El Gobierno decidió crear el pasado mes de julio una Comisión de Expertos en Transición Energética, decidió que debían integrarla 14 personas, decidió quién podía elegir a esos 14 "expertos independientes y de reconocido prestigio" y decidió darles un plazo muy concreto -hasta el 2 de abril- para que presentaran un documento en el que debían sugerir medidas para que la transición energética de España sea coherente con los compromisos internacionales adquiridos por el Gobierno en materia de clima y energía.
La Comisión celebró su primera sesión el 6 de septiembre de 2017. Desde entonces se ha reunido una vez cada semana (la propia Comisión señala en su informe que ha celebrado un total de 27 reuniones). El documento fruto de todo ese trabajo -explican sus autores- propone y analiza "diversas opciones para la evolución del sistema energético español, teniendo en cuenta un análisis coste-beneficio que tiene en especial consideración los principios de sostenibilidad económica y financiera del sistema energético".
El Informe fue aprobado por la Comisión, en su vigésima séptima reunión, el 19 de marzo de 2018. Lo fue por 11 votos a favor y tres abstenciones: las de Jorge Aragón Medina (experto integrante de la Comisión a propuesta de Comisiones Obreras), Cristóbal José Gallego Castillo (a propuesta de Podemos) y Josep Salas i Prat (a propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya).
El documento, de más de 500 páginas, analiza "las posibles propuestas de política energética, el impacto medioambiental, las alternativas existentes y su correspondiente coste económico, y la estrategia necesaria para cumplir los objetivos [de España en materia de energía y clima] de la forma más eficiente, garantizando la competitividad de la economía, el crecimiento económico, la creación de empleo y la sostenibilidad ambiental”.
Quién es quién
La Comisión de Expertos de Transición Energética está formada por catorce miembros (denominados vocales): cuatro de ellos han sido designados por el Gobierno; uno, por cada grupo parlamentario (hay siete grupos parlamentarios); y tres, por ciertos agentes sociales, en concreto, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
La composición del grupo ha sido objeto de numerosas críticas desde el principio. No más identificados sus integrantes, el PSOE dijo de la Comisión que "no es un grupo de expertos independientes, sino un grupo de representantes de agentes sociales y políticos", un grupo en el que sin embargo no han cabido algunos agentes sociales importantes, como las asociaciones de consumidores y organizaciones ecologistas, que denunciaron también muy pronto su exclusión de la Comisión. Así mismo fueron, han sido y son muy sonoras las protestas que sobre el particular ha elevado el movimiento feminista, que ha afeado al Gobierno, a los grupos parlamentarios y a los agentes sociales seleccionados (la CEOE y los sindicatos) que no hayan elegido ni una sola mujer a la hora de formar ese grupo de 14. La Comisión de Expertos de Transición Energética ha quedado integrada así del siguiente modo.
Gobierno
Los cuatro integrantes de la Comisión que ha elegido directamente el Ejecutivo han sido (1) el economista Jorge Sanz (asesor del ministro de Hacienda Rodrigo Rato y, posteriormente, director general de Política Energética), (2) Francisco Javier Arana, que ha sido subdirector General de Energía Nuclear durante más de veinte años; (3) Ignacio Grangel, jefe de gabinete de Alberto Nadal, el ideólogo del impuesto al Sol, cuando este era, en la pasada legislatura, secretario de Estado de Energía; y (4) Miguel Duvison, actual director de operaciones de Red Eléctrica de España, que es el operador del sistema eléctrico nacional.
Partidos
Luis Atienza (economista, ex presidente del operador del sistema eléctrico nacional, Red Eléctrica de España, a propuesta del PSOE), Cristóbal Gallego (doctor ingeniero aeronáutico miembro del Observatorio Crítico de la Energía, a propuesta de Podemos), Pedro Linares (profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Pontificia de Comillas, a propuesta de Ciudadanos), Josep Salas y Prat (empresario del sector renovable, a instancias de Esquerra Republicana de Catalunya, ERC); Txetxu Sáenz de Ormijana (director de Estudios y Planificación del Ente Vasco de la Energía, a propuesta del Partido Nacionalista Vasco), Óscar Lapastora, expresidente de la patronal Carbunión (a propuesta de Foro Asturias, el partido fundado por Álvarez Cascos) y el profesor de Economía de la Complutense de Madrid Diego Rodríguez (nombrado por el primer Gobierno Rajoy consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, organismo creado por el propio Ejecutivo Rajoy en 2013, y hombre próximo al que fuera secretario de Estado de Energía Alberto Nadal).
