INSTA Servicios Jurídicos Ambientales ha publicado el Resumen de evidencia para políticas del Proyecto Comunes (Comunitades Energéticas Solidarias, CES), documento en el que incluye una serie de recomendaciones "para integrar la dimensión social, territorial y de género en las comunidades energéticas y avanzar hacia una transición energética verdaderamente justa". El informe -explican desde la cooperativa- surge tras un año de trabajo participativo desarrollado en el marco del Proyecto Comunes en las comunidades de Extremadura, Cataluña y Galicia, en el que se han implicado diversas administraciones públicas, entidades sociales, comunidades energéticas, personal técnico, academia y ciudadanía. El Resumen de evidencia recoge ahora "los principales hallazgos, aprendizajes y recomendaciones para fortalecer el papel social de las comunidades energéticas en España".
El Proyecto Comunes -explican desde INSTA- pone de relieve que, aunque las comunidades energéticas están creciendo con fuerza en España, persisten "importantes brechas sociales, de género y económicas que limitan la participación de personas y grupos en situación de vulnerabilidad y tradicionalmente subrepresentados en el sector energético, como mujeres, personas con menos recursos, jóvenes, migrantes y hogares afectados por pobreza energética".
INSTA presenta el proyecto
«Con la convicción de que la energía es un bien común y de que la justicia social debe ocupar un lugar central en la transición, Comunes propone avanzar hacia un modelo alternativo de CE basado en la equidad y la inclusión. Coordinado por la cooperativa de trabajo INSTA Servicios Jurídicos Ambientales, el proyecto combina investigación aplicada, comunicación y acción participativa con el fin de promover el empoderamiento ciudadano, sensibilizar sobre la energía como bien común y generar propuestas de política pública para impulsar la expansión de modelos energéticos solidarios en España»
El Resumen de evidencia para políticas que acaba de publicar INSTA (1) identifica "retos estructurales pero también oportunidades claras" para avanzar hacia Comunidades Energéticas Solidarias, "un modelo que incorpora explícitamente criterios de justicia social, equidad y participación inclusiva" y (2) propone "medidas concretas para garantizar que la transición energética no solo sea renovable, sino también inclusiva, democrática y solidaria".
La propuesta de Comunidad Energética Solidaria. Resumen de evidencia para políticas. Proyecto Comunes. INSTA
«La propuesta de las Comunidades Energéticas Solidarias va más allá de la mera generación de energía renovable: plantean una transformación social orientada a generar espacios de cooperación, redistribuir beneficios, democratizar la toma de decisiones y garantizar la participación activa y equitativa de personas y colectivos históricamente excluidos, como mujeres, jóvenes, migrantes, personas de bajos ingresos económicos, etcétera.
Las CES se presentan como herramientas capaces de combatir la pobreza energética y reducir las desigualdades sociales, de género y territoriales como parte de la transición energética. Desde esta perspectiva, las CES integran principios de justicia social, equidad de género, diversidad e inclusión en su diseño, gobernanza e implementación, promoviendo la participación equitativa y asegurando que los beneficios (económicos, ambientales y sociales) lleguen también a quienes más lo necesitan.
En el proyecto Comunes, el enfoque de Comunidades Energéticas Solidarias (CES) se ha construido a partir de diversos conceptos emergentes en el ámbito de las CE (como solidaridad energética, participación inclusiva, gobernanza democrática e inclusiva, interseccionalidad, perspectiva de género, etcétera), con el fin de orientar un modelo que integre de forma estructural la justicia social, la equidad y la inclusión (véase Recursos y herramientas recomendadas, al final del documento Resumen de evidencia para políticas»
En definitiva, lo que viene a proponer Comunes es, grosso modo, que las Comunidades Energéticas al uso "evolucionen desde proyectos técnicos o de ahorro energético hacia auténticos proyectos transformadores, donde la energía sea gestionada como un bien común y donde la solidaridad sea un eje central del modelo".
