Esta ha sido la reacción del sector fotovoltaico nacional, que lamenta la derogación de un decreto "antiapagones" diseñado para "avanzar en la transición energética con paso firme, generando riqueza y oportunidades para nuestras empresas y ciudadanos, y fortaleciendo nuestra soberanía energética y nuestro sistema eléctrico", algo "especialmente relevante" ante la convulsa situación geopolítica internacional.
José Donoso, director general de UNEF: "No podemos permitirnos como país que una normativa absolutamente necesaria y con este consenso, se paralice por intereses no relacionados con el contenido de la norma. Es fundamental para la industrialización, la independencia energética y la competitividad de nuestra industria".
Y es que al previsible castigo político del PP, Vox y Junts, se han sumado Podemos y el BNG, que consideran que la norma no incluía medidas para desactivar el oligopolio eléctrico, lobby al que ese RDL "no le impone ni una sola sanción por las responsabilidades derivadas del apagón".
Bloqueo al almacenamiento y el autoconsumo
UNEF lamenta que el bloqueo de la norma supone un retroceso para el desarrollo del almacenamiento. Según la asociación, "esta paralización implica que el necesario despliegue de almacenamiento eléctrico pueda retrasarse años", con lo que ello supone para la estabilidad del sistema y los precios de la energía". Sin embargo, desde UNEF señalan que es algo que "podría hacerse en unos meses aprovechando las instalaciones renovables ya existentes o en proceso de autorización con hibridación".
Por otro lado, la derogación del decreto supone "un revés para la electrificación, el autoconsumo y la participación de comunidades locales, cooperativas y pequeñas empresas en el sistema energético". En concreto, UNEF asegura que una transición justa implica que la transformación del modelo energético "genere oportunidades de empleo y desarrollo económico en los territorios", especialmente en las zonas rurales, y que "el autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas permitan a ciudadanos y entidades locales gestionar directamente su energía".
Desde UNEF consideran "urgente" que se retome el debate entre los grupos parlamentarios y se implemente una solución normativa que actualice el sistema eléctrico. Y lo piden porque "está en juego no solo la seguridad de suministro y la estabilidad de la red eléctrica, sino también el aprovechamiento de una oportunidad histórica como país: la ventaja competitiva en el factor energía".
Y es que en España, "el precio del kw/h es la mitad que en el norte de Europa gracias a la fotovoltaica", una tecnología capaz de producir "el doble de electricidad que en el norte de Europa" gracias al abundante recurso solar nacional, recuerdan desde la asociación.
Peligran las inversiones
UNEF apunta, también, que este bloqueo puede afectar a más de 30.000 millones de euros en inversiones, y advierte del riesgo de deslocalización de la industria, ya que “hay otros países que están demostrando un importante compromiso con el desarrollo renovable y las inversiones necesitan seguridad jurídica y un adecuado desarrollo normativo para llevarse a cabo”, señalan desde la asociación.
Según datos oficiales, en este momento hay 119 GW de peticiones de empresas, centros de datos y almacenamiento que quieren venir a instalarse a España por el bajo precio de la electricidad que puede ofrecer la fotovoltaica. “El consumo medio que hay ahora mismo en España se mueve en el entorno de los 25 GW. Aunque solo el 15% o el 20% de estas peticiones se concretasen, estaríamos duplicando la demanda. Y eso puede significar un proceso de reindustrialización como no ha existido en nuestro país” ha añadido Donoso.
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