarían el 20% de la energía final, siendo necesario cubrir el restante 28% (para alcanzar el 48% objetivo renovable de consumo de energía final que marca el Pniec) con (1) nuevos consumos eléctricos renovables, (2) mayor cuota de renovables en el transporte y (3) una mayor presencia de calor y frío renovables. Y ahí la Asociación alerta: “las renovables térmicas deberían multiplicarse por tres en los próximos seis años, algo que se antoja realmente complicado de llevar a cabo”.
[Bajo estas líneas, tabla resumen del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) 2030, que fija dos objetivos renovables clave: alcanzar el 81% de cuota REN en el mix eléctrico nacional (ahora mismo estamos en el 50,3%); y alcanzar el 48% de aportación renovable sobre el consumo final de energía (ahora estamos en el 23,8%)].
APPA lo tiene claro: “la electrificación y descarbonización de la industria es fundamental, así como el impulso de los biocarburantes, una mayor presencia del vehículo eléctrico y una apuesta decidida por las tecnologías renovables térmicas y también por los gases renovables, con el biometano como la solución más cercana en el tiempo para descarbonizar los procesos de altas temperaturas”.
El gas fósil (el objetivo que el Pniec establece para el gas natural en el horizonte 2030) es también objeto de mirada crítica por parte de Greenpeace, que denuncia la escasa ambición que ha manifestado el Gobierno en el Pniec en lo que se refiere a la desconexión de las centrales de ciclo combinado, que queman gas natural para generar electricidad.
“El nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima no incluye –denuncian los ecologistas– medidas adicionales para acelerar el abandono del uso de gas, carbón y petróleo, como un calendario ordenado de cierre de centrales térmicas de gas o un plan de abandono de subvenciones a los combustibles fósiles”.
En el otro plato de la balanza se sitúan la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y La Asociación Empresarial Eólica, que han recibido con entusiasmo los números que prevé el Pniec para ambas. Para la eólica el objetivo 2030 que ha fijado el Gobierno es 62.054 megavatios (MW). Ahora mismo hay poco más de 31.000. O sea, que estaríamos hablando de doblar potencia en seis años. Para la fotovoltaica (FV), exactamente lo mismo: ahora mismo hay alrededor de 38.000 megavatios de potencia instalada (entre parques sobre suelo y autoconsumos) y el objetivo 2030 es 76.000, o sea, el doble.
UNEF considera “ambicioso” el reto de duplicar la potencia solar instalada en seis años, pero asegura que “es posible” alcanzar ese objetivo “si tanto la sociedad como la industria fotovoltaica siguen colaborando en buscar soluciones que den respuesta a los desafíos que enfrenta el sector”. De entre ellos, la asociación destaca tres: (1) la aceptación social (en los últimos meses han aparecido varias plataformas de oposición a la instalación de parques solares en algunos territorios); (2) la electrificación (cuantas más demandas estén electrificadas –el vehículo eléctrico, las calefacciones, la producción de calor en la industria– más fácil será atraer inversores interesados en poner en marcha nuevos parques solares, porque lo cierto es que ahora mismo la demanda no crece); y (3) el almacenamiento, que es la solución a la condición diurna de la solar, que produce mucho, cada vez más, durante el día, pero que se queda a cero al llegar la noche (que es precisamente cuando más crece la demanda y mejor se paga el megavatio hora).
Con respecto al primero de los retos (aceptación social) también se ha pronunciado estos días la Fundación. Es más, la FR considera que el Gobierno debe elaborar todo “un plan de actuación, información y concienciación” destinado a atajar el problema de la aceptación social y, así mismo, el de la pobreza energética. Simultáneamente –añaden desde este think tank–, “también urge que el Gobierno trabaje para establecer zonas de aceleración, donde las tecnologías renovables puedan instalarse con la menor afección social y ambiental posible”, pero a la velocidad que requiere el reto del cambio climático.
“Es crucial que la sociedad comprenda los beneficios de los proyectos fotovoltaicos –coincide UNEF–, que estos se localizan en lugares adecuados y que no representan una amenaza para la seguridad ni para el desarrollo rural. Al contrario, ofrecen una oportunidad significativa para estas zonas”.
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) también ve viable –”objetivos alcanzables”, ha dicho literalmente– doblar en seis años sus actuales 31.000 MW. Eso sí: advierte que, “para alcanzar estos objetivos es necesario acelerar el ritmo actual de tramitación e instalación (...), con un desarrollo que sea lineal, ágil y ordenado hasta 2030, y con un enfoque que tenga en consideración toda la cadena de valor ubicada en nuestro país”.
O sea, que lo que está planteando AEE es que las subastas que vaya a convocar el Gobierno no solo atiendan al mejor precio sino que, además, tengan en cuenta si las piezas de los parques eólicos están fabricadas en suelo patrio o deben ser importadas desde allende Pirineos con la consiguiente mochila de CO2. En fin: que la propuesta es añadir criterios socio-ambientales a los estrictamente económicos para adjudicar la potencia que se someta a subasta.
AEE sintetiza su discurso en estas “5 líneas de actuación para alcanzar los Objetivos a 2030”.
• una mayor agilidad, coordinación y simplicidad en la tramitación de proyectos eólicos;
• poner en marcha mecanismos de incentivo de la electrificación para alcanzar los niveles de demanda eléctrica acordes a la senda del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2030 y solventar las tensiones de precios bajos motivados por el desequilibrio de demanda y oferta;
• seguir trabajando en los territorios para una buena convivencia de la eólica con la sociedad y el medio ambiente (coincidiendo ahí con la FR y UNEF);
• un diseño evolucionado de las subastas de energía renovable que tenga en cuenta criterios y estándares de valor añadido más allá del puro precio, con cupos por tecnologías y enfocadas a maximizar la descarbonización del mix;
• la aplicación de medidas de política industrial que velen por la cadena de valor “made in and by Europe”, el refuerzo de las capacidades de la cadena de valor española y la vigilancia del cumplimiento de las reglas de comercio internacional para evitar prácticas anticompetitivas.
El sector eólico español presume de contar con “el 100% de la cadena de valor ubicada en nuestro país”, es decir, que no depende de las importaciones de torres, turbinas o palas de aerogenerador, pues esos y todos los demás componentes de un parque eólico (el 100%, insisten) son producidos en fábricas que se encuentran en territorio nacional (multinacionales del sector como Siemens, Vestas, General Electric, Acciona o Nordex llevan muchos años instaladas en España).
Y la FV... pues casi, casi. Porque no alcanza el 100% (su falla son las placas solares), pero sí el 90, según UNEF, que recuerda que en España hay fabricantes de inversores solares, de seguidores, de estructuras-soporte, e ingenierías, e instaladoras y, por supuesto, el recurso (el Sol), por todo lo cual el sector se ve perfectamente capacitado para duplicar la potencia del parque nacional FV en los seis años que restan hasta el 2030 horizonte.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Actualización 2023-2030, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 24 de septiembre, es la hoja de ruta hacia la descarbonización de la economía española. El hito 2030 es 195,2 millones de toneladas equivalentes de CO2 (ese sería el crédito en carbono, ese sería el objetivo de máxima emisión de gases GEI de la economía nacional ese año). El hito último de esa ruta, año 2050, sería el cero ceodós. "España se ha fijado como objetivo -dice el propio Pniec, página 9, alcanzar la neutralidad climática antes de 2050, tal como se recoge en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética". Bajo estas líneas, reproducimos la tabla que el Pniec incluye en su página 28.
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Actualización 2023-2030. Aprobado en Consejo de Ministros el 24 de septiembre de 2024
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