Según INSTA, "solo así podrán contribuir de manera efectiva a una transición energética verdaderamente inclusiva, equitativa, justa y sostenible".
Objetivo
El objetivo del Proyecto Comunes es "explorar las condiciones, los aprendizajes y las oportunidades que permiten que las CE se conviertan en verdaderos espacios de inclusión y justicia social, especialmente en aquellos territorios donde la vulnerabilidad energética se manifiesta con mayor intensidad".
A través de un enfoque participativo y territorial, el proyecto -explican desde INSTA- ha impulsado procesos de reflexión colectiva "que permiten comprender las realidades locales, identificar barreras estructurales y reconocer oportunidades reales para fortalecer el componente social de las CE en España". [Sobre estas líneas, la imagen recoge una reunión facilitada por Paola Villavicencio y Joan Pons, de INSTA, en Barcelona, el pasado mes de octubre, con la participación de representantes de administraciones públicas, organizaciones de la economía social, entidades de apoyo a las comunidades energéticas, personal técnico y miembros de la sociedad civil].
Conclusiones recogidas en el Resumen de evidencia para políticas. Proyecto Comunes. INSTA
• La normativa actual no reconoce la dimensión social de las comunidades energéticas ni incentiva modelos solidarios.
• La participación de mujeres y colectivos vulnerabilizados continúa siendo muy limitada.
• La falta de financiación accesible y de acompañamiento técnico y social sigue siendo una barrera clave.
• Las administraciones locales carecen de recursos suficientes para impulsar proyectos inclusivos.
• Existe un creciente interés ciudadano y municipal por modelos energéticos basados en la cooperación y la redistribución.
Resumen de evidencia para políticas
«Una transición energética verdaderamente justa exige que estas iniciativas incorporen de manera explícita una perspectiva social, garantizando que la energía renovable no solo sea más limpia, sino también más equitativa en su acceso, gobernanza y beneficios. Ello implica que las CE, además de generar energía local y reducir costes, se conviertan en espacios que contribuyan activamente a la cohesión social, la resiliencia comunitaria y la participación inclusiva, con enfoques de género e interseccionales que aborden las necesidades de las personas que más lo necesitan, incluyendo colectivos en situación de vulnerabilidad. Así, no basta con producir energía limpia: es necesario transformar las lógicas estructurales que excluyen a las 'personas en mayor situación de vulnerabilidad' del acceso, la participación y los beneficios del nuevo modelo energético y así consolidar modelos realmente equitativos»
Recomendaciones de política pública
El informe incluye propuestas dirigidas tanto a escala estatal como regional y local. Las autoras destacan las siguientes
• Reconocer normativamente las Comunidades Energéticas Solidarias, incorporando criterios de equidad, género y lucha contra la pobreza energética.
«A nivel estatal, resulta prioritario definir una categoría específica dentro del marco regulatorio de CE que integre criterios de equidad, justicia energética y participación inclusiva, con enfoques de género e interseccionales, que permitan abordar las necesidades de las personas, en especial de colectivos en situación de vulnerabilidad. Esto implica reconocer las desigualdades estructurales que enfrentan muchas mujeres, especialmente aquellas afectadas por pobreza energética, mayores, migrantes o cuidadoras, cuya participación en las CE sigue siendo limitada. Un marco regulatorio de este tipo permitiría orientar ayudas y programas hacia proyectos inclusivos, garantizando el acceso y la representación de personas y grupos tradicionalmente infrarrepresentados y consolidando unmodelo energético que refleje la diversidad social del territorio»
• Crear instrumentos financieros inclusivos, como fondos solidarios, cuotas flexibles o líneas de ayuda específicas para colectivos en situación de vulnerabilidad.
«Las comunidades con enfoque solidario suelen enfrentarse a mayores dificultades para acceder a financiación debido a su menor capacidad económica. Por ello, se recomienda crear instrumentos financieros estables, como líneas de crédito con condiciones preferentes, fondos de garantía o subvenciones específicas, que prioricen el impacto social de las iniciativas. Estos mecanismos deben diseñarse con criterios de accesibilidad, simplicidad administrativa y sostenibilidad a largo plazo»
• Fomentar la coordinación interministerial entre energía, inclusión social, vivienda y economía social. Vincular las CES con las políticas de inclusión social y vivienda.
