PP y Vox esperan el apoyo de Junts para derogar el calendario del cierre nuclear

La central nuclear de Vandellós I, fuera de servicio (tras un accidente) desde 1989, no ha alcanzado aún siquiera la fase 3 de desmantelamiento, que comenzará en 2030, es decir, 41 años después del incendio que obligó a su desconexión. El desmantelamiento del parque nuclear nacional tiene muchos años de trabajo por delante. El séptimo Plan General de Residuos Radioactivos, aprobado en diciembre del 23, maneja el horizonte del año 2100. Pues bien, en ese marco, de plazos dilatadísimos de desmantelamiento post-cierre (a la parada de los reactores le van a seguir hasta décadas de trabajo para el sector), el Partido Popular lleva hoy su propuesta de prorrogar la actividad nuclear al Congreso. No es la primera: el pasado mes de febrero ya presentó una "proposición no de ley" (PNL) contra el calendario de cierre de las centrales nucleares, que fue aprobada por una diferencia de siete votos en sesión parlamentaria (votaron a favor de esa prórroga PP, Vox y el diputado de UPN; se abstuvieron Junts y Esquerra).

La PNL fue en fin aprobada con 171 votos a favor, 164 votos en contra (PSOE, Sumar, EH Bildu, PNV, Podemos, Bloque Nacionalista Galego y Coalición Canaria) y 14 abstenciones (las de Esquerra Republicana de Catalunya y Junts per Cat). La PNL aprobada, que no es vinculante, instaba, insta, a "ampliar la vida útil y mejorar la seguridad en las centrales nucleares". La resolución proponía prorrogar la operación de las nucleares españolas (hasta 80 años de operación de las mismas). [Bajo estas líneas, a la derecha, calendario de cierre acordado (en 2019) entre las empresas privadas propietarias de las centrales nucleares y el Gobierno de España].

Haciendo historia
La votación de hoy es un paso más en la ruta del retorno nuclear del PP, un paso en dirección contraria a la acordada a finales de la década pasada. El Gobierno (concretamente la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos SA, Enresa) y las compañías eléctricas propietarias de las centrales (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) acordaron en marzo de 2019 un "protocolo de cese ordenado de explotación", que incluye un calendario de cierre para todo el parque nuclear nacional (Almaraz 1 debe cerrar en 2027, Almaraz 2, en 2028; los otros cinco reactores habrán de hacerlo entre esa fecha y el año 2035).

La prórroga de la actividad de cualquier central se traduce automáticamente en un mayor contingente de residuos nucleares a tratar. Según la organización Ecologistas en Acción, los residuos radiactivos de alta actividad, el combustible gastado, que produce el parque nuclear, aumentan del orden de 125 toneladas de uranio por año de funcionamiento. Y la tasa sobre la electricidad nuclear, con la que se financia el Fondo de Residuos Radiactivos -añaden desde Ecologistas-, es "insuficiente" para asegurar que el Estado no tenga que poner dinero para esa gestión cuando las centrales ya estén cerradas. Hasta 2005 -recuerda esta oenegé- las empresas no pagaron por sus residuos, sino que lo hizo la ciudadanía a través de su recibo de la luz.

[A la derecha de estas líneas, costes totales de la gestión de los residuos radiactivos, en miles de euros de 2023, para el periodo 1985-2100, según el 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Gobierno de España). El sistema de gestión de Residuos Radiactivos y Combustible Gastado, incluido el desmantelamiento y clausura de instalaciones nucleares, dispone de un sistema de financiación que se fundamenta en el principio de que “quien contamina, paga”, y que se basa en dotaciones al denominado “Fondo para la financiación de actividades del PGRR”. RBBA: Residuos de Muy Baja Actividad. RBMA: Residuos de Media y Baja Actividad. CG: Combustible Gastado. RAA: Residuos de Alta Actividad. I+D: Investigación y Desarrollo].

Pues bien, en este marco, el Pleno del Congreso debate y vota hoy las enmiendas del PP a la Ley de Movilidad Sostenible. Y una de esas enmiendas plantea la derogación del calendario de cierre de las centrales nucleares (el Partido Popular ha usado un subterfugio para incluir en las votaciones referidas a la Ley de Movilidad Sostenible esa enmienda, que versa sobre el calendario nuclear y poco tiene que ver con la movilidad sostenible). No es en todo caso la única enmienda a la Ley, ni mucho menos.

La Cámara Baja tendrá que examinar más de ochenta cambios en el articulado del texto del Gobierno que han sido introducidos mediante enmiendas por el Senado, cámara en la que tiene mayoría absoluta el PP.