Agentes sociales
Cierran el grupo el economista Jorge Aragón Medina, director de Investigaciones de la Fundación 1º de Mayo y miembro del Consejo Económico y Social (a propuesta de Comisiones Obreras, CCOO); José Luis de la Fuente O'Connor, ingeniero durante 42 años en Iberdrola (integrante de la Comisión a instancias de UGT); y el experto en finanzas Guillermo Ulacia (a propuesta de la patronal, CEOE).
Qué es y para qué ha de servir
Según el Ministerio de Energía, el informe «Análisis y propuestas para la descarbonización» recoge alternativas que combinan diferentes fuentes de energía (nuclear, hidráulica, térmica de carbón, ciclos combinados y fuentes renovables) -el Ministerio las cita por ese orden- con el fin de lograr "una transición energética eficiente, sostenible y baja en carbono".
Energía señala que el documento debe servir de base "para una discusión objetiva" sobre los efectos de las distintas alternativas de política energética. El informe de la Comisión de Expertos -explican fuentes ministeriales- será presentado para una ponencia en el Congreso de los Diputados, así como al Grupo de Trabajo Interministerial que trabaja en la elaboración de la futura Ley de Transición Energética y Cambio Climático.
Objetivos
El objetivo último del informe «Análisis y propuestas para la descarbonización» es atender los compromisos que se derivan del Acuerdo de París, acuerdo climático ratificado por España, y cuyo fin no es otro -explican los autores- que contener (mitigar, paliar) las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), desencadenantes del cambio climático, para mantener el aumento de la temperatura global "muy por debajo de 2ºC respecto de los niveles existentes antes de la revolución industrial, realizando esfuerzos para limitarlo a 1,5ºC".
Para ello, los países que han ratificado el Acuerdo se comprometen a fijar un objetivo concreto en materia de reducción de emisiones GEI. Más aún: en el contexto de estos acuerdos -continúan los expertos-, la Unión Europea se ha propuesto reducir los niveles de emisiones en 2050 en un 80-95% respecto de los existentes en 1990 (véase «Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050»). Pues bien, esos son grosso modo los objetivos que persigue la Comisión de Expertos, comisión cuya creación fue acordada en el Consejo de Ministros del pasado 7 de julio.
Fiscalidad ambiental
Los autores del informe señalan la fiscalidad como la herramienta clave (una de ellas) para el cumplimiento de los objetivos comprometidos por el Reino de España con la Unión Europea en materia de cambio climático. En concreto, los expertos proponen sustituir los impuestos actuales por otros que internalicen los daños medioambientales asociados a la generación y consumo de energía.
La Fundación Renovables (FR) considera positivo que los expertos destaquen en su documento "la fiscalidad como herramienta de este proceso". Sin embargo, critican que el informe no detalla, ni concreta, las medidas de esa fiscalidad "y deja abiertas demasiadas puertas".
Una de esas puertas de la propuesta (agujero) la explica el economista Jorge Aragón en su Voto Particular
Cabe compartir -dice Aragón- el principio de que “el que contamina paga”, y establecer un impuesto para aquellas fuentes de energía que emiten CO2 y otros contaminantes atmosféricos.
"La anomalía se produce -explica- por el funcionamiento actual del mercado, al ser su funcionamiento a coste marginal independiente de la tecnología con que se genera. Sabemos que actualmente las centrales térmicas y ciclos combinados, que son las que tendrán un mayor coste por el impuesto, son a su vez las que casan el mercado, marcando el precio final. Pero, al ser un mercado marginalista, sin diferenciar tecnologías, el coste de generar CO2 se trasladará al precio de todos los kilovatios, determinando el coste final para el usuario, dando una señal de que hay que pagar lo mismo por consumir electricidad de centrales con generación de CO2 o sin ella, e invalidando el principio que se persigue".
"Esta reforma de la fiscalidad energética aun siendo relevante no soluciona todos los problemas de la economía de la energía. Hace falta complementarla con una profunda reforma del sistema de formación de precios del mercado, especialmente de la electricidad y del gas".
Tecnología por tecnología
Nuclear
La Comisión de Expertos ha trabajado con dos Escenarios Eléctricos España 2030, denominados Transición Sostenible (TS) y Generación Distribuida (GD). Esos escenarios plantean un hipotético reparto de potencia en 2030 (tanta potencia eólica; tanta, nuclear; tanta, fotovoltaica; tanta, de gas, etcétera), y, a partir de ahí, los expertos introducen algunas modificaciones para determinar cuántas emisiones de CO2 habría en 2030 si la cesta de potencia fuese una u otra; cuál sería el precio previsible de la electricidad si el mix fuese uno u otro, etcétera.