«Integrar las CE en programas de rehabilitación energética, vivienda social o educación energética contribuye a fortalecer la resiliencia de los hogares más vulnerables. Las iniciativas de formación energética, participación ciudadana y formación profesional local son claves para que las CES se conviertan en espacios de transformación estructural, más allá de la generación de energía limpia»
• Impulsar un programa estatal de apoyo técnico, jurídico y social para facilitar la gobernanza participativa y la inclusión efectiva.
• Incorporar indicadores sociales en la evaluación de las CE para medir su impacto real.
«Más allá de los indicadores energéticos tradicionales, es necesario medir el número de hogares en situación de vulnerabilidad beneficiados, la reducción de la pobreza energética, la participación activa de mujeres y otros colectivos vulnerabilizados, la creación de empleo local o el fortalecimiento del tejido comunitario. Incorporar estos indicadores en la evaluación oficial permitiría valorar las CES no solo como instrumentos de transición ecológica, sino también como motores de justicia social»
• Desarrollar estrategias territoriales y fortalecer el papel de los ayuntamientos como agentes impulsores.
Paola Villavicencio, coordinadora del Proyecto Comunes desde INSTA: “la transición energética solo será justa si todas las personas pueden participar en ella. Las comunidades energéticas no deben ser únicamente proyectos técnicos, sino herramientas de transformación social”
El documento subraya que las Comunidades Energéticas Solidarias pueden ser un pilar clave "para vincular la descarbonización con la justicia social, garantizando que la energía, como bien común, llegue también a quienes más la necesitan".
Buenas prácticas identificadas. Resumen de evidencia
«Durante los encuentros se destacaron varias experiencias que ilustran buenas prácticas replicables: en Extremadura, se destacaron iniciativas con criterios sociales (Comunidades de Piornal, Casar de Cáceres y Montánchez) que integran participación de mujeres en órganos de gobierno, cuotas simbólicas y reinversión social. En Cataluña, se destacaron iniciativas (de Osona, Sant Pere de Ribes, Tona, Balenyà, Girona, entre otras), con experiencias de integración de colectivos vulnerabilizados y coordinación entre departamentos públicos. En Galicia, se destacaron a las Comunidades de Montes y proyectos locales (A Illa de Arousa, O Rosal) que vinculan energía, bienestar y arraigo rural. En especial, las Comunidades de Montes ofrecen modelos de gobernanza colectiva transferibles a proyectos energéticos. Estas iniciativas muestran que existen modelos de gobernanza local y participación social capaces de inspirar el desarrollo de CES en otras regiones. Además, evidencian que la clave del éxito no reside únicamente en la tecnología, sino en la construcción de confianza, la cooperación y el compromiso comunitario»
Avanzar hacia Comunidades Energéticas Solidarias -concluye el documento de INSTA- es una "condición necesaria" para que la transición energética en España sea realmente justa, inclusiva y equitativa.
INSTA se define como "cooperativa de trabajo sin ánimo de lucro especializada en Derecho ambiental". Desde 2020, impulsa procesos de creación, constitución y dinamización de comunidades energéticas promovidas por ciudadanía, administraciones locales y empresas, "siempre desde los principios de la economía social y solidaria".
El enfoque de INSTA Servicios Jurídicos Ambientales combina "asesoramiento jurídico, apoyo técnico y trabajo comunitario para fortalecer la participación, ofrecer herramientas prácticas y contribuir a la consolidación a largo plazo de proyectos colectivos de transición energética justa".
Resumen de evidencia para políticas del Proyecto Comunes
Artículos relacionados
• De la pobreza energética a la energía como derecho. Límites y potencialidades de las comunidades energéticas
• La pobreza energética se está cronificando en España y Portugal
