El Congreso de los Diputados decide hoy si convalida o no el RDL 7/2025 "por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico", un decreto ómnibus (incluye muchas medidas de diversa índole) sobre el que pesa la sombra de otro real decreto ómnibus: el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre. Este otro RDL fue aprobado también en Consejo de Ministros (en diciembre del 24), pero luego tumbado en el Congreso de los Diputados por PP, Vox y Junts. Aquel "no" general a todo el RDL supuso un varapalo en toda regla a la transición energética, pues implicaba, entre otras muchas cosas, no a las ayudas al vehículo eléctrico; no a la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas; no a la prórroga de la libertad de amortización (en el Impuesto sobre Sociedades) para aquellas inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables (autoconsumo); o no a la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025 del mecanismo de apoyo para garantizar la competitividad de la industria electrointensiva.
Con posterioridad, el Gobierno ha ido rescatando algunas de esas medidas (contenidas en aquel décreto ómnibus) a través de otros decretos singulares, pero la incertidumbre durante meses prácticamente paralizó la actividad en algunos de los sectores afectados (como el del vehículo eléctrico) y afectó asímismo de manera extraordinaria a sectores absolutamente estratégicos, como el siderúrgico.
Ahora, la situación se repite. El Gobierno ha incluido en el RDL 7/2025, "por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico", una amplia panoplia de medidas para reforzar el sistema eléctrico nacional, y cabría la posibilidad de que la oposición (PP y Vox), si se encasquilla en el no, tumbe el real decreto en cuestión, el decreto antiapagones, lo que volvería a ralentizar la transición energética toda.
Frente a ello, en esta ocasión, la movilización de todo el sector energético nacional (y de buena parte del industrial) ha sido, a lo largo de la última semana, frenética.
Patronales de todas las autonomías y de diversos sectores han enviado cartas a todos los grupos parlamentarios para que convaliden un decreto (el RDL antiapagones) que tanto el sector industrial como el sector energético nacional en pleno consideran “un paso decisivo para reforzar la seguridad del suministro eléctrico y consolidar la posición de nuestras empresas en un momento clave para la transición energética”.
El Partido Popular salió trasquilado del no al RDL 9 de 2024, voto en contra aquel que no fue bien recibido por la patronal en general, y, particularmente, por las poderosas patronales del sector automovilístico y de las electrointensivas (Arcelor Mittal, Acerinox, Alcoa, Air Liquide, Carburos Metálicos, etcétera). Así que ahora PP y Vox se encuentran en la misma situación: hacer oposición frontal a toda iniciativa del Gobierno (con el no por bandera) o transigir con una norma que ha sido bien recibida por todas las patronales de los sectores eléctrico e industrial nacional.
En esa partida, entra Podemos con su presión. Anuncia que votará en contra porque ese RDL "no impone ni una sola sanción al oligopolio eléctrico por las responsabilidades derivadas del apagón del 28 de abril" (lo cual por otra parte es cierto: no hay atisbo de sanción alguna) y mantiene así muy alto su perfil beligerante con un Gobierno que "protege al oligopolio" ocultando información en su informe sobre el apagón, y que lo protege también no incluyendo en el RDL en cuestión obligaciones para que las eléctricas asuman "los costes de su responsabilidad por el apagón".
Y, así, el Partido Popular se va a ver obligado a abstenerse, so pena de condena patronal.
Así ha explicado esta mañana la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, el no de su formación en el programa de Televisión Española La Hora de la 1, en entrevista realizada por Marc Sala.
«La primera mentira del Gobierno sobre este real decreto es que este RD no va sobre prevenir apagones. No impone ni una sola sanción al oligopolio eléctrico, por las responsabilidades derivadas del apagón del 28 de abril, y no solo no impone sanciones sino que además no impone ninguna obligación a ese oligopolio eléctrico para que algo así no se vuelva a producir. Por lo tanto, es un RD que no tiene nada que ver con prevenir apagones.
Ya está bien de un Gobierno que todo el rato busca el titular, busca medidas de maquillaje, que no sirven para nada de lo importante. Para eso no se puede contar con los votos de Podemos. Con los votos de Podemos se puede contar para frenar al oligopolio eléctrico, para que se responsabilicen de lo que pasó el 28 de abril. Según lo que dicen los expertos y según ratificó el propio informe del Gobierno lo que vimos el 28 de abril es que las energías de respaldo que tenían que haber estado disponibles por parte del oligopolio eléctrico no estuvieron disponibles cuando hubo una caída de tensión y por tanto se produjo ese apagón que podría haber tenido consecuencias aún más graves de las que tuvo. Por lo tanto ponerle obligaciones al oligopolio eléctrico y ponerle sanciones es imprescindible para que no volvamos a ver lo mismo.
¿Cómo será la cosa que en el propio informe de evaluación del Gobierno se tacha la central térmica que tenía que haber estado abierta, y que sabemos por filtraciones de la prensa que es la de San Roque, propiedad de Naturgy, en Cádiz, que el propio Gobierno protege al oligopolio y se niega a dar el nombre para que la gente no sepa y no entienda qué paso? Por ahí no vamos a pasar. Es fundamental atar en corto al oligopolio, que el año pasado ganó 7.700 millones de euros de beneficio, que asuma los costes de su responsabilidad por el apagón y que de una vez por todas empecemos a democratizar el sistema energético en España, que en este momento está en muy pocas manos, y que además a través de la transición ecológica que está financiando este Gobierno está quedando también en muy pocas manos toda la producción de energías renovables. También en esas grandes empresas energéticas que a pesar de ser las grandes responsables de la emergencia climática, la más contaminantes, se han beneficiado de los fondos europeos»
El Congreso de los Diputados convalida hoy (o no) el decreto antiapagones.
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