Pues bien, ninguno de los dos Escenarios Eléctricos España 2030 principales -Transición Sostenible (TS) y Generación Distribuida (GD)- prescinde de ni una sola de las centrales nucleares que hay hoy en marcha en el país, como si fuese impensable una España 2030 en la que no hubiera potencia nuclear. Dicho de otro modo: ambos escenarios plantean como hipótesis de trabajo -hipótesis de partida- una España 2030 en la que habría 7.117 megavatios de potencia nuclear activa (para saber los motivos por los que los expertos eligieron esos dos Escenarios léase).
Ahí radica una de las críticas: ¿por qué los expertos plantean una España 2030 nuclear, totalmente nuclear, con las mismas centrales nucleares que hoy hay en marcha? ¿Cómo es posible que la Comisión haya trabajado con esa cerrazón -toda la potencia nuclear de 2018 estará en marcha en 2030- cuando hay ejemplos muy concretos de que es posible desconectar mucha, mucha potencia nuclear sin que se vayan los plomos -se desequilibre el sistema- y sin que se incrementen las emisiones de CO2? (El ejemplo más evidente es el de Alemania, véase).
La crítica no es de Energías Renovables. La crítica la hace uno de los expertos, Jorge Aragón Medina, en su voto particular (crítica compartida por otros dos expertos: Cristóbal José Gallego Castillo y Josep Salas i Prat).
«la mayoría de las propuestas que se recogen en el informe -apunta Aragón en su voto particular- han sido producto de un intenso trabajo de estudio y debate abierto entre los distintos miembros de esta Comisión de expertos, limitado principalmente por las restricciones del tiempo exigido para su realización y por los medios (escasos) de los que ha dispuesto.
Estas restricciones creo que explican, en parte, que el informe aprobado no haya podido, a mi entender, profundizar suficientemente en el desarrollo de otros escenarios alternativos de transición energética, que prestaran una adecuada atención a la reducción de energía nuclear siendo compensada o sustituida con una mayor incorporación de tecnologías renovables, fundamentalmente biomasa, biogás o solar termoeléctrica, que aunque tengan en la actualidad un menor potencial de crecimiento y requieran medidas de apoyo durante algún tiempo, pueden proporcionar energía de respaldo al sistema y contribuir al desarrollo rural y a la cohesión económica y social, cumpliendo con los objetivos europeos a 2030».
El ejemplo más evidente de que es posible desconectar potencia nuclear sin mayores problemas es, como se dijo, Alemania, que cerró siete centrales nucleares (7) sin más contemplaciones en marzo del año 2011, inmediatamente después de que un tsunami arrasara Fukushima y dejara en shock a la opinión pública global (hoy ya han sido desenchufados 10 reactores nucleares allí). Al mismo tiempo, en el mismo año 2011, la Alemania de Merkel decide -mayoría absoluta en el Parlamento- que a esos 7 primeros cierres (que casualmente importaban 7.000 MW) seguirán, en la ruta de la desconexión, los de todas las demás centrales alemanas (otros 13.000 MW de potencia), que estarán desconectadas en 2022.
Sí, es posible la desnuclearización (véase Energiewende), pero no: esa hipótesis no ha sido trabajado por la Comisión de Expertos de Transición Energética.
Eólica
Otra de las líneas de crítica a la que se ha de enfrentar la Comisión es la eólica. Los dos escenarios principales con los que han trabajado los expertos plantean 31.000 megavatios de potencia eólica en la España de 2030, objetivo pírrico si tenemos en cuenta que ahora mismo (año 2018) hay más de 23.000 y las últimas subastas convocadas por el Gobierno de España han adjudicado 4.500 más, a instalar de aquí a 2020. O sea, que lo que plantean los expertos es que, en diez años (2020-2030), España solo añadiría a su parque eólico nacional 2.500 megavatios de nueva potencia eólica. En diez años. ¿Sabes cuánta potencia eólica instaló Alemania el año pasado: 6.440?
