¿Debe gravar el Gobierno a las energéticas con un impuesto del 1,2%?

“El oligopolio eléctrico -ha dicho Uralde- hizo presión y chantaje al anterior gobierno de coalición de múltiples formas, intentando torpedear la ley de cambio climático, o el propio impuesto a las energéticas. En esos casos -ha añadido-, logramos huir de esas presiones y sacar adelante ambas medidas, pero, en otros, el PSOE se dejó influenciar y quedaron por el camino medidas como la puesta en marcha del Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico”, ideado por el anterior Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos para que determinados agentes del sector (entre otros, los operadores de productos petrolíferos o de gases licuados de petróleo al por mayor) financiaran las ayudas a las energías renovables. La idea era que los agentes que contaminan (los citados, en tanto en cuanto operan con combustibles fósiles emisores de gases de efecto invernadero) financiaran las soluciones de cambio climático, como las energías renovables. La propuesta alcanzó el status quo de proyecto de ley, pero nunca superó ese estadio.

El coordinador de Alianza Verde, partido integrado en la coalición Unidas Podemos, recuerda por otro lado que en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar, protagonistas ahora del nuevo Gobierno de coalición, se recoge “revisar los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar”. Es decir -apunta Uralde-, en ningún caso se plantea el suprimirlos. Por ello, el coordinador del partido ecologista Alianza Verde pide al nuevo Gobierno que aclare si las declaraciones de Teresa Ribera son compatibles con lo expresado en el acuerdo de gobierno, e insta al Ejecutivo, "en todo caso, que no ceda a la presión del oligopolio eléctrico".

Juantxo López de Uralde, coordinador de Alianza Verde: “Repsol ganó 2.785 millones de euros sólo hasta septiembre, uno de los beneficios más elevados de su historia. Iberdrola ha alcanzado un beneficio neto de 3.640 millones de euros en los nueve primeros meses de 2023, lo que supone un crecimiento del 17% frente al mismo periodo anterior (...). Por mucho que digan lo contrario, es evidente que estamos ante beneficios extraordinarios, incluso con la aplicación del impuesto que tanto rechazan”

El impuesto especial a las compañías eléctricas fue anunciado por el presidente Pedro Sánchez en julio de 2022 e instituido por el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos en noviembre de ese año. El impuesto en cuestion grava un 1,2% la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares.

Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales para el sector energético

«El importe de la prestación a satisfacer por cada obligado al pago será el resultado de aplicar el porcentaje del 1,2 por ciento a su importe neto de la cifra de negocios derivado de la actividad que desarrolle en España del año natural anterior al del nacimiento de la obligación de pago que figure en su cuenta de pérdidas y ganancias, determinado de acuerdo con lo dispuesto en la normativa contable que sea de aplicación. El importe de la prestación será minorado por la cuantía del pago anticipado que se hubiera ingresado»

«Se excluirán del importe neto de la cifra de negocios los ingresos correspondientes al Impuesto sobre Hidrocarburos, el Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles Derivados del Petróleo y los Gravámenes Complementarios a Carburantes y Combustibles Petrolíferos de Ceuta y Melilla, que se hayan pagado o soportado vía repercusión»

El acuerdo PSOE-Sumar recoge ese impuesto. Dice que será revisado (página 38) con el objetivo de readaptarlo y mantenerlo. En estos términos

«Revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual,.para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar»

Algunas compañías, como Repsol, han criticado con dureza el impuesto, hasta el punto de amenazar con llevarse sus inversiones a otros países. La petrolera lo hizo antes incluso de que se formara el nuevo gobierno. Y aunque sus beneficios 2022 han sido históricos. A saber: ¿beneficio neto en ese curso? 4.251 millones de euros (sobre el particular léase Las 6 eléctricas que más contaminan en España obtuvieron el año pasado más de 14.000 millones de euros de beneficio, pieza que publicamos el pasado mes 30 de abril y en la que también recogemos los 4.339 millones de euros de beneficio neto registrado por Iberdrola en el mismo ejercicio, 2022, o los más de 2.500 millones de euros de Endesa). Iberdrola ha registrado ingresos en 2022 por valor de 53.950 millones de euros, mientras que Endesa ha declarado 32.896 millones de euros en ingresos en el mismo curso, por poner dos ejemplos.

Del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico
El Gobierno anunció en diciembre de 2020 la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Ese fondo, del que habrán de salir las ayudas (coloquialmente conocidas como primas) a las energías renovables (unos 5.500 millones de euros que ahora salen de la factura que pagamos todos los consumidores de electricidad), lo financiarán, según el anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno, las comercializadoras de gas y de electricidad; los operadores de productos petrolíferos al por mayor; los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor; y los consumidores directos (al por mayor) de los productos anteriores. Además, podrá complementarse con recursos provenientes de fondos comunitarios y otras partidas consignadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El Fondo plantea pues el reparto de los costes de las renovables (y también de la cogeneración y los residuos) entre todas las fuentes de energía. Esto supone repartir el esfuerzo realizado para descarbonizar nuestra economía (descarbonizarla mediante renovables) entre todos los agentes que consumen energía para sus procesos o para su vida diaria y, a su vez, da un empuje a la electrificación, que es una de las vías más rápidas de descarbonización de la economía (y por ende de lucha contra el cambio climático). Ese ese el argumento troncal con el que fue presentado el Fondo en cuestión.

Cronología
El caso es que el anteproyecto de ley es abierto a discusión del resto de fuerzas parlamentarias, actores públicos y privados y la sociedad en general en diciembre de 2020. El Consejo de Ministros aprueba en junio de 2021 el Proyecto de Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico "con un cuádruple objetivo: dar las señales adecuadas para la electrificación de la economía, asegurar la sostenibilidad del sistema eléctrico, aportar certidumbre a las inversiones para la transición energética y conseguir reducir la factura para hogares y empresas".

Según ese proyecto, el Fondo, que preveía un calendario de implantación gradual de cinco años, permitiría financiar y redistribuir entre todos los vectores energéticos los costes fijos de las políticas de fomento de las renovables, cogeneración de alta eficiencia y valorización energética de los residuos (ReCoRe, renovables, cogeneración y residuos), un coste que hasta el momento solo estaba asociado al sector eléctrico. De esta manera -argumentaba el Gobierno-, "el proyecto pretende avanzar en los objetivos de descarbonización de la manera más eficaz y eficiente posible".