La invasión de Ucrania por el presidente de Rusia en febrero de 2022 acabó con el sueño de Ángela Merkel del liderazgo de la economía alemana con el fundamento de la dependencia energética del gas ruso. El diseño del mercado eléctrico de la Unión Europea, referenciado a los precios de la energía más cara que marca el gas, provocó la triple escalada del precio de la luz, de la inflación y de los tipos de interés que han pagado íntegramente los consumidores.
Sin competencia no hay mercado, es la codicia
En 2022 Europa sufrió la mayor crisis de precios elevados de la electricidad. La primera reacción de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, fue declarar que el mercado había fallado y defendió su reforma, como había propuesto la presidencia española. Pero la patronal eléctrica europea se opuso a cualquier cambio que pusiera en peligro la metodología de conformación de precios de la electricidad, que garantiza a los generadores el precio más alto en el mercado mayorista.
Poco después, Von der Leyen se alineó con la patronal eléctrica y afirmó que el mercado había funcionado a la perfección. Tenía razón, sin competencia no hay mercado y el mercado eléctrico no puede fallar, porque no está abierto a la competencia. La nueva Directiva (UE) 2024/1711, sobre configuración del mercado de la electricidad, que debería haber modificado el mercado eléctrico, no solo no lo hizo, sino que restableció los pagos por capacidad para las fuentes de energía fósiles y no fósiles (gas y nuclear), que pagarán los consumidores para garantizar los ingresos del sector eléctrico y gasista.
Como consecuencia, el triple coste de la crisis por los elevados precios de la electricidad, por la energía, la inflación y los tipos de interés, disparó las facturas de los consumidores, solo aliviadas por el intervencionismo del Estado; pero ha elevado a récord histórico la facturación, los beneficios, la rentabilidad en bolsa y los dividendos de las energéticas. La desproporción entre los beneficios extraordinarios y la pérdida de cohesión social por los costes asumidos por los consumidores llevó a establecer en España un impuesto a las grandes energéticas en 2022, que ahora se pretende prorrogar en 2025.
La ofensiva de eléctricas, gasistas y petroleras contra el nuevo impuesto ha reunido a patronales, consultoras y políticos de PP, Vox, PNV y Junts, en un batiburrillo de medias verdades, apostando por una salida a la volatilidad de los precios energéticos defendiendo a las empresas que dominan el mercado que, a la vez que amenazan al Estado con dejar de invertir 30.000 millones de euros en los próximos tres años, le piden ayuda para sus inversiones en redes, centros de datos, eólica marina e hidrógeno. Con el actual mercado, los consumidores estarán más desprotegidos ante una futura crisis por precios altos de la electricidad, mientras las energéticas aseguran el dividendo.
La dictadura diletante
La desinformación ha llegado a tal punto que para un observador ajeno al sector energético puede parecer económica y socialmente más aceptable un diseño de mercado que garantice el máximo beneficio de unas pocas empresas, a costa de la renta disponible de millones de consumidores, que otro que asegure precios asequibles de la electricidad a industrias y hogares. La desinformación se basa en el “poder de persuasión” que da la riqueza. Lo ejercen hoy los dueños de las grandes tecnológicas como antes lo hicieron las petroleras y eléctricas.
Para entender el impuesto a las energéticas conviene leer a los premios Nobel de economía de 2024, Daron Acemoglu, James Robinson y Simon Johnson. Desarrollaron el concepto de “élites extractivas”, aquellas que desdeñan el bien común para defender su propio interés. La concentración de poder en pocas manos necesita “instituciones extractivas”, como el diseño de mercado y de la competencia, que aseguren los beneficios de actividades basadas en detraer rentas de los ciudadanos.
La riqueza otorga un estatus y una jerarquía en la sociedad. Cuanta más riqueza, más estatus; pero también más desigualdades. La felicidad de unas pocas personas necesita la infelicidad de otras muchas. Cuando la desigualdad de riqueza se agranda, el “poder de persuasión” de las élites les da tal influencia que para aumentar su riqueza necesitan hacerse con el control de los gobiernos, bien directamente, como ocurre en Estados Unidos, o a través de grupos de presión en los ministerios, parlamentos nacionales y organismos reguladores, para que la legislación proteja sus intereses. ¿Quién va a contradecir a un magnate?
La captura del Estado por las “élites extractivas” la define Daron Acemoglu como “dictadura diletante”, por su arbitrariedad, arrogancia y falta de preparación. Cuando en 2012, junto con James Robinson, publicó “Por qué fracasan los países”, anticiparon el extraordinario poder adquirido por los multimillonarios tecnológicos; pero mucho antes, los magnates del petróleo, de los grandes bancos, energéticas y medios de comunicación fueron tan poderosos como para cambiar gobiernos, leyes y la geopolítica mundial.
La calidad y fortaleza de las instituciones determinan el futuro
La concentración de tanto poder en tan pocas manos ha sido posible por la ausencia de reguladores independientes de la competencia. En el sector energético ha sido fundamental para garantizar en todo momento un mercado cerrado a muy pocas empresas y una regulación que les garantiza los ingresos suficientes, sus operaciones corporativas y los precios más altos de la energía a través de la captura del regulador.
Competencia, regulación, fiscalidad, gobiernos, parlamentos, se convierten en “instituciones extractivas” cuando someten su independencia a los grupos de presión. En 2022 se detectó el escándalo del “Catargate” en el Parlamento Europeo por los sobornos desde Catar a eurodiputados, asesores y lobistas de Bruselas. Todo el mundo se rasgó las vestiduras, pero lo que nadie pudo intuir es que dos años después, el nuevo paquete de directivas europeas “Fit for 55” abriría un gran hueco al gas fósil como tecnología importante para la transición energética y la reducción de emisiones.
Basta este ejemplo para destacar otra de las conclusiones de los Nobel de economía de 2024, cuando señalan que la calidad de las instituciones determina el futuro de los países. A lo que ahora habría que añadir que de la fortaleza e integridad de las instituciones depende también el futuro de Europa y de la democracia ante el auge de un nacionalismo que coincide con los intereses de las “élites extractivas” y los megarricos que rechazan el intervencionismo del Estado para eludir impuestos, pero lo reclaman para rescatar sus empresas.
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