La presentación de la Propuesta de planificación de la red 2026-2030 ha corrido a cargo de la vicepresidenta Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (que ha expuesto, además, las claves del Proyecto de real decreto -RD- por el que se regulan los "planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica", RD ligado a la Propuesta de planificación) y del secretario de Estado de Energía, Joan Groizard. El marco en el que se inscribe este plan gubernamental quinquenal es extraordinario, en tanto en cuanto nunca como ahora atrajo tanto interés (por parte de inversores e industriales tanto nacionales como internacionales) la red eléctrica nacional. Los motivos son varios: la estabilidad político-económica del país; la madurez de una red que (apagones excepcionales aparte) sigue siendo ejemplo en toda Europa; y el precio del megavatio hora renovable (no hay país en todo el continente que ofrezca una electricidad limpia tan barata como España, lo que lógicamente resulta muy apetitoso para muchas industrias y centros de datos que están buscando ahora mismo expansión).
Sara Aagesen: vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: «somos un país extraordinariamente atractivo a las inversiones. Han llegado y siguen llegando muchos proyectos. Desde 2018, llevamos ya siete años con unos resultados globales a nivel económico... lideramos el crecimiento de la zona euro, reducimos las emisiones, generamos empleo, hemos alcanzado esos 22 millones de ocupados en el segundo semestre.
Y es verdad que estos datos efectivamente son globales, pero esa transición energética tiene mucho que ver con esos datos. La potencia instalada renovable ha crecido casi un 146%. En lo que llevamos de año ya estamos en el 57-58% de generación renovable. Los precios de la electricidad son más competitivos que los que hay en nuestros países vecinos.
En los seis últimos años hemos visto que España sigue siendo el segundo país destino del mundo en inversión extranjera en proyectos greenfield de energías renovables. Estos son años en los que España, insisto, se ha convertido en un gran atractivo de la inversión global; años, además, donde hemos vivido situaciones extraordinariamente complejas.
Por eso me gusta emplear esa expresión que cada vez se utiliza más: atractivo resiliente. Resiliente a las circunstancias geopolíticas, al contexto complejo. A principios de este año el ICEX publicaba datos sobre inversión extranjera, y decía que 9 de cada 10 compañías, el 89% de las compañías instaladas en España, querían incrementar o mantener sus inversiones en nuestro país.
En definitiva, España vive hoy una realidad muy distinta a la que tenía hace tan solo siete años, una realidad distinta a la que se vivía en el año 2018, una realidad impulsada por una palanca transformadora que se llama Transición Energética»
España -han explicado Aagesen y Groizard- tiene unas redes eléctricas "con unos indicadores de calidad por encima de la media de los países de nuestro entorno y con una sobresaliente capacidad de integración de renovables, a la vez que contiene el coste de las infraestructuras para los consumidores".
Y, en los últimos años ha acaparado el interés del tejido económico, por el bajo precio de la electricidad que proporcionan las renovables. Desde 2020 -ha concretado Groizard- se han otorgado derechos de acceso a las redes para proyectos de demanda de energía –industria, vivienda, centros de datos, vehículos eléctricos…– que suman más de 43 GW.
Ese guarismo, formidable, solo se entiende en toda su magnitud por comparación: el año pasado, la demanda máxima nacional española no alcanzó los 38,5 GW. Es decir, que, en los últimos cinco años, el operador ha dado luz verde al acceso a la red al equivalente (algo más) de otra España entera, 43 GW que el Gobierno espera vayan conectándose paulatinamente en los próximos meses y años, convirtiéndose en nuevos demandantes de electricidad que necesitan para sus procesos industriales.
Joan Groizard, secretario de Estado de Energía: «esta no es la foto de un país estrangulado, de un país ahogado, de un país que no crece. Esta es una foto de 43.000 megavatios de oportunidades para el país. Todos estos proyectos tienen ya vía libre en el sistema eléctrico para empezar a consumir mañana. Vía libre a efectos del sistema eléctrico. Tienen que desarrollarse, tienen que construirse, tienen que construir sus modelos de negocio y, obviamente, cada uno de estos proyectos estará en un estado de madurez distinto. ¿Se van a construir todos estos proyectos? Tenemos que dar por hecho de buena fe que el promotor que propone un proyecto y lo empieza a tramitar tiene intención de culminarlo. A la Administración lo que nos toca es poner las herramientas para que la red eléctrica vaya orientada a aquellos proyectos que sí tienen intención de culminar, evitar el acaparamiento de las redes eléctricas»
Vicepresidenta Aagesen: «entre el año 2020 y el año 2024 se han concedido 43 gigavatios de nueva demanda en las redes de transporte y de distribución en nuestro país. Más de 12 gigavatios en centros de datos (...). A veces los números hay que ponerlos en contexto. Y el contexto en este caso es que expertos, distintos analistas, proyectaban que España en el año 2030 tendría entre 2 y 3 gigas de nueva demanda para centros de datos. Eso es lo que decían los analistas. Pero es que, además, asociaciones sectoriales, una asociación sectorial, hizo una publicación reciente donde el escenario más favorable que estimaba para los centros de datos eran 4 gigavatios de potencia en el año 2030. Cuatro... Doce. Doce con acceso concedido a día de hoy»
Las anteriores planificaciones de electricidad -han explicado desde el Ministerio- se centraron en atender las peticiones de acceso para generación, es decir, que quienes estaban interesados en conectarse eran los "productores" de electricidad (parques eólicos, solares, etcétera, hasta el punto de que estos representaban el 67% de las peticiones de conexión).