La patronal eólica española se ha quejado, porque considera que la Comisión de Expertos ha infravalorado el potencial de esta tecnología en España
"Los parámetros asignados a la eólica en el análisis de los expertos -señalan desde la Asociación Empresarial Eólica- no reflejan la actualidad de la tecnología eólica en lo referente a costes y horas de producción. En las subastas de nueva potencia renovable adjudicadas el año pasado (2017), el CAPEX [dinero que una empresa gasta en comprar o mejorar sus activos productivos, como edificios, maquinaria o vehículos] inicial era de 1,2 millones de euros por megavatio (un 7,7% menos que en el informe), mientras que las horas equivalentes mínimas eran 3.000 (un 36% más que en el informe). Otras fuentes también difieren de los parámetros para la eólica incluidos en el informe". [Véase a continuación el gráfico en el que aparecen los distintos parámetros. Fuente: AEE].
Los expertos tampoco han tenido en cuenta la repotenciación
Para la AEE, "hubiera sido deseable que el informe tuviera en consideración la repotenciación del parque eólico español. En 2030, el 50% del parque eólico tendrá más de 25 años. La repotenciación implica que con menos aerogeneradores se logra más producción de energía (en algunos casos hasta duplicar) y la eficiencia es mayor. Todo ello redunda en un mayor cumplimiento de los objetivos europeos que se aprueben para 2030".
La AEE elaboró hace unos meses un documento de visión de la Transición Energética de AEE, que presentó a la Comisión de Expertos. En ese documento, la potencia eólica instalada en 2020 alcanzaría los 28.000 MW, mientras que en la década siguiente alcanzaría los 40.000 MW de potencia instalada, escenario posible y realista. Los expertos se han quedado en los 31.000 megas en el escenario base y solo alguna simulación ha incrementado ese guarismo.
Fotovoltaica
Es sin duda la tecnología mejor vista por la Comisión. En sus dos escenarios base le reconocen una potencia de 40.000 y 47.150 megavatios (en España ahora mismo hay menos de 5.000 megavatios de potencia solar fotovoltaica instalados). Eso sí: los 11 firmantes vuelven a patinar gravemente en el ítem autoconsumo. La terminología empleada en el informe recuerda enormemente a los mantras de Nadal y compañía. El presidente de la Comisión, Jorge Sanz (elegido por el Gobierno), incluso se ha permitido el lujo de redactar un voto particular para reatornillar el discurso del impuesto al Sol:
"el actual diseño de los peajes de acceso supone una subvención implícita al autoconsumo. La subvención se materializa a través de la no contribución de los autoconsumidores a una parte relevante de los costes fijos del sistema eléctrico (...). Esta distorsión se puede evitar mediante la aplicación de un mecanismo compensatorio (tipo cargo o peaje) que recoja los costes no pagados por el autoconsumidor”.
Más adelante, Sanz añade en su Voto Particular que
"los costes fijos no abonados por los autoconsumidores terminan siendo pagados por el resto de consumidores a través de posteriores subidas (sic) de los peajes de acceso".
En fin, mantra Nadal.
Eso sí: el presidente de la Comisión abre la puerta a la reforma del impuesto al Sol.
“Aunque el cargo transitorio cumple indiscutiblemente una función, la situación actual no es sostenible indefinidamente en el tiempo. En primer lugar –dice Sanz-, por las propias características del cargo transitorio, que exige fiscalizar lo que ocurre dentro del espacio privado del consumidor para gravarlo; lo que ha dado lugar a un importante rechazo social y político. (…) Es por ello que, en opinión de este vocal, han de abordarse a la mayor brevedad posible y de forma conjunta [Sanz subraya en su voto “de forma conjunta”] la revisión de los peajes de acceso eléctricos y la supresión del cargo transitorio definido en el Real Decreto 900/2015, tal y como se propone en el Informe de la Comisión de Expertos”.
Y ahí está el truco
Asociamos una simple derogación –la del muy singular impuesto al Sol- a toda una reformulación (reforma/revisión conjunta) de todos los peajes de acceso eléctrico. Da la sensación de que ligar lo uno a lo otro no pretende sino mantener congelada -ahora con esta otra excusa- la reforma del Real Decreto de Autoconsumo, el RD del impuesto al Sol, reforma que PP y Ciudadanos mantienen secuestrada desde hace ya más de un año.
Los tres votos particulares parecen haber reparado en esa (nueva) trampa. Aragón lo dice nítido: “en el documento se sostiene que esta medida [la derogación] ha de tomarse en paralelo a la reforma de los peajes. Sin embargo, el reconocimiento de las ventajas del autoconsumo antes mencionadas justificaría su eliminación sin retraso”. Gallego y Salas coinciden.
