La demanda de Vineyard Wind se produce en un contexto judicial cada vez más adverso para la Administración de Donald Trump. Esta misma semana, los tribunales federales ya han concedido medidas cautelares a otros proyectos eólicos marinos afectados por la misma orden de suspensión, como Revolution Wind y Empire Wind 1, permitiendo la reanudación de sus obras y debilitando la estrategia del Gobierno contra este tipo de renovables.
En concreto, la ofensiva judicial de Vineyard Wind se centra en la orden de suspensión emitida el pasado 22 de diciembre por la Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM), dependiente del Departamento del Interior de Estados Unidos, que paralizó las obras en cinco concesiones de parques eólicos marinos, entre ellas Vineyard Wind 1. La empresa ha solicitado una orden de restricción temporal y una medida cautelar al considerar que la decisión administrativa carece de base legal y vulnera la normativa vigente.
En un comunicado, la compañía ha asegurado que sigue colaborando con la BOEM, con la Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental y con otras autoridades implicadas para aclarar los motivos de la suspensión. Sin embargo, la joint venture -participada por Avangrid, filial estadounidense de Iberdrola, y por la danesa Copenhagen Infrastructure Partners- advierte de que, si la orden no se revoca de manera inmediata, provocará "daños graves e irreparables" tanto al proyecto como a las comunidades de Nueva Inglaterra que dependen de esta nueva capacidad de generación renovable.

Vineyard Wind 1: completado al 80%
El impacto práctico de la paralización es, no obstante, limitado. Según la empresa, alrededor del 80 % del parque ya se encontraba en operación cuando se dictó la orden, que solo afecta a los activos pendientes de entrar en funcionamiento.
Vineyard Wind 1 llevaba meses produciendo electricidad y suministrando energía a cerca de 400.000 hogares de Massachusetts, con solo dos aerogeneradores pendientes de instalación de un total de 62.
El proyecto alcanzará una potencia instalada de 806 megavatios (MW), gracias a aerogeneradores GE Haliade-X de hasta 13 MW cada uno, lo que lo convierte en una de las mayores instalaciones eólicas marinas del país.
Se trata, además, de la primera gran apuesta offshore de Iberdrola en Estados Unidos, con una inversión aproximada de 3.000 millones de dólares, respaldada por contratos a largo plazo con las principales compañías eléctricas del estado.
La cruzada de Trump contra la eólica marina
Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, las órdenes de paralización, la retirada de permisos y las amenazas regulatorias se han sucedido en el sector eólico marino estadounidense.
El caso de Vineyard Wind añade ahora un nuevo frente judicial a una batalla que no solo enfrenta a la Administración con grandes grupos energéticos internacionales, sino que pone en juego el futuro de una de las principales palancas de la transición energética en Estados Unidos.
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