Ahora sin embargo, las peticiones de acceso a la red (el gran grueso) las hacen los "consumidores" de electricidad. Antes el crecimiento de la demanda era vegetativo, muy escaso en el sector residencial, y solo alimentado por la red ferroviaria; ahora sin embargo la demanda gana (41% de las solicitudes recibidas, más de 7.000), y la generación va en segundo lugar (40%). Cierra el podio el almacenamiento, con el 19%.
Según el Ministerio, el número de peticiones (de demandantes) se ha quintuplicado, y además los consumos son de mayor tamaño y más heterogéneos.
La Propuesta de planificación que ha alumbrado el Gobierno plantea atender 27,7 GW desde la red de transporte, lo que implica multiplicar por 14 los dos gigavatios (2 GW) de la vigente Planificación con horizonte 2026 (este fuerte crecimiento también se produce en la red de distribución, con 5,3 GW).
La red de transporte va a atender
● Nueve gigavatios (9 GW) para proyectos industriales.
● 1,8 GW para desarrollos residenciales y nuevas viviendas.
● 560 MW para electrificación ferroviaria.
● 1,2 GW para electrificación portuaria, que permitan prácticas como abastecer las necesidades de las embarcaciones desde tierra.
● 13,1 GW para producción de hidrógeno verde.
● 3,8 GW para centros de procesamiento de datos.
Peticiones de acceso a generación
En el caso de la generación, las peticiones de nuevas instalaciones renovables (nuevos parques eólicos o solares) están alineadas, según el Ministerio, con los objetivos establecidos para 2030, "lo que muestra que se mantiene el atractivo del país en este ámbito".
Según los datos del Ministerio, hay peticiones por 60 GW de nueva eólica (el doble de lo previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima -Pniec- 2023-2030), otros 150 GW de fotovoltaica (cinco veces más que en el Pniec) y más de 100 GW de almacenamiento, que multiplican por nueve las previsiones Pniec.
La Propuesta que ahora lanza el Gobierno plantea actuaciones de mejora en el 21% de la red y nuevos ejes para cohesionar y vertebrar más el territorio, con especial incidencia en zonas rurales.
Estos refuerzos, aseguran desde el Ministerio por otro lado, facilitarán la integración de las renovables y el almacenamiento previsto (incluidos 6,6 GW de hidroeléctrica reversible), limitando los vertidos esperados al final de la década al 3,3%.
El escenario de la Propuesta prevé una inversión de 13.590 millones, muy superior a la vigente Planificación 2021-2026, cuya inversión asciende a 8.203 millones, incluyendo las dos modificaciones puntuales que ha experimentado.
El discurso del Ministerio
«Para alcanzar ese ritmo de electrificación de la economía es necesario reforzar la regulación vigente para incrementar el volumen máximo de inversión en las redes de transporte y distribución con cargo al sistema eléctrico, pero manteniendo la protección de los consumidores. Así, se ha iniciado la audiencia pública de un Proyecto de real decreto que promueve el aprovechamiento de las redes existentes –incentiva la incorporación a la red de infraestructuras de evacuación o de consumo que suministren a más de un consumidor–, y promueve el uso de tecnologías inteligentes, todo ello estableciendo un sistema de seguimiento de la correcta ejecución de las inversiones.
Atendiendo a este incremento, hasta 2030 se prevé un aumento de la inversión en redes de 3.600 millones para las redes de transporte y un aumento de la inversión de 7.700 millones para distribución, por encima de los niveles del 0,065% y 0,13% respecto al PIB que se proyecta para los próximos años. A ello hay que sumar las inversiones en interconexiones internacionales, no sujetas a los límites de inversión, así como inversiones financiadas con fondos europeos»
En el caso de la red de distribución, el destino de este volumen de inversión adicional está condicionado -explican desde el Ministerio- a que se destine a mejorar la red, a cubrir nuevas necesidades de consumo –contribuyendo a compartir y compensar el coste del despliegue de infraestructuras en las facturas de los consumidores–, y a proteger la avifauna contra colisión y electrocución.
Con más detalle
● Al menos el 10% debe mejorar el control de tensión e incorporar telemando y telecontrol, con la finalidad de aumentar la visibilidad y la transparencia de datos, entre otras ventajas.