Los autores del estudio cuantifican la pérdida de ingresos que se derivaría del despliegue del autoconsumo: entre 20 y 70 millones de euros al año por cada mil megavatios de autoconsumos, una cantidad “cero coma”, pues no llega ni al 1% de la necesidad de recaudación por peajes, según Salas. En todo caso, una cantidad a compensar.
Salas argumenta
Entre los consumidores, aquellos conectados a baja tensión asumen más del 75% del total de costes, aunque representan –apunta este vocal de la Comisión- solo el 46,6% del total de energía consumida, “por lo que es discutible que tengan que asumir ese 75%”. Los generadores sin embargo –continúa Salas- solo aportan el 0,72% de esos costes. Pues bien, el representante de ERC propone sacar fondos de los generadores, sobre una base de €/MW, “para compensar el desequilibrio actual en el sostén de los costes del sistema entre el consumidor y el generador” (y esos fondos servirían para compensar lo que se deje de ingresar por autoconsumo: aquellos entre 20 y 70 millones de euros por cada mil megavatios instalados). ¿Otras soluciones/vías de ingreso pro compensación? Presupuestos Generales del Estado, vía justificada por el previsible incremento en la recaudación (IVA, seguridad social, PIB, rendimiento financiero) que se derivaría de la instalación de sistemas de autoconsumo. ¿Tercera vía? Fiscalidad ambiental.
Termosolar
Los expertos también han dejado congelada la fotografía de la termosolar. Y si ahora hay 2.300 megavatios de potencia instalada (año 2018), han decidido trabajar con un Escenario 2030 en el que también hay 2.300 megavatios de potencia instalada. Entre las energías renovables, la tecnología termosolar es la más peligrosa competidora de la nuclear y el gas, porque la termosolar es una tecnología renovable gestionable (almacenable), una tecnología capaz de acumular durante el día el calor del Sol en grandes tanques de sales minerales y de liberar ese calor durante la noche para generar con él electricidad cuando manda en el cielo la luna. Además, la termosolar es cada vez más competitiva. A pesar de ello, los expertos parece ser no vislumbran en España ni un solo mega más de termosolar de aquí a 2030. Y eso que España es la cuna mundial de esta tecnología: la Plataforma Solar de Almería es la meca de la I+D en materia de solar termoeléctrica.
Los expertos sí que han trabajado con distintos escenarios eólicos, por ejemplo. Así, y aunque los dos escenarios base (véase abajo el gráfico) limitaban la eólica 2030 a unos pírricos 31.000 megavatios, sí que han incrementado en alguna de sus simulaciones esos 31.000 hasta 47.000 megas. A la termosolar, sin embargo, la han congelado.
Bioenergía
El informe de la Comisión de Expertos tampoco es generoso con la bioenergía. Lo dice la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), que lamenta que el documento obvie "la capacidad de respaldo de algunas tecnologías renovables, como la biomasa, que cuenta en España con uno de los mayores recursos europeos". En el caso de la generación eléctrica con biomasa -señalan desde la Asociación-, "llama la atención que no haya sido tenida apenas en cuenta cuando el propio informe habla de su capacidad de respaldo y considera 'importante' plantear subastas específicas por tecnologías, reconociendo las distintas características de las tecnologías renovables".
APPA tiene muy clara su postura sobre el particular: "esta tecnología -señala- tiene un potencial de 8.000 MW adicionales y aportaría al mix gestionabilidad, firmeza y ayudaría a garantizar la seguridad de suministro". Según el presidente de la Asociación, "la Comisión debería haber considerado la complementariedad de las distintas tecnologías y la capacidad industrial existente en el país como base para el desarrollo del sector. Contamos con un magnífico recurso renovable -sostiene-, lo que se traduce en un importante potencial para acometer la Transición Energética".
Objetivos a 2030
En cuanto a los objetivos renovables, la Fundación Renovables se manifesta sorprendida de que los expertos consideren "complicado" lograr el objetivo del 27% de cobertura de la demanda final con energías renovables en el año 2030. Los expertos solo se sitúan por encima de ese guarismo en sus dos escenarios estrella: Transición Sostenible: 28,4%; Generación Distribuida: 29,7%. Ambos quedan en todo caso muy lejos de la propuesta del Parlamento Europeo del 35%, y a años luz del 50% que plantea la Fundación Renovables en su propuesta, 50% que la Fundación considera perfectamente alcanzable.
Lo mismo opina el economista Jorge Aragón en su Voto Particular: "los escenarios que se han planteado a 2030 son muy poco ambiciosos, ya que no alcanzan siquiera el 30% de energías renovables, que es el objetivo que previsiblemente como mínimo va a establecer la UE, y solo en uno de ellos se llega al 35% de eficiencia energética".