● Un máximo del 15% podrá ser para inversiones anticipatorias, entendidas como aquellas a ejecutar durante los tres años siguientes en zonas sin red donde se prevea una dinamización de las demandas y la atracción de industria.
● Hasta un 5% en adaptar las redes existentes para proteger la avifauna, ya que las nuevas se diseñan y construyen con criterios de protección.
● Inversiones necesarias para satisfacer demandas de industrias extractivas o manufactureras, demandas residenciales y descarbonizar la movilidad.
● En el caso de las redes de transporte, el Proyecto incluye una disposición para que las nuevas posiciones de las subestaciones puedan asignarse a cubrir necesidades concretas de determinados consumidores, como la red ferroviaria o la industria.
Las distribuidoras, más controladas
La propuesta incrementa la transparencia y el control del proceso de inversión de las compañías distribuidoras, reduciendo la incertidumbre sobre la ejecución de las infraestructuras. De esta manera, introduce la obligación de someter sus planes de inversión a consulta previa y establece la publicación de los planes aprobados. También prevé un sistema de control anual del cumplimiento de dichos planes, "así como penalizaciones, para asegurar que las inversiones se ajustan a lo previsto".
Por ejemplo, las empresas perderán un 25% del volumen de inversión incremental –adicional al cubierto por el límite del PIB– si durante los dos años previos a la entrada en vigor de este Real Decreto no hubieran alcanzado el 80% de sus límites particulares de inversión; perderán el 10% si han invertido por debajo del 75% de la inversión aprobada en los tres años previos; y lo perderán totalmente si no presentan su informe anual de cumplimiento o si durante dos años consecutivos no han hecho uso del volumen de inversión incremental asignado.
Aunque las distribuidoras llevan mucho tiempo quejándose de los límites a la inversión, el Gobierno ha recordado en ese sentido que "la información disponible sobre las inversiones acometidas en los últimos años pone de manifiesto que no se están agotando los límites máximos de inversión habilitados por el marco normativo en vigor, ni en transporte ni en distribución".
Factura
La distribución de electricidad es un negocio regulado. Es el Gobierno el que determina cuánto se le ha de pagar a las distribuidoras (Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y compañía). El Gobierno determina esa cuantía cada año, y la cantidad en cuestión, que se embolsan las susodichas Iberdrola, Endesa, Naturgy y compañía, es costeada entre todos los usuarios de electricidad, cada uno de los cuales, en función de unos criterios determinados, paga lo que le corresponde.
Hablamos de una factura de más de 5.000 millones de euros al año, que esa es la cantidad (más de 5.000 millones de euros año) que el Gobierno ha considerado adecuada en todos estos últimos años para retribuir a las distribuidoras, que son propietarias de sus redes, redes por las que circula la electricidad. Esa es la radiografía general.
Y el fotograma de hoy es el siguiente: ahora mismo hay mucho interés (mucha nueva industria, mucha electrolinera, mucho centro de datos) con ganas de conectarse a la red eléctrica nacional. Porque la revolución renovable de estos últimos años ha abaratado mucho la electricidad y una industria multinacional puede negociar con un parque eólico o solar de Guadalajara, Ciudad Real, Zamora, Soria o Badajoz un contrato de suministro de electricidad a un buen precio, un precio mucho más bajo que el que le ofrecería a esa multinacional un parque eólico o solar de Finlandia, Escocia o Francia, donde los contratos eólicos y solares son más caros.
Pues bien, en ese marco, el Ministerio explica que la Propuesta de planificación 26-30 y el Proyecto de real decreto (para fijar límites a la inversión y que no se dispare la factura, pues al final quien costea esas inversiones es el usuario final) tratan de impulsar el despliegue de las infraestructuras, pero de modo "que se mantenga el equilibrio entre el crecimiento de la red y el incremento de la demanda, con el objetivo de minimizar la incidencia en la factura y seguir atrayendo proyectos y tejido productivo". Todo ello -señalan desde el Ministerio-, unido a la mayor penetración de renovables, reducirá los precios de la energía y contribuirá a mantener el atractivo inversor de España.
Transición Ecológica también alude a otros efectos colaterales. Al efecto positivo directo de la inversión en redes en el ámbito eléctrico -sostienen en el Ministerio-, se añaden los efectos dinamizadores sobre el tejido productivo y el empleo en general. "Algunos estudios calculan que cada millón de euros invertido en redes tiene un efecto multiplicador de 1,27 millones sobre el Valor Añadido Bruto y un efecto multiplicador de 20 en la creación de empleo, de modo que el efecto del proyecto regulatorio será beneficioso para el conjunto de la economía".
Los interesados pueden presentar sus alegaciones al Proyecto de real decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica hasta el 6 de octubre, en el cuestionario al que puede accederse aquí.
Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica
Memoria del análisis de impacto normativo del proyecto de real decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica
Audiencia e información pública del proyecto de Real Decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica (plazo para presentar alegaciones: hasta el 06 de octubre)
Evento de presentación de la Planificación 2026-2030 (video)
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