Cumplimiento de objetivo de renovables, solo si se sigue electrificando el consumo
Con respecto a las emisiones, los expertos destacan el alto grado de cumplimiento de los límites de emisiones referenciados a 2005. También el elevado grado de cumplimiento del objetivo de eficiencia energética en todos los escenarios. Sin embargo, respecto al objetivo de renovables, su cumplimiento dependerá del grado de electrificación de la economía que se alcance.
“Por ello, es fundamental abordar de forma urgente la reforma de la fiscalidad ambiental en el sector energético y la reforma de los peajes de acceso, de manera que los agentes económicos respondan a las señales de precio correctas que permitan la electrificación de la economía”, explica Sanz, el presidente de la Comisión.
De no alcanzarse el suficiente grado de electrificación, será preciso impulsar medidas de eficiencia energética adicionales (por ejemplo, en aislamiento térmico de edificios) e incluso potenciar las renovables no eléctricas (solar térmica o biocarburantes) a pesar de que son más caras que las renovables eléctricas.
Otras medidas: movilidad, eficiencia energética y protección consumidores vulnerables
La Comisión realiza reflexiones y sugerencias en otros ámbitos de actuación, como, por ejemplo, la movilidad, y apunta a cómo la política regulatoria debe orientarse a facilitar una transición eficiente hacia los vehículos "con energías alternativas", sin precipitarse en medidas de gasto público que puedan generar costes no recuperables y prestando especial atención al cambio en la fiscalidad, como instrumento imprescindible para facilitar la transición hacia la movilidad sostenible.
Asimismo, para alcanzar en 2050 un alto nivel de descarbonización será necesaria la reconversión energética del parque de edificios existente, así como políticas públicas de apoyo al ahorro energético en la industria, como la inversión, exenciones fiscales o mediante empresas de servicios energéticos, centradas en medidas como la provisión de infraestructuras, el marco logístico y el refuerzo de la cadena de innovación nacional.
El Informe recomienda igualmente considerar la extensión de la protección a los consumidores vulnerables al conjunto de suministros energéticos de los hogares, a través de un Bono Social Energético, pero financiado desde los Presupuestos Generales del Estado. También ve conveniente garantizar la protección efectiva frente al corte de suministro de todos los consumidores energéticos vulnerables (y no sólo a los severos), siempre que se haga de forma que se prevengan comportamientos oportunistas, con la colaboración de todas las Administraciones Públicas competentes.
Finalmente, la Comisión propone contar con un Consejo para la Transición Energética y el Cambio Climático, encargado de hacer una evaluación rigurosa, independiente y continuada de la transición en España.
La Fundación Renovables señala dos graves carencias en el informe
La FR no concibe cómo a la hora de “asegurar inversiones de largo plazo” -que es algo que proponen los expertos- no se haga ninguna mención al expolio que han sufrido los inversores en renovables mientras se ha abierto el camino a la consolidación de inversiones reguladas como producto financiero. No es de recibo que, con la extrema volatilidad que hemos tenido en el sector energético en los últimos 10 años, los expertos no sean capaces de mencionar en las quinientas páginas ni una línea sobre la necesidad de erradicar la inseguridad jurídica de la regulación y revertir los daños que dicha inseguridad ha causado, reivindicación que sí asume la Fundación Renovables como condición ineludible en la transición energética".
Y, por último, la FR considera "sorprendente" que los expertos no hayan tenido en cuenta, en sus escenarios, la influencia que puede ejercer el comportamiento del consumidor en la transición energética.
Página 15 del informe
"Es importante señalar que no se ha tenido en cuenta la posible reducción [de emisiones de CO2] asociada a cambios de comportamiento de los consumidores energéticos".
Las pruebas de que las actitudes y comportamientos de la ciudadanía en materia de energía y cambio climático están cambiando (y cambiándolo todo) son muchas: ahí está el éxito de las comercializadoras de kilovatios verdes, desde la decana Gesternova hasta las comercializadoras de más reciente creación; ahí está la eclosión de las cooperativas de consumidores de energías limpias, desde la exitosa Som Energia, que va camino de los 50.000 socios, a la recién nacida La Corriente; ahí está el despegue imparable del autoconsumo, que, a pesar de la campaña de intoxicación informativa promovida desde la Administración Central, sigue sumando megavatios en toda España, etcétera, etc.
